Deuda Municipal: La pelota está en la cancha de los cabildos veracruzanos
agosto 31, 2020 | Job Hernández*

El endeudamiento de los municipios es uno de los problemas más apremiantes y menos conocidos de la economía mexicana. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, este rubro creció 26.6 por ciento a tasa real en los últimos diez años, hasta alcanzar los 44 mil millones de pesos. El ritmo más alto de crecimiento ocurrió durante la primera mitad de este periodo y sólo en 2019 comenzó a disminuir de modo significativo.

Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, León, San Nicolás de los Garza, Zapopan, Mexicali y Benito Juárez (Cancún) son los municipios más endeudados, con montos que superan los mil millones de pesos y que suman 37 por ciento del total de la deuda de los ayuntamientos del país.

Poco más de la mitad de las obligaciones financieras de los municipios se adquirió con la banca múltiple, mientras el 40 por ciento corresponde a la banca de desarrollo y el restante diez por ciento se distribuye entre emisiones bursátiles y fideicomisos. Durante el periodo referido, la banca de desarrollo disminuyó su importancia en el fondeo de los municipios, al mismo tiempo que aumentó la participación de las emisiones bursátiles.

Si analizamos el caso específico del estado de Veracruz, el problema no parece tan grave a primera vista. En el top de los 25 ayuntamientos más endeudados del país únicamente figura Coatzacoalcos, que en diciembre de 2019 estaba en el lugar número 22 con 464.2 millones de pesos. Si medimos la deuda en términos per cápita o en relación con los ingresos, hay que agregar a Tuxpan en el ranking.

Pero Veracruz tiene una particularidad. La participación de las emisiones bursátiles en la composición de su deuda municipal es extremadamente alta: alcanza el 52 por ciento cuando esta modalidad de financiamiento no es significativa en ningún otro estado de la República ni en el global nacional.

Como es sabido, esta bursatilización de la deuda municipal en Veracruz es uno de los mayores lastres heredados por Fidel Herrera y Javier Duarte. Fue en 2008, durante la gestión del primero y estando el segundo al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando 199 ayuntamientos realizaron emisiones de bonos de deuda por un monto total de mil 208 millones de pesos en números redondos.

Con el paso de los años, es un hecho incontrastable que este no fue el mejor esquema. Las obligaciones no han hecho sino incrementarse desde entonces, comprometiendo las participaciones federales otorgadas a los municipios.

Para atender esta problemática, el actual gobierno estatal anunció la reestructuración de los pasivos contraídos mediante bursatilización. La Sefiplan propuso girar a un nuevo esquema bancario, de crédito simple, que permitirá reducir el interés, abonar al capital y liberar recursos para las comunas veracruzanas.

Aunque los críticos (algunos de los cuales fueron funcionarios de las administraciones anteriores) han señalado que esto implicaría un mayor endeudamiento global para la entidad, no necesariamente será así. Depende de las condiciones particulares de la reestructuración. Pero, de entrada, lo que no puede seguir es el esquema actual. Sobre todo cuando a los municipios les urge liberar recursos para afrontar las dificultades financieras derivadas de la pandemia de coronavirus y el incierto panorama económico que se avecina.

La confianza de que se puede lograr un desahogo para los ayuntamientos veracruzanos radica en el desempeño reciente de los encargados de las finanzas estatales quienes han maniobrado adecuadamente para mantener a flote una nave que les fue heredada en condiciones por demás lamentables. Como antecedentes favorables podemos mencionar su manejo responsable de la deuda estatal, la solución de los pasivos de la Universidad Veracruzana (UV) y el finiquito de los adeudos que las administraciones pasadas dejaron con proveedores de bienes y servicios.

Ahora la pelota está en la cancha de los 199 cabildos mencionados. Ellos deberán pronunciarse sobre esta nueva iniciativa de Sefiplan. Esperamos que decidan teniendo en mente el interés superior de sus gobernados y avalen la propuesta


*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario

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