Política

La miseria minera

octubre 13, 2020

Durante el fin de semana, la sociedad civil –especialmente los grupos y organizaciones sociales ocupados del medio ambiente– se manifestó y tomó la plaza pública para plantear su exigencia al gobierno veracruzano de cancelar las actividades de la minería tóxica en el territorio veracruzano.

Si bien es cierto que las concesiones mineras las otorga el gobierno federal, lo cierto es que las autoridades estatales no pueden ser indiferentes y pasivas ante la presencia de empresas extractivas extranjeras. Organizaciones civiles que tienen una larga trayectoria de oposición a las actividades de empresas mineras extranjeras, a las que se les concedió el permiso de extraer oro y plata por el método de lixiviación, altamente contaminante y destructivo.

Una integrante de la ONG Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental expuso claridosamente que el actual gobierno veracruzano no ha hecho nada al respecto.

La demanda no es nueva, la resistencia civil a la minería tóxica en el estado está presente desde el momento en que el gobierno de Felipe Calderón concesionó cientos de kilómetros cuadrados del territorio nacional a empresas extractivas extranjeras, especialmente canadienses, y dentro de esa cascada las concesiones en territorio veracruzano.

Desde el año 2011 La Jornada Veracruz ha cubierto y dado seguimiento a las empresas mineras canadienses y sus actividades en el estado.

Con indudable determinación las organizaciones ciudadanas exigen al gobierno estatal poner un alto de una buena vez y por todas a las actividades de tales empresas. Durante el calderonato se les daban permisos y concesiones con el peregrino argumento que darían empleo. Empleos precarios, por cierto. Los derechos que pagan las empresas para llevarse el oro nacional no son ni si quiera simbólicos, son llanamente ofensivos. Casi, punto menos, que pagamos para que se lleven el oro o cualquier otro metal precioso.

Lo cierto es que la demanda no es nueva ni menor. La minería tóxica es altamente destructiva y no reporta ningún beneficio para los mexicanos. Ninguno, porque el pago de derechos es menos que simbólico.

No parece prudente que el gobierno del estado navegue sobre el tema sin tomar ningún posicionamiento. No fue ese el compromiso que estableció con la sociedad veracruzana.

Si bien el asunto de las concesiones es un asunto federal, el gobierno del estado simplemente no debe relegar toda la responsabilidad a lo federal. Lo que la sociedad le ha exigido públicamente es, llanamente, definición clara y sin ambigüedades en el tema de la minería y sus implicaciones. Y sobre esa definición, actuar en consecuencia.