Política

FALANGES: El juico a ex-presidentes de México: entre la ficción y el estado de derecho

agosto 31, 2020

¿Qué es un juicio a un ex-presidente? Un juicio es un proceso judicial o una instancia institucional erigida como tal y con formalidad legal, ante la presunción de un ilícito, en el cual se debe garantizar las condiciones legales de las partes en términos del debido proceso, presunción de inocencia, y en su caso garantizar la reparación del daño, el esclarecimiento de la verdad y el castigo por el ilícito.

En este terreno un juicio a un ex-presidente no remite a un particular ordinario, estamos hablando de actos y/ omisiones de la máxima autoridad del poder ejecutivo federal en México, que actuó con la presunción del dolo, dañando al Estado y a la sociedad en su conjunto, esto supondría todo una cadena de mando, de más de tres involucrados, actuaciones premeditadas, dañando al erario público y, por ende, sería un ilícito que merma los servicios y bienes públicos, en consecuencia daña a la sociedad de forma dolosa y al ser un acto de una autoridad sería una violación de derechos humanos. ¿Acaso no sería presunción de corrupción, de delincuencia organizada, de traición a la patria, de actos de lesa humanidad y de violaciones a derechos humanos?

La consulta para el juicio a ex-presidentes muestra una inconsistencia política del nuevo régimen. Esto es una falta de control institucional y la falta de lealtades al interior del nuevo régimen, amén de la permanecía y alfiles infiltrados opuestos a López Obrador en la propia estructura del Estado.

Lo que gravita en medios de comunicación y en redes sociales remite al deseo de sanción a los abuso de los ex-presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para que sean juzgados por haber incurrido en presuntos actos de corrupción. Pero hay señalamientos de ilícitos en los sexenios de Ernesto Zedillo (1994-2000), como en el caso las irregularidades del FOBAPROA y la venta leonina de ferrocarriles de México, o en el caso de Vicente Fox (2000-2006) con la ganancias esfumadas de la bonaza petrolera y el tema de desvíos de recurso a la organización Vamos México de Marta Sahagún y Vicente Fox.

Este juicio remitiría: 1) Al tiempo en que fueron presidentes o 2) Al uso de la información pública y privada privilegiada con la cual se realizaron actos ilegales deteriorando el patrimonio estatal y social cuando ya no eran presidentes. Con el caso Lozoya se incriminan a los ex-presidentes Salinas, Calderón y Peña.

El punto es que el estado de derecho no es negociable y es función de la Fiscalía General de la República (FGR) y, en su acaso, de las fiscalías locales. Sin embargo, si el Ejecutivo Federal tiene elementos e información constitutiva de delitos contra la Nación, el Estado y la sociedad mexicana de estos ex-presidentes es su obligación hacer la demanda, la denuncia y/o en su caso el juicio político correspondiente.

El solicitar una consulta para enjuiciar a ex-presidentes es una práctica irrelevante legalmente, eso es un error. Pues, lo correcto es combatir a la corrupción aplicando la norma, no haciendo en este caso consultas. Cabe señalar que esta consulta es notoriamente mediática y políticamente funcional.

¿Cuál es el sentido de esta consulta? Quizá el Ejecutivo Federal recurre a ella para presionar a los poderes legislativo y judicial, así como a la FGR, la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Seguridad Pública, las cuales aún están infestadas en sus estructuras con alfiles afines a los ex-presidentes ya aludidos. Esto se evidencia en los amparos contra la Federación en relación a las obras insignia del gobierno federal, en las prácticas dilatorias y contrarias al mandato del Presidente por parte de instancias de las secretarias de Estado federales para garantizar intereses de grupos opuestos al de López Obrador y con notorios actos de corrupción como en los casos tardíos y sobreburocratizados como: Odebrecht, la campaña política de Peña Nieto y su nexo con funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) con Lorenzo Córdova, los escándalos de narco política Cartel de Sinaloa y García Luna-Calderón.

En un sentido estricto el caso Lozoya, los actos de corrupción en PEMEX, la falta de cobros fiscales a grandes empresas, las complicidades del INE en la compaña de Peña Nieto, la narco-política... son actos de delincuencia organizada y delitos contra el patrimonio público y contra la Nación.

Esto paradójicamente muestra la falta de control institucional y la falta de lealtades al interior del nuevo régimen, de esta forma lejos de haber una dictadura o un régimen autoritario, estamos frente a una condición de oclocracia con muchos brotes de anarquía. Por ello, es un periodo con libertades con grandes problemas de violencias y homicidios. Esto es un factor de la debilidad del estado de derecho en México en la actualidad.

La consulta para enjuiciar a los ex-presidentes mexicanos Salinas, Calderón y Peña, aunado a Zedillo y Fox lejos de ser un acto jurídico puro, es un acto de político con implicaciones jurídicas, que no se pueden desligar del proceso electoral 2021, ni del deseo de justicia de una sociedad mexicana agraviada por la corrupción realizada desde lo más alto del poder.

Esta consulta fortalece a López Obrador, desacredita a la opción. Sin embargo, no se sigue que beneficia a MORENA, por el contrario, el proceso electoral encierres lo define los liderazgos locales, ya EL Financiero da ventaja a MORENA en intención de votos sobre el PRI, el PAN y PRD. Empero, el punto no es MORENA, sino los grupos políticos regionales. Por ejemplo, el punto es con quién cierra Tatiana Clouthier en Nuevo León, o los grupos políticos en Veracruz, que la gran mayoría son opuestos a gobernador Jiménez García y están maniobrando para desmantelarlo desde el interior de un MORENA hiperfragmentado y un gobierno fisurado.

Si casos como Lozoya o el juicio a ex–presidentes no se realizan con la pulcritud jurídica y la asepsia política necesarias pueden jugar un revés al Presidente y generar un abstencionismo, deslegitimando al AMLO y a MORENA.

Hasta hoy es una ficción suponer un acenso del PRI o PAN en las actuales circunstancias de descredito de estos institutos y de escándalos de corrupción, pero es ingenuo suponer que no habrá negociaciones con los líderes regionales al margen de las siglas partidarias. Éste es el verdadero juego político, y presenta una tendencia a una fragmentación mayor en las diputaciones federales y locales, alcaldías y en las gubernaturas en disputa, se aproxima una intensificación de la anarquía y oclocracia, con ello serán más difíciles los consensos políticos locales pre, durante y pos al proceso 2021.

Así, el juicio a ex–presidentes es un proceso que oscila entre la ficción y el estado de derecho en vísperas del proceso electoral de 2021. Es una posibilidad para la impunidad o para hacer historia, a la cual están llamados todo pero pocos entienden y peor aún menos saben operar. En fin, ¿usted qué piensa?...

lmaury_cruz@hotmail.com