Política

Reaprender a hacer política

agosto 02, 2020

Nunca como ahora la legitimidad de la democracia mexicana se encuentra frente a la oportunidad histórica de reducir sustantivamente su costo y más aún tras la confirmación que hace Emilio Lozoya –el ex director de Pemex y operador del círculo interno del ex presidente Enrique Peña Nieto– de que éste recibió de Odebrecht más de 10 millones de dólares que se utilizaron para su campaña presidencial. Todo ello ante la mirada complaciente del INE y sus autoridades que por dicha complicidad, junto con los gobiernos priístas y panistas, comprometieron el juego electoral y haciendo que la necesaria legitimidad de los procesos democráticos alcanzara también para enturbiar el ejercicio transparente del erario, con los resultados conocidos.

Así pues, como era de esperarse, el haber comprometido a futuro el gobierno mediante las "aportaciones" de particulares que luego serían pagadas con contratos y la promesa de modificar constitucionalmente las reglas para la privatización del petróleo, los resultados en ese sentido de la gestión peñanietista es la mejor excusa para revisar el papel que los organismos electorales han tenido en la vida reciente del país.

De ahí que un sistema institucional de rendición de cuentas tiene que estar presente en todo régimen que se precie de ser democrático.

En México un tema recurrente en el debate nacional ha sido el relativo a la rendición de cuentas del financiamiento de los partidos políticos. El interés demostrado por la sociedad en cuanto a la fiscalización y transparencia en el financiamiento de estos organismos, y sobre todo de sus campañas electorales es un aspecto que se ha centrado también en el interés por observar la cantidad de dinero que han recibido los partidos políticos durante las últimas décadas en nuestro país y que a todas luces ha sido excesiva.

Aunque expertos consideran que pese a su impopularidad no conviene eliminar del todo el financiamiento público a los partidos porque con todo y sus enormes fallas, corruptelas y lagunas jurídicas, son la principal vía de acceso de los ciudadanos al ejercicio público y por ello deben contar con el apoyo gubernamental. Sin embargo, el excesivo peso para las finanzas públicas que representan los partidos en épocas sin procesos electorales y en un escenario económico tan comprometido y complicado como el actual ha hecho que, por fin, ahora existan acciones concretas para reducir hasta 50 por ciento del financiamiento público a dichas instituciones.

Planteada por la diputación de Morena, y con el rechazo de todas las demás fracciones partidistas, la reforma constitucional redujo sustantivamente el financiamiento en el ejercicio fiscal 2019 en el que los partidos políticos nacionales se repartirían una bolsa de 4 mil 713 millones de pesos. Si se hubiera aplicado este cambio, la cantidad para ser erogada como "prerrogativas" para los partidos políticos, a nivel federal, durante el año 2019 habría sido únicamente de 2 mil 356 millones de pesos.

Por lo pronto en Veracruz y en concordancia con dicha propuesta, en un periodo menor a dos meses, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) hace un reajuste a las prerrogativas que entregará a los cinco partidos políticos nacionales y también involucra a los nuevos organismos recientemente creados. Así es como con la entrada en vigor del decreto de la reforma al código, el OPLE determinó que de los 187 millones 355 mil 818 pesos que se consideraba destinar para el pago de prerrogativas el monto se redujo a 79 millones 862 mil 592 pesos.

Es de esperarse que dicha medida indigne a los liderazgos partidistas convencionales por estar acostumbrados a un modelo de competencia basado en los montos más que generosos del financiamiento público. Ahora tendrán que reaprender a hacer política real, a ras de tierra y en igualdad de circunstancias. Están a tiempo de hacerlo para los comicios del año próximo.