Política

Ex funcionario de Yunes Linares deberá rendir cuentas por desvíos de recursos

julio 15, 2020

Téllez Marié no lograría amparo federal por anomalías en nueva revisión a cuenta pública 2018

Ciudad de México.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito está por determinar como improcedente un recurso de queja que promovió el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, en contra de la nueva revisión a las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2018 elaborada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

En esta nueva revisión del Orfis las observaciones por presunto daño patrimonial serían por mil 51 millones de pesos, el cual puede generar responsabilidad penal al ex funcionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Cabe recordar que un juez federal desechó un amparo que promovió Jaime Téllez Marié contra la nueva revisión a la Cuenta Pública del año 2018 realizada por la LXV Legislatura de Veracruz, sin embargo, el ex secretario optó por recurrir al recurso de queja que esta próximo a ser desechado nuevamente.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en sesión realizada por videoconferencia, ordenó dejar en lista el asunto señalado, toda vez que de oficio se estima la posible causa de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.

Las autoridades determinaron lo anterior en virtud de que del contenido del decreto 295 a través del cual no se aprobó la cuenta pública 2018 y se ordena al Orfis efectuar una nueva valoración sobre las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los entes fiscalizables.

El Tribunal estima que Téllez Marié no acredita un interés jurídico por parte del quejoso para activar el juicio de amparo, pues el hecho de que no se haya aprobado la cuenta pública 2018 no le causa un agravio personal y directo en su esfera jurídica, además de que el decreto no se encuentra dirigido a una persona en particular, sino que habla de entes fiscalizables del gobierno.

Por consiguiente, carece igualmente de legitimación para activar la instancia de amparo, pues del acto reclamado, no se advierte que se transgreda interés difuso alguno en su perjuicio.

Se concedieron tres días al ex secretario para que manifieste lo que a su interés legal convenga, lo cual deberá desahogar mediante el Portal de Servicios en Línea.

A finales de noviembre de 2019 el ex secretario de Seguridad Pública intentó ampararse ante la justicia federal en contra de la decisión del Congreso del Estado de revisar nuevamente los pliegos de observaciones y las cuentas públicas del año 2018, sin embargo, el juzgado primero de Distrito desechó su demanda.

Hay que recordar que por probables irregularidades en el gasto público los diputados locales optaron por no aprobar la Cuenta Pública de dicho ejercicio (2018) en los entes fiscales, y se ordenó al Orfis a que, en un plazo no mayor a noventa días, efectuara la nueva valoración.

Posteriormente, en febrero de 2020 el Poder Legislativo aprobó las Cuentas Públicas y en lo referente a la revisión del Suministro e Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, donde se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de mil 51 millones 975 mil 896.57 pesos.

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Ferrocarrileros jubilados se apoderan de predios

El que exhiban una credencial de Ferrocarriles Nacionales no les da derecho a nada: Juan Vergel

Carlos Hernández

Cinco familias de ferrocarrileros jubilados se "beneficiaron" de documentación que los avala como propietarios de los predios que se ubican en la Unidad Ferrocarrilera, sin embargo, el ayuntamiento de Xalapa rechazó que esas personas gocen de tal permiso; el director de gobernación, Juan Vergel Pacheco, advirtió que personas oportunistas están engañando a estas personas en hacerlos creer que se pueden quedar con los terrenos.

Alejandro Rivera Hernández, abogado defensor de las familias de ferrocarrileros, advirtió que estas familias llevan un proceso desde hace más de 60 años, desde la liquidación de ferrocarriles.

Explicó que se formó un fideicomiso en 4 etapas de construcción de uso para los trabajadores las cuales, según él, fueron designadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"A través de esos fideicomisos se les garantiza a ellos, la extinta empresa de ferrocarriles, para hacer la compensación que ellos ya tienen como trabajadores, lo marca la ley y su contrato laboral".

