Política

En voz alta

agosto 15, 2020

*Pobreza: así le fue a Veracruz con el PRI y el PAN

Todos los intentos de los gobiernos anteriores por reducir la pobreza y la desigualdad en México fracasaron rotundamente. Incluso en los escasos momentos en que el Producto Interno Bruto creció, la situación no mejoró o empeoró. Este es el saldo de las "políticas focalizadas" implementadas por las administraciones neoliberales.

En buena medida, los resultados insatisfactorios derivan del comportamiento del mercado de trabajo. En países como el nuestro, la pobreza y la desigualdad están estrechamente correlacionadas con los bajos salarios, la informalidad, el desempleo, la subocupación, etc. Nada funcionará si no cambia esta dinámica laboral que multiplica las carencias económicas.

El gobierno de la Cuarta Transformación deberá tomar en cuenta esta asociación entre pobreza, desigualdad y mercado de trabajo si no quiere que los frutos de su política social se diluyan y su definición bienestarista se opaque. Una buena idea al respecto es la señalada por E. F. Schamcher hace ya varias décadas: los mejores efectos de los apoyos financieros entregados por el Estado se darán si se gastan en los mercados locales, en bienes de consumo tradicionales, de tal forma que el efecto sobre el empleo se haga sentir de manera inmediata y no se diluya hacia las importaciones.

Con defectos y distorsiones, algunos de los programas emblemáticos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tienen esa intención de enraizar productivamente en los entornos locales y crear circuitos comerciales regionales o municipales.

De todas formas, el reto es mayúsculo. La herencia del neoliberalismo es un país donde la mitad de sus habitantes son pobres, uno de cada 10 vive en extrema pobreza, 20 por ciento padece rezago educativo, un tercio carece de acceso a la salud, dos tercios no tienen seguridad social, una cuarta parte no accede a una alimentación adecuada y la mitad recibe un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Además del funcionamiento estructural del mercado de trabajo –objetivo, y más o menos independiente de la voluntad de los agentes económicos individuales–, la pobreza y la desigualdad se agravan por las decisiones equivocadas o perversas en materia de política económica.

Pongamos el ejemplo de Veracruz. Los conocidos errores en el manejo de la deuda y los descarados actos de corrupción de las administraciones anteriores repercutieron en un incremento de la pobreza y desigualdad a nivel estatal.

De acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por el Mtro. José Luis Lima Franco, de 2008 a 2018 la pobreza moderada aumentó 9.8 por ciento, pasando de 34.3 a 44.1 por ciento, lo que significó que 800 mil personas más se sumaran a esta condición. La pobreza extrema también se incrementó: pasó de 16.8 a 17.7 por ciento (80 mil personas más). Y su contraparte, la población no pobre y no vulnerable disminuyó de 12.9 a 10.9 por ciento durante el periodo referido.

Dado este desempeño, 61.8 por ciento de los veracruzanos está en situación de pobreza. Alrededor de 5.1 millones, casi un millón más que en 2008. Ese fue el costo de las políticas públicas equivocadas y los actos de corrupción y deshonestidad de una clase política veracruzana que ojalá no vuelva nunca al Poder.