Política

Estupidez por agua

abril 28, 2020

Poco menos de 40 años de ideología y reformas neoliberales significaron el descenso en vertical de los índices de bienestar sustantivos para la inmensa mayoría de los mexicanos. Sin ningún argumento excepto la fe, la creencia de que el Estado debe ser apenas un facilitador de la iniciativa privada porque ésta es mejor para administrar los bienes y servicios públicos, los gobernantes neoliberales, educados todos en universidades norteamericanas a finales de los 70 y durante los ochenta, se convirtieron la nueva élite burocrática mexicana, heredera de los corruptos priístas que gobernaron el país durante el declive del Estado de bienestar mexicano, pero que jamás imaginaron los alcances de la camada neoliberal que llegaba de las aristocráticas universidades de la costa este estadounidense y llevaron las prácticas de corrupción a niveles de distorsión sistémica.

Tres subsistemas, pilares de la estabilidad que permitió índices de bienestar sin precedentes en la historia del país, y basadas en instituciones: el sistema de salud, la educación pública gratuita desde preescolar hasta posgrado y la diplomacia basada en el respeto estricto a la soberanía de los Estados y la no intervención colocaron al país como referente de vanguardia de los países por desarrollarse. El cambio de vía hacia la racionalidad neoliberal literalmente desmanteló al Estado de bienestar en todo el mundo, no sólo en México. Pero lo que los gobernantes mexicanos hicieron en el país no tiene calificativo. Lo traicionaron. Se subsumieron dóciles y apátridas a instrumentar a rajatabla el recetario antipático del FMI, el Banco Mundial y la OCDE.

Desmantelaron al Estado en todos sus niveles de gobierno, incluso el municipal. Gobiernos grotescamente corruptos como el de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, hicieron lo propio en el estado de Veracruz.

Un ejemplo referencial de ello es la privatización del servicio municipal de distribución de agua de la ciudad de Veracruz a favor del llamado Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento (o Grupo MAS) que desde hace una semana cortó el suministro de agua potable en la comunidad Mata Cocuite. Esto, en plena emergencia sanitaria, e iniciada la temporada estiaje en la que la temperatura medioambiental se eleva significativamente. Hace una semana que dicha empresa cortó la distribución de agua sin mayor explicación, si nos atenemos a las declaraciones de los afectados.

Cualquiera que haya sido la racionalidad con la que estos singulares empresarios basaran su despreciable decisión, es claro que es completamente injustificada. Incluso si existieran adeudos mayúsculos. Hay una inmensa irresponsabilidad y falta de empatía en una empresa de tales características. Cortar el servicio de agua en la parte critica de una pandemia mundial es no sólo irresponsable, sino criminal.

Es obligado revisar las reglas de juego para empresas de tal calaña y volver a la racionalidad, los servicios públicos no pueden ser proporcionados por empresas privadas porque va en contra de la idea misma del interés público.

Países donde el mismo modelo se instrumentó en la década de los 80 del siglo pasado, como Inglaterra, Holanda o Australia regresaron al esquema público porque simplemente es una total estupidez suponer que el interés privado se antepone al interés público en materia de servicios públicos. Es imperativo que se revise esa concesión y los diputados veracruzanos tienen una irrenunciable responsabilidad en la corrección del problema.