Política

Otra de impunidades e incompetencias

octubre 30, 2020

Ni el gobierno municipal de Xalapa ni el gobierno del estado han dicho mayor cosa respecto a las muertes recientes ocurridas en los separos policiacos del Cuartel de San José en la capital.

En mayo pasado fue detenido un joven por supuestamente escandalizar a las afueras de su casa. Fue llevado a las mencionadas instalaciones policiales un sábado por la noche. Al día siguiente, la Policía reportó que había muerto por la noche de un paro cardiaco. La familia del detenido contradijo la versión oficial, y asegura que no tenía ningún problema cardiaco.

Esta semana, otro hombre joven fue detenido acusado de intento de extorsión, murió en el mismo cuartel de la Policía Estatal en Xalapa horas después de que fue detenido.

Si eventualmente las autoridades han ofrecido una explicación, ésta pasó inadvertida.

En cualquier caso, hayan sido explicadas o por las autoridades dichas muertes, está absolutamente claro que el personal policiaco sigue con las mismas prácticas que con los gobiernos panistas o priístas. Es un mal sistémico y como tal debe ser atendido.

Pero ni la autoridad estatal ni la local parecen tener claridad en cómo incidir en un problema sumamente complejo por las distorsiones que han hecho de las policías.

No debe ser sencillo. Las malformaciones institucionales de las policías en el país tienen siglos. Desde la Colonia. Pero la historia es apenas una explicación para el absurdo, y no, ni remotamente, una justificación para la incompetencia. Mucho menos cuando ambas administraciones derivan del hartazgo de los gobernados por la pesadilla continuada del prianismo neoliberal.

No debe pasar más tiempo sin que la autoridad municipal y la estatal expliquen y tomen medidas concretas, visibles y verificables para corregir el terror y la incertidumbre que inspiran las autoridades policiales en los gobernados.

Dos muertes de personas jóvenes en un mismo cuartel en menos de cuatro meses. ¿De qué otras torturas y abusos policiales no se han enterado los gobernados por la afortunada razón de que no han muerto?

No puede haber tolerancia ni desidia gubernamental en este tema. Pero la hay, y eso es completamente inaceptable, porque no fue por eso que la ciudadanía los eligió como gobernantes.

Están obligados a compensar a las familias de las víctimas con justicia y con prontitud. Ninguna de las dos cosas parece estar en las agendas gubernamentales por la simple razón de que no han ofrecido ninguna explicación a los familiares ni a la sociedad y nadie sabe si se han tomado medidas contra los perpetradores o los responsables de las vidas de los detenidos.

Solo falta que se quiera convencer a la sociedad de que no los hay.