Política

Aterrizajes

julio 28, 2020

Estos días, a los mexicanos nos llamaron la atención dos aterrizajes. La semana pasada, el del avión que Felipe Calderón le dejó como herencia a Enrique Peña Nieto, a un costo de 218.7 millones de dólares, ejemplo del dispendio y burla para un pueblo empobrecido, pues esa enorme suma bien pudo usarse para hacer escuelas, hospitales, o llevar agua potable y drenaje a las miles de comunidades marginadas que les hace falta.

Unos días antes, la llegada desde España de Emilio Lozoya, el peñista ex director de Pemex, cuyas delaciones –si resultan efectivas y se convierten en instrumento para la conformación de expedientes que lleven a juicio a los ex presidentes Calderón y Peña, así como a la miríada de senadores, diputados y otros funcionarios que recibieron dinero para aprobar las reformas estructurales, y contribuir al desmantelamiento de la riqueza petrolera nacional– pudieran servir para darle un golpe fatal al sistema corruptor que envileció y empobreció a la nación durante los gobiernos panistas y priístas. Todo ello, sin dejar de lado que Lozoya formó parte de un elaboradísimo esquema de lavado de dinero y tráfico de influencias que, de suyo, le deberán significar alguna clase de penalización.

Ambos eventos están profundamente relacionados y reflejan desde distintos ángulos y momentos la falta de empatía social, la carencia de escrúpulos y las enormes ambiciones de la llamada "clase política" que ha puesto al país en una de las peores crisis de su historia. Se llevaron lo que pudieron a costa de pobreza, desempleo, inseguridad, miles de muertos por la violencia desenfrenada de los cárteles, pero también por las enfermedades y el hambre.

En muchísimos connacionales, aún los que afirman no haber votado por Morena y López Obrador, tanto el caso del despilfarro calderonista en el avión como las componendas con Odebrecht y el tráfico de dinero que se usó tanto para comprar la elección presidencial, como para abaratar las conciencias de diputados y senadores y sus cúpulas partidistas, deberían causar indignación natural y motivo para exigir justicia y castigo a los responsables.

De hecho, una parte sustantiva de los mexicanos espera que el caso Lozoya llegue a un final feliz, y que ese resentimiento y necesidad de justicia –algo parecido a lo que aconteció en el estado con el impresentable Javier Duarte, que cuando se supo de su detención hasta se organizaron fandangos para celebrarla– por fin los alcance. Pero de manera inexplicable, todos los días, por todos los medios posibles, los jilgueros del viejo régimen, movidos tanto por la pérdida de privilegios como por sus actuales intereses, se han convertido en la principal fuerza opositora, desprestigiada y sin credibilidad, pero al fin y al cabo un actor político que, sin memoria, solidaridad ni honestidad, está a la espera de que vuelva aquel régimen de despilfarro.

La nostalgia por el paraíso perdido es el peor castigo.