Política

Exigen ONG suspender pago de la deuda pública

octubre 27, 2020

Falta de recursos para la población "puede derivar en hambre y mayor inseguridad"

Un grupo de ciudadanos y organizaciones sociales de Veracruz y del país promueven la formación de la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, porque señalaron que es indispensable contar con los recursos económicos que hoy se van en el pago del servicio de la deuda pública, para enfrentar las necesidades básicas de las familias mexicanas, la pérdida masiva de empleos y cierre de empresas, lo que puede derivar en hambre, mayor inseguridad e ingobernabilidad.

Del estado de Veracruz participan de la Promotora por la defensa de Pemex, campesinos de Plan de Ayala, la Cioac, Fosver, junto a organizaciones, empresarios, investigadores, académicos del país, que pretenden lograr una fuerte corriente de opinión pública a favor de la suspensión del pago de la deuda pública.

Por ello, iniciaron una campaña de información y cabildeo, impulsada por la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, "con la finalidad de liberar al país de la pesada carga de una deuda inmoral e ilegítima y obtener recursos para atender la emergencia económica y de salud generada por la crisis económica profundizada por la pandemia covid-19.".

En conferencia de prensa señalaron que la deuda pública neta total, medida por el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el cual incluye toda la deuda pública interna y externa, más el IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario que sustituye al Fobaproa), el rescate carretero y los PIDIREGAS (Proyectos de Inversión de Infraestructura con Registro Diferido en el Gasto Público), aumentará de 10.5 billones de pesos (millones de millones) en diciembre de 2018, a 12.6 billones de pesos en diciembre de 2020 (según cifras de la SHCP), lo cual equivale a un incremento de 20% por ciento.

Si agregamos que –aseguran– si el endeudamiento que se propone como límite en el Proyecto de Presupuesto para 2021 la deuda pública total aumentará hasta los 13.4 billones de pesos, un aumento del 27% desde 2018. La caída de la producción nacional, al depreciarse el peso, provoca que la deuda pública externa, expresada en dólares, crezca. La producción nacional, registrada en el producto interno bruto (PIB) se desplomó en 18.9% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, y la paridad peso-dólar pasó de 18.80 a 22 pesos por dólar. En el primer semestre de 2020 la deuda pública aumentó en 7.3 puntos del PIB, al pasar de 44.8% en diciembre de 2019 a 52.1% en junio de 2020. Pero según las estimaciones de la SHCP en los Criterios Económicos para 2021, en diciembre de 2020 la deuda pública total con respecto al PIB ascenderá al 54.7%, un incremento de casi 10 puntos del PIB en un año, cifra no vista en los tres últimos sexenios.

Este aumento de la deuda pública de 10 puntos del PIB en 2020 implicará que el costo financiero de la deuda (lo que se paga cada año por intereses, comisiones y gastos) también se mantenga en altos niveles. El costo financiero de la deuda pública ya supera al gasto en inversión pública y se acerca a la suma del gasto en subsidios y transferencias y el costo financiero de la deuda interna es más del doble que el costo de la deuda externa porque los gobiernos neoliberales a raíz de la crisis de 1995 apostaron más al endeudamiento interno que a la deuda externa para supuestamente no incurrir en crisis.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021 el costo financiero de la deuda pública asciende a 723.9 mil millones de pesos. Sumando el costo financiero de tres años, 2019, 2020 y 2021, el total es de 2.1 billones de pesos, una cifra alta comparada con los 2.7 billones de pesos que gastó Peña Nieto, pero en seis años. Del año 2000 al 2021 habremos pagado por puros intereses de la deuda la cantidad de 7.8 billones de pesos que representan el 62% de la deuda pública total; pero la deuda no se reduce. El gasto presupuestado total para el próximo año crecerá en 3.1% pero la inflación esperada se estima en 3%, con lo que el gasto total del sector público en 2021 se mantendrá casi igual en términos reales que en 2020.

A pesar de la gravedad de la crisis económica y de los severos efectos sanitarios y sociales de la pandemia el presupuesto del gasto público no crece para 2021, pero el costo financiero de la deuda sigue sumamente elevado. Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 el costo financiero de la deuda pública supera con creces a los presupuestos de las secretarias de Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Bienestar o Defensa Nacional, pero también supera el presupuesto de los 19 programas sociales prioritarios (Pensiones para Adultos Mayores, Sembrando Vida, Becas a estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Precios de Garantía, Producción para el Bienestar, entre otros), y los 11 proyectos prioritarios del gobierno (Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Proyecto Interoceánico del Istmo, etc.) los cuales ascienden en total a 439.7 mil millones de pesos.

Empresarios con deuda de JDO se inscriben como víctimas

Empresarios SOS acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para entregar la recomendación 155/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el gobierno de Veracruz tras la deuda de 450 millones de pesos a un aproximado de 110 integrantes.

Uno de los miembros de SOS, Jesús Castañeda Nevárez, expresó que los empresarios no deberían de ser parte de la lista de víctimas qué hay en Veracruz por los daños que dejó la administración estatal del ex gobernador Javier Duarte.

Refirió que el inscribirse en el registro de víctimas de Veracruz es parte del trámite para que la actual administración estatal reconozca que les deben 450 millones de pesos.

"De acuerdo con lo que establece la ley de víctimas, lo que procede es que tenemos que venir a incorporarnos al registro estatal de víctimas y esto deriva a un registro nacional de víctimas, sé que es un término poco cómodo porque pareciera que nos andamos haciendo a las víctimas, sin embargo es un término legal y formal", explicó.

Castañeda Nevárez desconoció si el gobierno de Veracruz aceptó o no la recomendación emitida por la CEDH, pero en caso que se niegue a dar seguimiento a este trámite, lo que sigue es que Derechos Humanos citará al titular del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, a comparecer al congreso local.

"Creemos que esto no es necesario, y lo que si es necesario es que el gobierno de Veracruz, pague la deuda" que data desde el año 2014.