Detalló que en esa compensación se designan esas áreas y otras de país, para hacer garantía de cada uno de ellos el cual se manifiesta en decretos de hacer el beneficio a los trabajadores jubilados.

"Se especifica que el área es para ellos, para el municipio o para el estado; ya trae las coordenadas geográficas y ubicaciones colindantes y qué áreas pueden hacer uso. Los sindicatos ferrocarrileros saben cuáles son las áreas y son las que autorizan en primera línea lo que es el beneficio".

Rivera Hernández expuso que el 14 de agosto del año pasado se modificó el decreto para beneficio de la liquidación de Ferrocarriles, el cual solo tiene validez con la firma del presidente de la República, en este caso, el de Andrés Manuel López Obrador.

"La certeza jurídica la tienen desde 1982, cuando en el decreto se dan las coordenadas geográficas. No viene de un solo personaje o institución, esta viene del presidente de la República, que garantiza el uso de la areas".

Puntualizó que las familias solo pueden utilizar las áreas que les corresponden, ya que todo todo medido y topografíado, "el día de hoy esta ratificado, ampliado y apoyado por el presidente de la República ".

Es decir, que con esto les da el margen y libertad de hacer uso de estas áreas en consentimiento de los sindicatos.

Reconoció qué hay denuncias de otras zonas donde se van a seguir por oficio ante la Fiscalía Anticorrupción y de la Secretaría de la Función Pública.

Víctor Hugo Salazar Morales, pensionado de Ferrocarriles Nacionales de México, explicó que este martes cinco familias obtuvieron la documentación a través del Patronato, el cual les avala la propiedad de los predios que se ubican en la Unidad Ferrocarrilera.

"Nos faltan alrededor de 300 a 400 personas, a parte de los terrenos que tenemos en reserva todavía".

Justificó que por el simple hecho de ser ferrocarrileros, y ser esta una área federal, tienen derecho a los terrenos, "el litigio aún no se acaba, porque las autoridades municipales no quieren ceder, no quieren aceptar que son de nosotros los terrenos y que tenemos derecho, para ello te enseño mi credencial de servicio, para que no digan que no somos ferrocarrileros".

El entrevistado señaló que el ayuntamiento de Xalapa se excusa que estas familias no tienen los permisos ni acreditamiento del área, "que mayor acreditamiento que el que te estoy mostrando ahorita, mi credencial de ferrocarrilero, todo es de acuerdo con los decretos presidenciales, son federales los decretos, no son estatales o municipales, propiamente no tienen competencia".

No hay cesión de derechos a ferrocarrileros jubilados: ayuntamiento

El director de Gobernación de Xalapa, Juan Vergel Pacheco advirtió que a través de diferentes mecanismos se entregaron los terrenos, con sus respectivos documentos, a Kansas City Southern de México (KCSM), Ferrocarriles Mexicanos y al Ayuntamiento capitalino.

Precisó que en el caso del municipio se trata de un área de bosque de buscan preservar y garantizar que tenga un uso social. En entrevista, advirtió que personas oportunistas están engañando a las familias en hacerles creer que se pueden quedar con los predios.

"El que exhiban una credencial de Ferrocarriles Nacionales de México no (les) da derecho a nada, no da la oportunidad de adquirir u ocupar por la vía ilegal, o construir alguna casa o edificio, como ocurrió".

Explicó que por este motivo dijo que se clausuró un intento de construcción ilegal, "esta levantado un procedimiento en relación a fraccionamiento indebido".

Vergel Pacheco enfatizó que el Ayuntamiento cuenta con la escritura pública del polígono que corresponde al municipio, "es el interés de esta administración preservar y garantizar que se tenga un uso social y que se cuiden las características fundamentales de este bosque, que es la preservación".

Advirtió que no hay ninguna posibilidad que el ayuntamiento de Xalapa reconozca esta área como propiedad individual, es decir, para cada una de las familias que reclaman los terrenos.