Sociedad y Justicia

"Verdad histórica" sobre Ayotzinapa, "ha colapsado": Encinas

septiembre 26, 2020

Ciudad de México.- Al afirmar que la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa -construida el sexenio pasado- "se ha colapsado", el presidente de la Comisión de la Verdad y subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, subrayó que no habrá impunidad, no se protegerá a nadie y se castigará a los culpables sean quien sean.

"Aquí no estamos cansados ni nos vamos a cansar", dijo al presentar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el informe de la investigación para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Destacó la colaboración de todas las dependencias federales, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional que ha entregado, dijo, toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, y órdenes de operación, entre otras.

La Sedena puso a disposición de esta comisión presidencial y del ministerio público a todos los elementos del 27 Batallón para presentar declaraciones ministeriales.

Igualmente denunció la "lamentable actuación de algunos jueces que con sus determinaciones han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes".

Aseveró que "la única verdad es que no hay verdad, y que encontrarla es la encomienda que vamos a cumplir", pese a las resistencias y acciones del viejo régimen, las cuales "no nos amedrentan ni nos van a detener".

También hay -resaltó- una contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar la información, confundir, desorientar y desacreditar la investigación.

El informe se emite esta mañana en Palacio Nacional. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio su mensaje vía remota. Y, aunque hay un acuerdo de coordinación con el Poder Judicial "para romper el pacto de silencio", el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, determinó no acudir al informe.

Fuentes de la Corte dijeron que la eventual asistencia del ministro podría poner en riesgo el debido proceso porque posteriormente tocará a juzgadores resolver expedientes de la investigación.

En el recuento de las nuevas líneas de investigación, el subsecretario Encinas destacó la conclusión de que a partir de la evidencia científica "la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento se reunieron los 43 estudiantes en su desaparición".

Relató que atendiendo la demanda de los padres y madres de los normalistas, se suscribieron convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual se encuentra plenamente integrado y coadyuva de manera estrecha con las investigaciones.

Asimismo, se mantiene la coadyuvancia del Equipo Argentino de Antropología Forense en las tareas de búsqueda e identificación humana, así como el apoyo de instituciones como los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en las tareas de identificación genética.

Encinas puntualizó que se han retomado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes; los del Mecanismo de Seguimiento creado por la CIDH; el informe de la OACNU-México, la recomendación de la CNDH, la investigación de la Procuraduría General de la República, las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial y se han promovido nuevas líneas de investigación, partiendo de la premisa, subrayó, que la única verdad es que no hay verdad.

Pista a llamadas telefónicas

Puntualizó que el equipo coordinador de las investigaciones ha analizado millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, lo cual arrojó 206 mil registros de interés, una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Con este análisis, explicó, hoy se cuenta con información que permitirá a la FGR determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quiénes perpetraron las agresiones contra los estudiantes, sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos, el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horarios de los hechos y un seguimiento por minuto de los actores principales.

Búsqueda en campo

En cuanto a la búsqueda detalló que con base en distintos informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes, se han desarrollado 30 acciones en campo, lideradas por la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, con tecnología de punta para explorar 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero, sumando 171 jornadas de trabajo.

En 25 de estas búsquedas se han obtenido resultados negativos y en las cinco restantes se han registrados hallazgos. Por ejemplo: en el Amate, municipio de Cocula, se exhumaron seis cuerpos; en la Barranca del Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se ha identificado a seis personas distintas de los estudiantes desaparecidos.

Identificación genética

Resultado de las acciones de búsqueda con informantes, el 20 de noviembre de 2019 se encontraron más de un centenar de fragmentos óseos en una extensa superficie de la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula, a 800 metros de distancia del basurero municipal, tres de los cuales resultaron ser susceptibles de identificación genética, mismos que fueron enviados junto con otros fragmentos hallados en la Barranca del Tigre, en Iguala, a los laboratorios de la Universidad de lnnsbruck.

El 18 de junio de 2020 la Universidad de Innsbruck notificó a la UEILCA la coincidencia genética de un resto óseo recuperado en el ejido de Cocula con la familia del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

El Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó lo informado por Innsbruck, a partir de lo cual el 5 de julio de 2020 se le notificó en su domicilio en el municipio de Tixtla, Guerrero, a la familia Rodríguez Telumbre de los resultados obtenidos, posteriormente se informó a los integrantes de la Comisión durante la sesión el 7 de julio y finalmente al resto de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 10 de julio de 2020 en la reunión de trabajo encabezada por el Presidente de la República.

"Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación, al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la llamada verdad histórica, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas".

Como resultados adicionales a la investigación de Ayotzinapa, se realizó el análisis antropológico, médico, odontológico y genético de 245 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre 2014 y la fecha 2020 en esta región del estado de Guerrero, de los cuales, la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR identificó a 22 personas que han retornado con sus familiares.

