Política

Atenco y Ayotzinapa, suficiente para enjuiciar a Fox, Calderón y Peña

septiembre 22, 2020

Qué si hay elementos suficientes para enjuiciar y encarcelar a los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Peña Nieto- sin necesidad de la consulta popular- ni duda cabe, pues solo tiene que cumplirse y ejecutarse – son cosa juzgada, que no admite ningún recurso- las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la robusta resolución del tribunal Colegiado del Décimo circuito con residencia en Tamaulipas, sobre los casos de Atenco y el aeropuerto de Texcoco y, Ayotzinapa, sin embargo, es bueno que la nación este debidamente informada para que, con sustento en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice " esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión", de manera que se no que exista la mínima sospecha de una persecución política o venganza del presidente en turno. El expediente abierto ahí está y no prescribe.

Estábamos acostumbrados a que el poder solo lo ejercía el presidente de manera arbitraria, es de decir, una especie de "circo romano" que desde arriba se dictaban las instrucciones para castigar a los adversarios o enemigos políticos, como se demuestra en el caso de Joaquín Hernández Galicia, líder petrolero que ante la fuerza que ejercía en el sistema corruptor y corrupto, fue el señor de horca y cuchillo que se dio el lujo de expresarle al presidente ;"si se hunde Pemex, se hunde usted y se hunde México", o bien con los encarcelamientos de Díaz Serrano, ex director de Pemex y ex senador, o Méndez de Ocurro, ex secretario de Comunicaciones y tantos otros, sobre, todo gobernadores de los Estados y, recientemente el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, líder magisterial impuesta por Salinas y que llevó a la presidencia de la república a Calderón y Peña Nieto,- mediante el fraude electoral que ella maniobró- y que, por desavenencias con este último, purgó una condena que le dictaron los jueces y magistrados nacionales de poco más de cinco años.

La retahíla de arbitrariedades del presidente en turno no quedan ahí, porque con motivo de los contubernios de Vicente Fox, -2000-2006- con el grupo de Germán Larrea, del grupo minero México,- tiene 14 mil millones de dólares en el extranjero- se persigue a Napoleón Gómez Urrutia- hoy senador de la república- y tiene que asilarse en Canadá, al acusar de homicidio industrial que se da en Pastas de Concho, en Coahuila y cuyas familias de los 63 sepultados, aún claman justicia y castigo a los responsables, por ese crimen de lesa humanidad, en tanto el responsable intelectual por la explotación minera desordenada y descomunal, está libre.

El caso Atenco es por demás elocuente y pinta de cuerpo entero y pone en evidencia a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – la misma que calificará si es constitucional la consulta que se ha solicitado por el presidente de México y dos millones de ciudadanos para que la ciudadanía exprese su voluntad para enjuiciar a los ex presidentes- pues dictaminaron que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo MedIna- Mora Icaza; el comisionado de la agencia de Seguridad Estatal del Estado de México ,Wilfrido Robledo Madrid; el secretario de Gobierno, Víctor Humberto Benítez Treviño; el jefe del Estado mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado; el delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Ramón Pequeño García- mismo que esta preso en Estados Unidos por el caso García Luna; el coordinador de las fuerzas federales de la Policía Federal Preventiva, Héctor Sánchez Cordero; el subsecretario de Gobierno del Valle de México, zona Oriente , Héctor Guevara Ramírez; el director de operaciones del Valle de México de la Agencia de Seguridad Estatal, Rogelio Cortés Cruz, así como el coordinador de subdirecciones del valle de México de la agencia de seguridad estatal, David Vital Espinosa, quienes resolvieron que no tenían responsabilidad en ese crimen donde se ultrajaron a veinte mujeres- solo once enfrentaron con valentía el problema- y se atropellaron de manera brutal los derechos humanos , en tanto la Corte Interamericana de derechos humanos, cuya sentencia está en vías de ejecución- con la parsimonia digna de un elefante reumático-, se apego al criterio que en su momento emitió el ministro en retiro y ex presidente de la Corte, Genaro David Góngora Pimentel, condenando al estado mexicanos- legislativo, ejecutivo y judicial- para que se sancione a los responsables, silencio que aún perdura.

Si el criterio de los ministros de nuestro máximo tribunal , emitido el nueve de febrero del 2009, que protege a esos responsables, ya es cosa juzgada, co9n la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al Estado Mexicano, en obvio de repeticiones innecesarias , por ese solo hecho, tendrá que actuarse de oficio y proceda, en consecuencia , es decir, que Fox , Calderón y Peña Nieto , tendrán que ser juzgados de inmediato y no alargar la ausencia de justicia, entre si es competencia federal o estatal, cuando la condena involucra al Estado mexicano.

En el caso de Zedillo, el crimen de Aguas Blancas , en Guerrero, está latente, y la suprema Corte de Justicia de la Nación, con la facultad que le otorgaba el artículo 97 de la constitución , investigó el caso y determinó la responsabilidad y similar actitud se da con Acteal en Chiapas, pues los elemento prueba, medios de prueba y pruebas, están a la vista, si ya lo decidió el tribunal nacional, solo es revisar y , sin reticencias, se proceda con toda energía aplicar las sanciones a los responsables, si queremos, en realidad, sepultar la corrupción e impunidad y además, si es que queremos seguir sembrando la esperanza de un futuro mejor.

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