Política

Empezar

julio 31, 2020

Emilio Lozoya ofrece la oportunidad de desmantelar específicamente la red de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y posiblemente evidenciar y ventilar públicamente con datos el modus operandi del sistema de complicidades transexenal que atraviesa transversalmente todos los gobiernos federales habidos desde Carlos Salinas de Gortari.

Con todo, las primeras audiencias con el exfuncionario han dejado una sensación bivalente. Uno, por no haberlas hecho públicas y hacer llegar la información por la inusual vía de WhatsApp. Y dos, además de que no fueron públicas, tampoco se transcribieron todas las acusaciones contra el ex director de Pemex.

La primera audiencia de la FGR se basó únicamente en lo declarado por ex directivos de Odebrecht en Brasil, quienes reconocieron la entrega de sobornos por más de 10 millones de dólares a Lozoya Austin. Lo que puede considerarse imputaciones penales muy limitadas, casi benévolas. Sólo el escándalo de Aleática/OHL de construcción de carreteras de peaje con ramificaciones hacia los procesos electorales españoles fueron miles de millones de pesos.

A algunos observadores les inquieta que la imputación sea incompleta. La cantidades de dinero mencionadas en sobornos –apenas poco más de 16 millones de dólares– son irrisorias. La red y alianza de complicidad vino por miles de millones, no por morralla, es el sentido de la crítica de algunos especialistas frente a los expuesto en la primera audiencia.

Para los gobernados, la mejor expectativa es que esto se convierta en un maxi proceso que desmantele el entramado de relaciones y los métodos del saqueo.

Lo que el sistema de complicidades instauró fue una red sofisticada de corrupción con el propósito de desfalcar al país deliberadamente.

Peña Nieto y todo su equipo planearon todo antes de llegar a la Presidencia. Todo está conectado. Nada de lo ocurrido en los dos últimos sexenios han sido corrupciones aisladas. En absoluto. Por eso, esto que va caminando ya debe conducir a un maxiproceso. De otra forma se estaría blindando a la mafia que devastó al país.

Hay cosas que varios especialistas –que han tenido pleito con los gobiernos anteriores por sus denuncias– señalan y suena prudente. El no haber incluido una denuncia presentada desde 2018 es una de las más patentes.

Los desvíos y fraudes al patrimonio son de miles millones de millones de pesos. No cacahuates. No hay que olvidar que entre 2010 y 2012, Lozoya fue consejero de OHL.

El proceso empieza, son de esperarse cosas fuertes y resistencias igualmente fuertes.