Política

Arraigo, usado para torturar e incriminar a inocentes: RSDCIAC

julio 01, 2020

Es una figura contraria los derechos humanos y viola el Principio de Inocencia: CIDH

Los indígenas de Zongolica, Jorge Marcial, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López fueron detenidos por elementos de la Policía Federal en 2006 sin que existiera una orden de aprehensión, dos días después los vincularon con el secuestro del transportista Mario Zepahua, del que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no los encontró responsables, pero no obtuvieron su liberación porque fueron acusados de cometer terrorismo y fueron arraigados por noventa días, de este caso se ha confirmado que el arraigo en México es ilegal y con el estudio a fondo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se busca que el arraigo se elimine de la legislación penal.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC) ha venido acompañado a los indígenas nahuas y ha llevado el litigio de este caso desde 2006, que tiene que ver con la ilegalidad de la figura del arraigo en México, los abogados Ernesto Rodríguez Cabrera, Deeni Rodríguez López, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Obispo Vetero Católico Oscar Pérez Solano y Armando Vanegas coinciden que el arraigo es ilegal en México y se presta para cometer tortura contra el inculpado.

Con el número 13.016 se encuentra registrado el caso ante la CIDH. Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile viven en Astacinga, Veracruz, y son hermanos de un integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile, comandante Rafael, quién fue detenido el 25 de octubre de 1996 en Zumpango del Río, un municipio cercano a Chilpancingo, Guerrero, quién estuvo detenido en la base militar de Cumbres de Llano Largo, sede de la comandancia de la Novena Región Militar en Acapulco, Campo Militar de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, donde escapó el 22 de febrero de 1997.

El día 12 de enero de 2006, alrededor de las 10:30 de la mañana los indígenas Jorge, Gerardo y el mestizo Gustavo fueron víctimas de una detención arbitraria, por elementos de la Policía Federal cuando se encontraban a la orilla de la autopista Orizaba-Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, donde su automóvil había sufrido fallas mecánicas.

Los Policías Federales no les mostraron a los detenidos ninguna orden de aprehensión, ni les informan por qué delitos los detenían, sin embargo no fueron llevados rápidamente al Ministerio Público –que estaban a menos de media hora–, sino que los presentaron 8 horas después, hasta las 7 de la noche y no se les informa que estaban siendo investigados por el delito de cohecho.

El 14 de enero fueron trasladados a las oficinas de la Seido de la Procuraduría General de la República (PGR) en el entonces Distrito Federal, donde rindieron su declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, sin la asistencia de un abogado, aquí se les vincula con el secuestro del ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.

El 15 de enero por la noche, un agente de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) se presentó a las instalaciones de la Seido e imprimió varios artículos de Internet que relacionaban a las víctimas con los grupos guerrilleros; EPR y Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero.

El 16 de enero, el titular de la Seido ordenó su libertad, por no existir elementos que los vincularan al supuesto secuestro, salen en libertad bajo reservas. Pero antes de que pudieran salir de las instalaciones de la Seido, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (en adelante, AFI) los condujeron a la UEITA, diciéndoles que tenían que firmar documentos adicionales. Una vez en el lugar, informaron a los señores Jorge, Gerardo y Gustavo, que estaban acusados de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer terrorismo.

Allí los detuvieron y los hicieron firmar un documento en el que les informaban que estaban arraigados por noventa días por el delito de terrorismo. Sobre estos hechos, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la recomendación 20/2007, a favor de los señores Jorge, Gerardo y Gustavo, subrayando que a todas luces es una detención arbitraria, pero el gobierno mexicano es omiso a esta recomendación.

El 16 de octubre de 2008, el Juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito resolvió el recurso de apelación, dictando la absolución de las víctimas y el 27 de octubre de 2015 la CIDH otorga el Informe de Admisibilidad de este caso.

El 8 de julio se tendrá una mesa de trabajo en el 176 Periodo de Sesiones, de la CIDH, representantes del gobierno mexicano y Red Solidaria Década Contra la Impunidad, quienes representan legalmente a las víctimas.

En donde se dejará asentado que el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos responsables de delitos pero en la práctica es utilizado para poder obtener pruebas en contra del presunto responsable, es una figura contraria los derechos humanos y viola el Principio de Inocencia, además hay posibilidades que una persona sea torturada debido a que no existen controles legales y no hay revisión judicial de su aplicación.