Política

Saqueo y corrupción en la legislación minera

julio 29, 2020

Momentáneamente colocada en un lugar discreto y en segundo plano del interés público debido a la urgencia de otros temas nacionales como la revisión de la reforma energética, el combate a la corrupción, la crisis financiera del estado mexicano y sobre todo la pandemia del covid 19, una nueva legislación minera resulta un tema de primer orden para el país en el marco de la profunda transformación institucional que se lleva a cabo.

Es sabido que la minería en México impacta directamente la realidad nacional sobre todo porque la legislación que la regula fue elaborada para beneficiar a los inversionistas que, dicho de paso, son en su mayoría extranjeros y algunos más aliados con capitalistas nacionales. El perjuicio a la nación puede verse en cómo las empresas prácticamente no entregan impuestos a la SHCP, pues solo estan obligados a pagar mínimos e irrisorios derechos por los terrenos concesionados y no por la cantidad de mineral extraído. Tienen permitido actuar legalmente por encima de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, los derechos agrarios de los ejidos y de las comunidades agrarias.

De tal modo que el entreguismo y el espíritu antinacionalista de gobiernos anteriores permite que las mineras prácticamente sean dueñas de la cuarta parte del territorio mexicano que han recibido en concesión, debido a la permisividad de unas autoridades que en principio dieron permisos para la extracción mineral por todo el territorio nacional, violando el derecho a la consulta previsto en el Convenio 169 de la OIT.

Esos gobiernos –por una irracionalidad que solo podría explicarse desde la existencia de conciencias políticas sumamente dúctiles a la corrupción– no previeron el enorme daño causado al medio ambiente por las nuevas técnicas de explotación como la minería a cielo abierto ni se preocuparon por los derechos laborales de los mineros, que no son satisfechos por los concesionarios ni por las autoridades.

De tal modo que una una actividad prioritaria y estratégica no arroja los frutos de su riqueza en beneficio de la población actual y mucho menos para las generaciones futuras. Estamos hablando de un despojo en el que ni la nación ni sus habitantes reciben beneficio alguno. Pero lo peor, en el marco de esos grandísimos intereses, han ocurrido asesinatos de activistas opositores a la minería por todo el país. Uno de ellos ocurrió a principios de abril de este mismo año cuando el ambientalista Adán Vez Lira fue atacado a balazos y su cuerpo ubicado cerca de La Mancha, Actopan, municipio donde pretende operar una concesionaria canadiense que busca oro mediante el desastroso método de minería a cielo abierto. Aunque por el momento este tipo de extracciones se encuentran paralizadas, en el estado de Veracruz hay diez proyectos mineros que cuentan con permisos federales que podrían iniciar en cualquier momento.

Así pues, se ha permitido la vulneración de la soberanía nacional en todas las formas posibles violando la mayoría de los principios constitucionales económicos y los tratados internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades agrarias a la consulta.

La defensa de las riquezas minerales del subsuelo forma parte de la defensa de la soberanía. Ése es un nuevo frente al que deberá atender el gobierno lopezobradorista y si bien el camino no es fácil , le asiste el derecho y la razón.