Con amparo, echan abajo decreto de Peña Nieto que retiraba protección a ríos Actopan y La Antigua
noviembre 18, 2020 | Norma Trujillo Báez

Tras el amparo otorgado a favor de diversas personas pertenecientes a comunidades de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua en contra del "Decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua", no se pueden otorgar concesiones para megaproyectos a las empresas, no podrán disponer del agua para hidroeléctricas ni para cualquier otro uso, sostuvo Ximena Romero, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

25 habitantes de los municipios que abarcan las cuencas de La Antigua y Actopan promovieron un amparo ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, en contra el decreto del 6 de junio de 2018, en el que Enrique Peña Nieto levantó las vedas de 300 cuencas del país, entre ellas, La Antigua y Actopan.

Por el momento, la abogada señaló que con el amparo se queda sin efecto el decreto y los lineamientos que ordenan que esos volúmenes de agua que fueron liberados se consideren dentro del programa nacional hídrico y lo que implica es que regresan las vedas y no se pueden otorgar grandes concesiones para megaproyectos.

Muchas de las preocupaciones que tenían las comunidades eran que Nestlé, las mineras y las hidroeléctricas pudieran pedir las concesiones de agua y se quedaran las comunidades sin agua, dijo Ximena Romero, además también hay una gran inconformidad de las comunidades de cómo se llevó a cabo este decreto, cómo se llevó a cabo este proceso sin que hubiera una consulta, sin que se tomaran en cuenta muestras específicas de la calidad del agua, sobre las características ambientales y sociales de las cuencas, mucha gente depende de estas cuencas y no se tomó en cuenta a estas comunidades y se levantó las vedas con unos estudios no son oportunos, son de hace 7 años y además por la motivación por la cual se levantan las vedas por una sesión que se llevó a cabo con el Consejo de Cuenca, no había una motivación real para garantizar el derecho humano al agua a las comunidades.

El amparo fue interpuesto por habitantes de las comunidades respaldados por organizaciones de la sociedad civil, pero ahora piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconocer sus derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano, así como sus derechos de acceso a la información y de participación, respecto de los Decretos que suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, y, en consecuencia, dejar de litigar en contra de dichas comunidades.

Ello porque la Semarnat interpuso un recurso revisión al amparo y se va al Tribunal Colegiado, "pero vamos a seguir peleando porque la sentencia se confirme y vamos a presentar un recurso de adhesión adhesivo, tratando de apoyar la sentencia del juez y buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este caso por la importancia y trascendencia de este asunto", comentó la abogada.

Cemda, Lavida, Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres (Pucarl), Vida Ac, Pueblos de Veracruz y Agua para Todos en un comunicado señalan que el amparo suspenden el "Decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas", así como de los "Lineamientos para incluir volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales en los 10 decretos de reserva de aguas, publicados el 6 de junio de 2018 a través de la Programación Hídrica".

Y en la sentencia, el Juzgado declaró inconstitucionales tales actos debido a que en el proceso de discusión y aprobación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no garantizaron los derechos de acceso a la información pública y a la participación en asuntos públicos en relación con los derechos al agua y a un medio ambiente sano, en especial de las personas que pudieran ser afectadas con tal medida.

Destaca de la sentencia, que el Juez reconoce el interés legítimo de las quejosas como comunidad equiparable a pueblos indígenas, basándose en el peritaje oficial en antropología, por su especial relación con el medio ambiente y los ríos, de los cuales dependen cultural y económicamente. Además, analiza de forma detallada cómo los actos reclamados pondrían en riesgo la cantidad y la calidad de las aguas de las que dependen estas comunidades, y cómo la necesidad de aplicar los principios ambientales de precaución e in dubio pro natura, para resolver a favor del medio ambiente y proteger a la naturaleza del posible daño. Finalmente, analiza cómo la supresión de vedas se llevó a cabo sin la justificación necesaria, transgrediendo el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, así como sin los estudios adecuados y oportunos en términos de lo ordenado por la Ley de Aguas Nacionales.

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