Política

Agua y decisión estulta

septiembre 24, 2020

Privatizar los servicios municipales es una de las estupideces puras del neoliberalismo, cosa comprobada hasta la saciedad desde que se hicieron las primeras evaluaciones de los procesos privatizadores que se habían iniciado en Europa, en los años 80. Varias municipalidades mexicanas emularon el modelo pese a su comprobado fracaso. La explicación de ello no es el fallo ideológico de la cúpula decisoria, ni los errores de instrumentación de torpes administradores públicos. La razón del fracaso de la privatización de los servicios públicos municipales es que son ideas y propósitos excluyentes.

Para justificarla se adujeron argumentos que se repetían como retahíla durante meses: la falta de cobertura de amplios sectores de la población, la calidad inadecuada de la prestación, la corrupción y la falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura.

La principal razón para la implementación de tales medidas no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos de la ideología pro privatización. La crisis real de los servicios fue utilizada –y, en algunos casos, hasta alentada o fabricada– para promover las privatizaciones. Los argumentos utilizados ignoraron la abrumadora evidencia sobre la interrelación entre el sector público y el privado en la organización de los servicios de agua y saneamiento. Pero la universalización del acceso a estos servicios esenciales requirió primero la desprivatización de las empresas y la creación de compañías públicas.

Los argumentos a favor de la privatización deliberadamente olvidaron estas lecciones con prescripciones derivadas del marco ideológico neoliberal. Ajenas, además, a toda argumentación construida sobre datos duros. Las reformas privatizadoras no solo dejaron sin resolver la mayor parte de los problemas que ya existían, sino que los agudizaron y, además, propiciaron nuevos obstáculos para la gestión sustentable y democrática de tales servicios. Es el caso de del Grupo MAS del puerto de Veracruz, filial de Odebrecht. El chiste se cuenta solo.