Juicios y órdenes de aprehensión

En cuanto a los procesos judiciales, Encinas puntualizó que de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, entre otras, y se ha detenido a 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, ex policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento.

"Atendiendo la instrucción presidencial de que este gobierno no encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio público, encargada de "legalizar" la verdad histórica", explicó.

Enseguida lamentó la actuación de algunos jueces que han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes.

Es el caso del juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Además del juez noveno de distrito, Gabriel Domínguez Barrios, quien, por el pago de una multa de 10 mil pesos, dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de Estados Unidos, o del secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Penal, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad a Ángel C., quien se encontraba prófugo desde 2015.

"Debo decirlo con toda claridad, y asumo mi responsabilidad, estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad. Son una burla a la justicia. Alientan el silencio y la impunidad y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia de nuestro país", dijo.

Al final de su mensaje, el subsecretario Encinas advirtió que la investigación se encuentra en la etapa más compleja.

"Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y la ruptura del pacto del silencio para esclarecer un crimen de Estado a 6 años de distancia".

Ayotzinapa, destacó, representa una afrenta a la sociedad, una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país, que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad.

"La verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas".

Por tanto, dijo, corresponde romper los candados de intereses ligados al crimen organizado y al poder público.

"Romper el pacto de silencio e impunidad y deslindar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados, y reafirmamos: No habrá impunidad".

Pero también queremos ser claros, acotó, "no generaremos falsas expectativas, ni construiremos una nueva verdad histórica, nuestro objetivo es conocer la verdad por dolorosa que esta sea".

Anterior gobierno intentó ocultar la verdad sobre Ayotzinapa: FGR

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que en el caso Ayotzinapa "los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala˝; y que "ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad".

Al participar a través de videoconferencia en el acto que se realiza en Palacio Nacional a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal de la República señaló en cuanto a lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala "la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.

Refirió que en el informe que elaboró para esta fecha la FGR, y con base en las investigaciones realizadas, "se demuestra que con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes".

Respecto a la actuación de las autoridades, señaló que tanto a nivel local como federal se tuvo "conocimiento a través del sistema de comunicación C-4" de lo que estaba sucediendo, pero "resulta que con las investigaciones realizadas las cámaras dejaron de funcionar parcialmente" cuando en ellas se debió registrar lo que estaba sucediendo y permitiría identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a la oficinas públicas y a los centros de justicia de otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con las autoridades.

Asimismo, puntualizó que "autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala", por lo que dijo que es necesario que integrantes del Poder Judicial de Guerrero rindan cuentas al respecto, "se lo estamos exigiendo y haremos que lo cumplan".

Informó que "en la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo federal para ocultar y encubrir sus corrupciones primero acusó a las autoridades locales, y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso, de esa manera el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado" en cuanto a las acciones en las que los se detuvo y torturó "masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir los policías y a las autoridades federales˝.

En cuanto al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), —aunque no mencionó por su nombre a Tomás Zerón—, señaló "se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir su responsabilidades en tales colusiones en un asunto en el que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe".

Por ello dijo que es importante destacar los delitos cometidos por Zerón de Lucio que "ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión" que se han obtenido en su contra.

Refirió que el ex funcionario "tuvo un pago: él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución, y con la anuencia de sus superiores como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo".

Mencionó que desde el año pasado se descubrió ese desvío de recursos y fue cuando Zerón de Lucio huyó del país y que desde entonces comenzaron las gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, "pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos, y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa", dijo Gertz Manero.

Por lo que toca al ex titular de la PGR —sin mencionar por su nombre a Jesús Murillo karam—, dijo: "este se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles. Mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso.

"Hay que tener muy presente de todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción", y entonces mencionó como parte de esos actos contrarios a la ley lo referente a "la Estafa Maestra que sustrajo más de cinco mil millones de pesos que debían aplicarse en favor de los más necesitados hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas del país.

"También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana, igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten.

"En forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación, este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década".

Al retornar el caso Ayotzinapa, expuso: "los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad , los juicios fraudulentos del pasado han sido resueltos en lo posible imputando a quienes los cometieron, que también deben ser castigados.

"Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión de las cuales se han cumplimentado 34, tanto por delincuencia organizada como tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la PGR que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión, sujeto a proceso.

"Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula, se ha demostrado con toda legalidad que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdor origen y tratar de justificar lo injustificable, magullando evidencias y encubriendo tanto delitos como a delincuentes".

Puntualizó que "en esta administración y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck.

"También se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad. El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran.

"El delito de delincuencia organizada igualmente se ha probado de manera plena, los delitos ofícieles contra la administración de justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados, se ha roto la barrera del encubrimiento y la mentira, ahora conocemos toda la trama y toda la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía pero que no podían probarlo porque el gobierno estaba en su contra".

Gertz Manero indicó que "la búsqueda —de los 43 normalistas— habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible y con ello habremos demostrar nuestro compromiso, que es absoluto y permanente".