Sociedad y Justicia

Solicitan compensación tras golpiza en Mariano Escobedo

junio 24, 2020

Orizaba, Ver.- A un mes del desalojo de que fueron objeto pobladores de la localidad Loma Grande, Mariano Escobedo, quienes exigían en el Palacio Municipal la liberación del Juez Auxiliar Heriberto Páez, por parte de oficiales de la Policía Municipal de Orizaba y de la Policía Estatal, aquéllos solicitan al Senado que evalúe un punto de acuerdo presentado por el senador Emilio Álvarez de Icaza, con el propósito de que se investiguen los hechos y se haga la reparación de los daños.

Los pobladores acompañados por su abogado, Marco Antonio Méndez de la Cruz, así como por el exalcalde de Mariano Escobedo, Ramiro Páez Muñoz, y el comandante de la policía comunitaria, Marco Antonio Vázquez Paz, señalaron que aunque ya se presentó la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) tal pareciera que está detenida y ahora se busca atraer la atención directa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo hicieron un llamado al gobernador para que a su vez instruya a la Fiscalía General del Estado (FGE) de modo que se dé el curso correcto a la investigación, ya que el día del desalojo hubo 42 personas detenidas y brutalmente golpeadas; 41 vehículos destrozados y cuatro menores de edad detenidos por más de siete horas.

Méndez de la Cruz expuso que derivado del desalojo, el señor Gelasio, de la comunidad de Chicahuaxtla, ya perdió un ojo, y existe un video en que se muestra cómo lo golpean y lo dejan tirado aun cuando pedía ayuda; no conforme con ello, no le brindaron la atención médica mientras estuvo detenido, aseguró.

"Queremos que se investigue a los elementos de la Policía Municipal que participaron (provenientes de): Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco…, y a la Policía Estatal, principalmente; existen videos en las redes sociales donde fueron flagrantemente golpeados, ultrajados, los automóviles destrozados, las personas en los videos se aprecia cómo no llevaban ningún arma, no representaba ningún tipo de peligro para las autoridades de seguridad pública. Los elementos consideramos se brincaron todo protocolo de actuación haciendo uso excesivo de la fuerza pública", dijo.

Detalló que luego de la detención de estas personas, se incurrieron en otras faltas como fue la presunta coacción de parte de autoridades estatales para negociar la liberación de las personas provenientes de la comunidad de Loma Grande.

"Una comitiva supuestamente representando a Gobierno del Estado encabezada por (Salvador Patricio Villar,) el (director) de Política Regional, y se nos obligó —yo estuve presente— a firmar un acuerdo en donde desistían de ejercer por la vía correspondiente la reparación del daño, la denuncia correspondiente por el abuso de autoridad a cambio de su libertad de los 42 detenidos".

El representante de los campesinos de Loma Grande subrayó que la forma de probar que existió tal situación, es por la ausencia de un acuerdo de retención y de libertad, ni de puesta a disposición, y además no hay multa administrativa.
"Ahora los habitantes que fueron detenidos tienen miedo de ratificar su denuncia ante la posibilidad de que tomen represalias y los detengan nuevamente. Por eso queremos hacer especial referencia y énfasis en el hecho de que no se ha presentado una denuncia en las instalaciones de la FGE precisamente por el temor que se tiene toda vez que fue el mismo lugar en donde fueron reprimidos, golpeados y destrozados en su patrimonio y sus bienes, las personas que hoy representamos", dijo.