Política

La opción militar

mayo 15, 2020

El presidente López Obrador ha legalizado la participación de las fuerzas armadas, Ejército y Marina, en doce tareas policiales específicas. La reacción al respecto ha sido mayúscula. No es para menos, por un lado parece contradecir la críticas que durante 12 años hiciera el presidente a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto que empaparon al país en sangre.

Varias organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales expresaron serias preocupaciones al respecto, entre otras cosas por falta de plazos y controles para su operación.

Lo cierto es que el acuerdo presidencial no es ni novedad ni sorpresa. Hace un año ya se contemplaba en la reforma que dio nacimiento a la Guardia Nacional.

El detalle es sustantivo, es la operacionalización de una ley que fue votada por los diputados y aprobada por todas las fracciones parlamentarias y se acota a 12 tareas de la seguridad pública. Éstas van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos de restablecimiento del orden público.

Una orden presidencial sustentada en la reforma constitucional que fue aprobada el año pasado para la creación de la Guardia Nacional; ésta habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas militares convencionales para funciones policiales. Tiene sentido si nos atenemos a las calamitosas condiciones de la seguridad pública recibidas por el actual gobierno.

Se trata, según el texto de dicha reforma, de un apoyo sólo para situaciones "extraordinarias" y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.

Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.

Hay quien dice que el acuerdo "quita la máscara" al militarismo de la seguridad en el país. Hay razones para pensarlo si nos atenemos a las amargas experiencias de doce años de guerra al crimen organizado.

Se acusa que un gobierno en verdad comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz "no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles". La crítica es justa pero, es claro, no es una decisión improvisada, al contrario. La orden presidencial faculta a las fuerzas armadas a intervenir y apoyar a en doce acciones distintas de seguridad pública contempladas en el Artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Acciones que van desde la instrumentación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.

Se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en éstos. En síntesis, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito, y se autoriza a las fuerzas armadas permanentes a colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el "orden público" y "reestablecer la paz".

El problema está en que el control, el mando y la supervisión de los elementos movilizados queda todo en manos militares.

Aun cuando la reforma constitucional del año pasado establece que la participación de los militares estará subordinada a un mando civil y bajo una estricta fiscalización y control, el acuerdo publicado ayer no desagrega cómo se hará esto. Lo que se señala es que tal intervención estará subordinada y será complementaria a la Guardia Nacional, fuerza que aunque por definición es una policía civil, opera bajo un mando totalmente castrense. Más de 80 por ciento de sus elementos estuvieron adscritos y fueron reclutados por el Ejército. En el cuarto punto del acuerdo se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con los titulares de la Defensa y Marina para operar la participación militar, pero no señala explícitamente que él se encuentre al mando de la colaboración.

En cuanto a la supervisión del actuar de las fuerzas armadas, el acuerdo sólo señala que las tareas de supervisión y control dependerán de los órganos internos de control de la dependencia que corresponda. Dicho de otro modo, las propias secretarías de la Defensa o de Marina. Se trata entonces de un control interno militar. Esto ha sido interpretado como un cheque en blanco.

Los críticos sostienen que en lugar de regular con límites, plazos y controles el apoyo del Ejército en seguridad durante los próximos cinco años, legaliza una amplia intervención en tareas que constitucionalmente son ajenas a las fuerzas armadas. Y puede ser. Es algo que debe ser discutido.

Se critica la falta de especificidad para poder a echar mano de de las fuerzas armadas. Lo cierto es que no se conoce realmente en qué capítulo se encuentra la conformación de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente está condicionada la participación militar.

De lo que no hay duda es que todo queda en manos del Ejército.

Las ONG coincidieron en que se trata de un paso que profundiza la militarización de la seguridad que desde hace dos sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad, en menoscabo del desarrollo de las policías en México. Esto es discutible, pero debe aceptarse que quienes lo señalan lo hacen con razón. Lo sucedido en los doce años de Calderón y Peña es una calamidad oceánica.

El tema ha sido abierto, es de esperarse por sanidad que la discusión al respecto sea robusta y que se den datos reales sobre las condiciones institucionales del Estado mexicano, que es donde radica el nudo del problema.