Política

El cambio, a distintas velocidades

noviembre 15, 2020

La velocidad que al proceso de transformación del país imprime el lopezobradorismo está rebasando no solo a modelos organizacionales sociales y políticos tradicionales, sino que también está dejando atrás a gobiernos municipales y estatales, fenómeno que particularmente se hace notorio en las administraciones gubernamentales opositoras que plantean una especie de ruptura del pacto federal, sin mayor argumentación que demandar mayores recursos para supuestamente atender las necesidades de sus pobladores, cuando en realidad responden a intereses políticos y de conformación de un bloque político y económico que pugna por regresar al modelo neoliberal que empobreció a millones de familias mexicanas, saqueó al país y propició las condiciones de inseguridad que hoy se padecen en muchas regiones.

Al mismo tiempo, la remoción de viejos esquemas de control del erario y disposición discrecional del dinero público en contubernios entre funcionarios y empresarios rapaces desveló dichos mecanismos –como los puestos en operación por Odebrecht– y que ahora pueden acelerar la detención del ex presidente Peña Nieto y funcionarios cercanos que facilitaron el desmantelamiento del control estatal sobre recursos naturales estratégicos como petróleo y generación de electricidad.

Pero más allá de la naturaleza demagógica y oportunista del reclamo –pues bien lo pudieron plantear durante la pasada administración federal, sin embargo, lo hacen ahora para sustituir a la oposición electoral que quedó devastada y prácticamente inexistente desde los pasados comicios–, lo que se alcanza a ver es una segunda intención de los gobernadores, la mayoría salientes de sus cargos, para allegarse recursos y ponerlos en el juego electoral sucesorio. Es decir, se trata de coletazos agónicos de un viejo régimen en decadencia pero muy poderoso aún, pues cuenta con multiplicidad de recursos que plantan de cara al proceso de cambio que vive la nación. En ese modelo se insertan muchos de los negocios disfrazados de políticas públicas organizados durante los sexenios de Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto, en particular con el poderosamente corruptor consorcio brasileño, que signó con el gobierno mexicano, entre otros, contratos como el de Braskem-Idesa, filial de Odebrecht –firmado en el sexenio del panista– para abastecer de gas a la planta Etileno XXI, que será cancelado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador luego que se dejó de pagar al consorcio de Odebrecht por las desventajosas condiciones.

El Presidente explicó que se les vendía gas de Pemex a precio más bajo que en el mercado, no se les cobraba el transporte y si no había gas, como sucedió, la empresa debía importarlo para entregárselo; si no cumplía estaba obligada a pagarles una multa. "Hicimos la cuenta y tenían una ventaja a favor de la empresa de más de 15 mil millones de pesos; se les permitió cobrar el IVA sobre lo que iban invirtiendo en la construcción de la planta; se les dio crédito en la banca de desarrollo y lo pagaron con la devolución del IVA". Por lo pronto, los concesionarios se niegan a un arreglo, por lo que el gobierno federal decidió cancelarles la concesión.

En la conurbación Veracruz-Boca del Río, otro remanente de Odebrecht, enquistada en el Grupo MAS que administra el agua potable y la disposición de aguas residuales, funciona de una manera similar, con esquemas absolutamente desfavorables para los intereses de la población y el erario que fueron aprobados por políticos priístas y panistas, sin embargo, los actuales gobiernos de Acción Nacional prefieren dejar las cosas como se encuentran, por lo que el control de la distribución y administración del agua potable estará en manos de la trasnacional por los próximos 30 años. Este es otro ejemplo de cómo la transformación del país avanza de manera desigual.