Política

Problemas con la Nueva Normalidad

septiembre 18, 2020

El regreso a la Nueva Normalidad laboral representa un verdadero conflicto y amenaza con convertirse en un problema masivo para cientos de miles de madres de familia trabajadoras que prestan sus servicios en distintas dependencias gubernamentales.

Y aunque otro sector de la población que no se desempeña en el sector público ha enfrentado el problema de distinta manera, el frenón a las actividades económicas y la parálisis social consecuente obligó a modificar las pautas naturales con las que la gente organizaba su vida y propuso, temporalmente, unas nuevas reglas en las que casi todas las actividades, desde el trabajo a las clases, se hacían en los domicilios.

Las familias enteras de pronto realizaban todas sus tareas en el seno del hogar, un tema particularmente engorroso y complicado para los escolares obligados a tomar clases en línea o por televisión, situación que se paliaba con el auxilio de las madres principalmente. Pero con la inminente vuelta a la cotidianidad se plantea un escenario complicado, como es el caso de las madres de familia que laboran en la Fiscalía General del Estado, luego de que ayer, por instrucciones de la fiscal Verónica Hernández Giadáns se les notificara que deberán regresar a cubrir sus horarios en los que se venían desempeñando antes de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

En otras circunstancias nada hubiese pasado. Sin embargo, las madres trabajadoras consideran que la decisión de la dependencia contraviene diversas disposiciones oficiales y programas de retorno a los centros de trabajo, toda vez que no contempla que la Secretaría de Educación Pública determinó que el resto del curso escolar sea tomado en las casas –forzando a los menores a permanecer en sus hogares– y advierten sobre su eventual exposición a un posible rebrote de los contagios.

De acuerdo con las empleadas, la FGE ignoró el principio rector denominado Solidaridad y Discriminación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se afirma que "durante los niveles de alerta máxima, alto y media, las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, que tienen a menores en edad escolar y debido a que los centros educativos se encuentran cerrados por la contingencia o bien las personas que tienen a su cargo a personas mayores con enfermedades crónicas" deberán ser consideradas bajo ese principio ya que están bajo el amparo del artículo 4 constitucional y el derecho a la vida digna.

Todo ello fue publicado en el DOF el pasado 5 de mayo bajo el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas.

Así pues, las madres trabajadoras temen exponer su salud y la de sus hijos y demás familiares dado que muchas de ellas llevan a cabo sus labores atendiendo a las personas que llegan a solicitar los servicios de la FGE. Y dado el rezago acumulado en los últimos cinco meses se espera un flujo masivo de personas lo que favorecería la posibilidad de los contagios.

En la mayoría de los casos se trata de familias en las que ambos padres laboran y ello hace que los menores se queden a solas en sus hogares, sin el cuidado y sin la orientación para tomar sus clases domiciliarias en la modalidad implantada por la SEV a través de la televisión. Por ello, de la misma manera en que se tomaron decisiones para controlar la pandemia, hacen falta otras en que la nueva normalidad no se convierta en otro foco de conflictos sociales y familiares.