Política

Propone el gobernador al Congreso local nuevos métodos de impugnación electoral

julio 08, 2020

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentó una iniciativa al Congreso del Estado que permitirá actualizar y modificar el Código Electoral con un nuevo modelo de impugnación contra las resoluciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

En este tema, los medios de impugnación consisten en: primero, el medio con que se se procedería contra los actos o resoluciones de los consejos electorales del OPLE. El segundo a través de un juicio de defensa ciudadana, que se aplicaría en situaciones donde se presuman violaciones al derecho a votar y ser votado. El tercero consiste en un juicio electoral, el cual se sometería contra las resoluciones del OPLE o nulidad de casillas.

García Jiménez también propuso la modificación de los ar-tículos 22 y 171 de la Ley Orgánica el Municipio Libre, con la finalidad de armonizar la elección de los ayuntamientos con los de diputados locales. Esto luego de la más reciente reforma constitucional que modificó de cuatro a tres años el periodo de los gobiernos municipales.

La reforma también contempla la preparación de los comicios electorales y el inicio del proceso electoral, por lo que el Consejo General del OPLE deberá sesionar en la primera semana del mes de enero del año a la elección.

El órgano electoral tendrá hasta la segunda semana de febrero, del año que se celebren los comicios, para la instalación de los consejos distritales y hasta el 31 de marzo –de ese mismo año– para iniciar el funcionamiento de los consejos municipales esenciales.

La modificación contempla que concluya el proceso electoral el 31 de agosto –del año de la elección– para el caso de la gubernatura y diputaciones; para los ayuntamientos deberá concluir a más tardar el 15 de septiembre.

La reforma especifica que estos términos se completarán única y exclusivamente cuando los triunfos hayan quedado firmes ante los órganos jurisdiccionales. Con la propuesta del mandatario estatal, se busca dar mayor certeza a los procesos electorales, asignar el financiamiento público a las organizaciones políticas para garantizar que correspondan tanto a partidos políticos locales como a partidos políticos nacionales con registro local.