Política

La punta del iceberg

junio 25, 2020

Apenas comienzan a ser visibles los efectos económicos negativos dejados por la pandemia de Covid-19, pues si bien desde la declaratoria de la cuarentena comenzaron las afectaciones a la economía, como es costumbre , los grupos sociales marginados que representan más de 70 por ciento de la población del país son quienes más han sido afectados por la parálisis de las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios.

Son prácticamente cotidianas las manifestaciones de ciudadanos cuyo sostenimiento depende de actividades relacionadas con la economía informal, desesperados por el alargamiento del encierro y sin manera, a plazo inmediato, de volver a generar ingresos. Pero también, otros grupos de la población han visto descarrilada su situación laboral. De acuerdo con datos oficiales, nueve de cada diez empleos perdidos por la crisis, de marzo a mayo pasados fueron de trabajadores que no ganaban más de dos salarios mínimos, es decir, 7 mil 400 pesos al mes.

Se trata de una afectación mayor a la ocurrida en recesiones anteriores, como las de 1994-1995 y 2008-2009. Y aunque se han puesto en operación programas de apoyo al empleo, éstos no han logrado evitar la afectación de los trabajadores más vulnerables.

Desde marzo, cuando fueron anunciadas las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de Covid 19, hasta mayo, se han perdido un millón 30 mil plazas formales, de acuerdo con registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Adicionalmente, 600 mil firmas están paralizadas y sin ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por analistas de BBVA.

Las cifras son abrumadoras. De los empleos perdidos, 92.4 por ciento fueron de trabajadores con ingresos equivalentes hasta dos salarios mínimos, lo cual, de manera directa, incrementó el nivel de sueldo promedio real, apunta un estudio de BBVA elaborado por Cervantes Arenillas con base en información del IMSS y el Inegi, circunstancia que hace que la actual recesión o crisis económica, sea totalmente diferente de otras experimentadas por México en el pasado reciente dada la intensidad y velocidad de su impacto en el mercado de trabajo.

Hasta el momento, la reducción de empleos durante la crisis de 1994 sigue siendo mayor en relación con el tamaño del mercado de trabajo, sin embargo, dado el grado de afectación de la economía, la incertidumbre sobre la reapertura económica, aunada a la falta de estímulos suficientes o bien focalizados para reactivar la economía, se prevé que la afectación del mercado de trabajo a mediano y largo plazos pueda ser mucho mayor, y la recuperación extenderse hasta comienzos de 2024 o más, en la medida en que se profundice la caída.

Esa baja de empleos no significa que se ha superado lo peor, pues según las cifras oficiales el saldo de la pérdida de trabajos formales en lo que va del año es de 838 mil, lo que borra prácticamente la creación de empleos de los últimos dos años y medio y coloca al país 29 meses atrás respecto de los niveles de principios de 2018. Y en ese escenario pesimista, en el que la pérdida de trabajos se ha dado entre los sectores más vulnerables y de menores ingresos, es previsible que en una segunda etapa la destrucción de empleos alcance a trabajadores con mayor nivel de remuneración.

Cifras del sector bancario revelan que unas 600 mil empresas del sector formal se encuentran en suspensión laboral y sin recibir ingresos desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, lo que hace muy probable que el cierre de compañías se incremente y sus empleados engrosen las filas del empleo informal, el desempleo y los niveles de pobreza laboral, siendo las micro y pequeñas empresas las más golpeadas.

De ahí que el reto para el Estado y para el sector empresarial sea mayúsculo. Convendría que ambos se pusieran de acuerdo para actuar en conjunto y paliar el daño a la economía, pues la punta del iceberg apenas se asoma.