Política

Acotar corrupción e impunidad, imperdonable; mejor cero honestidad

octubre 01, 2020

Están muy encabritados los genuinos representantes de la corrupción e impunidad, al igual que sus achichincles y corifeos a su servicio- 650 periodistas, artistas, científicos, comunicadores de las televisoras, ex secretarios de salud y demás sabandijas- , y que no les queda más que arrugar el ceño porque no volverán aquellos tiempos en que, las fajas de billetes circulaban, o bien las grandes comilonas o viajes que a costas de la nación se hacían, en el avión presidencial con el nombre "el siervo de la nación", así es que, más les vale que se resignen, no a morir con dignidad, sino a seguir dando la cara para que la sociedad en general los identifique plenamente y se les valore en su exacta dimensión.

El gobierno de la nueva normalidad, no tan solo está venciendo la pandemia del coronavirus, sino también el de la corrupción e impunidad, otra peste que , aunada al abandono de la salud pública, de entrada, se le devuelve la dignidad al ejército y marina nacionales, para ubicarlos en el exacto servicio que deben de atender, como es a la nación mexicana, así, sin detonar una sola bala, el control de los puertos y las aduanas, llevan al gobierno a ejercer el control que se exige para extirpar las lacras del contrabando de drogas y tratas de personas y sobre todo, para terminar la las desapariciones forzadas y la violación a los derechos humanos, en la que, los ministros de la Corte tienen responsabilidad y deberían ser juzgados, al igual que los ex presidentes que han dejando en la desgracia al país.

Es un secreto a voces, que el estado mexicano ha sido condenado por tribunales internacionales –comisión Interamericana de derechos humanos y su corte de justicia, así como la Organización de las Naciones Unidas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la no existencia de acceso a la justicia- pronta, completa e imparcial- y todo porque, sus jueces, magistrados y ministros estaban al servicio de los intereses creados, habida cuenta que se ordenaba a las fuerzas de seguridad del país, bien federal, estatal o municipal a eliminar a quienes obstaculizaban el robo criminal tanto en hidrocarburos, como a los bienes de la nación, mediante actos de corrupción que han saqueado a la nación, en las complicidades más execrables de que se puede tener memoria.

Así, por ejemplo, se tiene el caso Rosendo Ranilla, las asesinadas de Juárez- caso algodonero- Tlatlaya, Acteal, Atenco, Aguas Blancas , pero sobre todo la argumentación del gobierno, integrado por el ejecutivo, legislativo y judicial, en el caso de Lydia Cacho que ante el ultraje del gobierno de Puebla y el rey de la mezclilla , - dale pa atrás papi, le diría a Gamboa Patrón, líder del senado- y al negársele justicia en su país, acude a la ONU y al no agotar los recursos internos, el estado mexicano pidió que no se atendiera el fondo, - argucia o chicana leguleya digna de la mayor perversidad, similar a la que pone el práctica el ministro Aguilar para afirmar que la consulta contiene un cúmulos de inconstitucionales porque se pide juzgar a los ex presidentes, negándole al pueblo su derecho a reclamar lo que la constitución consigna que tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno, es decir, en clásica dictatura judicial, se pretende menoscabar la voluntad ciudadana en una democracia participativa, sin embargo, su argumento deja en estado de indefensión, salvo que se acuda a una opinión consultiva ante los organismos internacionales, y que brille la justicia que en el interior del país se le niega.

La cuestión así resuelta por la ONU,- en el caso de Lydia Cacho- sienta el nefasto precedente que en nuestro país, el acceso a la justicia es negando de manera reiterada y que los órganos jurisdiccionales ,son sirvientes del poder ejecutivo, violador constante de los derechos , y siendo una excepción , el caso Ayotzinapa, por emblemático cuando los jueces y sobre los magistrados de Tribunal Colegiado de Tamaulipas, asestan un golpe brutal para que se castigue a todos los que participaron en ese crimen de 43 jóvenes , luego entonces, se verá desfilar- ante el respeto a los principios de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad de la detención-, por acción u omisión, a los procuradores Murillo Karan , Arly Gómez- ahora controladora interna de la Suprema corte, Cervantes, y Elías, que guardaron silencio cómplice .

Si el gobierno de López Obrador no quiere ser tapadera de nadie, como lo ha hecho público, y el camino para hacer justicia está en manos del fiscal Gertz Manero- autonomía e independencia plena- que ha sido claro al declarar que los gobiernos anteriores estaban preparados para el saqueo de las arcas nacionales y para violentar los derechos humanos y no siendo solo el caso de Ayotzinapa sino también la corte interamericana ya condenó al estado a que se castigue a las autoridades en el caso de Atenco, donde 22 mujeres fueron ultrajadas y la lista de los responsables está clara, entre ellos, el ex gobernador Peña Nieto, el ex ministro defenestrado de la Corte, Medina Mora y una cauda de sujetos que aparecen en el voto particular del ministro Genaro Góngora Pimentel, que no fue apoyado por sus compañeros de la Suprema Corte, pero el antecedente está vivo para que se castigue o enjuicie a esos ministros que fueron cómplices o complacientes con ese crimen, porque la sentencia de sede internacional obliga al estado condenado a cumplirla en sus términos.

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