Política

Denuncian a diputados que aprobaron nombramientos de magistrados del TSJ

agosto 11, 2020

Los diputados locales panistas así como todos aquellos que votaron a favor de la designación de los seis nuevos magistrados del Poder Judicial en Veracruz podrían enfrentar responsabilidades por tres delitos: ejercicio ilícito del servicio público, delito contra la administración de justicia y delito por informes falsos.

Lo anterior luego de que el diputado local panista Enrique Cambranis Torres presentó el 7 de agosto una denuncia penal ante el Ministerio Público federal en contra de los integrantes de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, Secretaría General del Congreso, así como en contra del Consejo de la Judicatura y el consejero representante del Poder Legislativo por los nombramientos de los magistrados.

"La denuncia puede recaer en cualquier miembro (del Congreso) que haya votado en favor del nombramiento y la sanción puede ser la inhabilitación del cargo, en este caso, de cualquiera que resultara responsable".

Al respecto, sostuvo que el retiro obligado de los magistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo no se hizo de manera legal, pues ambos cuentan con amparo desde diciembre de 2019 que deja fuera la posibilidad de retirarlos bajo el argumento de haber cumplido 70 años y que de ello estaba enterado el Tribunal Superior de Justicia.

"Se tenía conocimiento, no de todos los diputados, que habían por lo menos dos amparos para que quedara suspendidos al menos dos nombramientos de magistrados. El día de la sesión nos enteramos que eran tres y por tanto debía nombrarse solo a tres magistrados. Pero (el Congreso) no lo hace y entonces incurre en los delitos".

En conferencia de prensa con el senador Julen Rementería del Puerto, Cambranis Torres aseguró que tanto el Congreso de Veracruz como la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, violaron un acuerdo del 14 enero de 2020 aprobado por el Pleno del TSJ y que fue propuesto por ella para dejar sin efectos el retiro forzoso.

"(Acordaron) no aplicar los acuerdos 58 Bis último párrafo y 59 fracción segunda de la Constitución respecto de los jueces. Es absolutamente claro que este acuerdo da cuenta del conocimiento que tenía la magistrada presidenta del Tribunal y que por supuesto violó cuando le proponen al gobernador las personas para suplir las vacantes de quienes habían ocupado estos puestos".

Por ello llamó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y a la Fiscalía General de la República hacer valer los derechos de los magistrados que fueron obligados al retiro a pesar de contar con amparos que suspenden cualquier acción de ese tipo.

Demandó que se instauren procedimientos de orden administrativo o penal para que sean castigados los responsables de las acciones contra los togados, sanciones que van desde 5 a 10 años de prisión e inhabilitación del cargo y su remoción.

"Estamos ante un acto de perversidad que yo la calificaría de política, en donde más allá de buscar la correcta aplicación de la justicia lo que se busca es poner a personas que pueden resultar a modo".