Política

Actuaría Consejo de la Judicatura en contra de magistrada presidenta

octubre 13, 2020

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) actuaría administrativa y legalmente contra la magistrada presidenta de ese organismo, Sofía Martínez Huerta, en caso de que no se presente a la sesión extraordinaria que fue convocada para este martes 13 de octubre.

El 7 de octubre, el consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo convocó a una reunión de trabajo para analizar diversos temas que van desde el manejo de 15 millones de pesos del Fondo Auxiliar, hasta el cambio de adscripción de los magistrados nombrados en el mes de julio por el Congreso local.

Según se ha señalado, la reunión sería uno de los últimos pasos para proceder administrativamente contra la magistrada presidenta Martínez Huerta, quien, señalan otros miembros del cuerpo colegiado, ha tomado decisiones a nombre del Consejo de la Judicatura y se ha negado a llevar un trabajo consensuado.

La catedrática, quien fue nombrada en diciembre del 2019 a propuesta del gobernador, ha sido criticada por el trabajo que ha realizado, incluso, por evitar iniciar una acción de inconstitucionalidad por el nombramiento y adscripción de seis nuevos magistrados.

Antes del nombramiento se sabía de la existencia de dos amparos que obligaban a reinstalar a igual número de magistrados que habían sido removidos por ser mayores de 70 años.

El martes 6 de octubre se reunieron los integrantes del Consejo de la Judicatura, pero la magistrada se negó a permanecer en la sesión de trabajo en la que se pidió grabar y transmitir por canales oficiales los acuerdos tomados.

Ante la salida de Martínez Huerta, el consejero Hernández Reducindo convocó a una reunión este martes a la que tendrá que asistir la también magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV); en caso de no hacerlo, se procederá administrativa y legalmente en su contra, por el incumplimiento de un deber legal.

El Código Penal establece en su artículo 319 que se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de 200 días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno.

A los servidores públicos que retarden u obstaculicen la prevención, investigación, sanción y reparación de los delitos contra la familia y violencia de género, mediando discriminación o que incurran en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión de estos delitos, se les impondrán de cinco a quince años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones hasta por el mismo tiempo.