Política

Denuncian maestros fraude con préstamos

abril 25, 2020

Algunos docentes reciben $100 de sueldo y otros no cobran nada, señalan

Alrededor de 300 maestros de distintas partes del estado de Veracruz acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia en contra de Guadalupe del Sagrario Castellanos Rincón y quien resulte responsable de los ex funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por el presunto fraude, ya que bajo engaños les hizo solicitar préstamos con descuento a nómina y ese recurso fue remitido a cuentas bancarias bajo el dicho que se convertirían en socios de una empresa llamada Master Nómina y ahora algunos no reciben quincena y otros con depósitos de 50 y 100 pesos como pago quincenal.

El maestro Daniel Hernández del Ángel, integrante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), quien acudió a acompañar a los maestros ante la FGE, comentó que a pesar de las medidas de restricción ante el Covid-19, los maestros tuvieron que salir de sus casas, ya que su situación económica es difícil, y más se recrudece en estos momentos de pandemia.

Lupita (Guadalupe) del Sagrario Castellanos Rincón, una maestra perteneciente a la Sección 32 del SNTE, decía que estaba bien relacionada con autoridades y abusó de la confianza de los maestros, al grado que varios no reciben nada de salario, sus cheques fueron sobregirados, les falsificaron firmas.

Hernández Del Ángel comentó que a algunos maestros, sin su consentimiento, alguien de la SEV les metió créditos que en ningún momento habían solicitado, es decir, son demandas contra la maestra Lupita y otras contra Financieras que son alrededor de 40.

A los representados del MMPV, dijo, "los timaron" diciéndoles que serían accionistas de empresas financieras que manejaba Guadalupe del Sagrario Castellanos Rincón, ella se ostentaba como Master Nómina y un aspecto que se puede comprobar que fue fraude porque los maestros no dieron datos personales, como claves de trabajador de la SEV, y hay firmas falsificadas.

La SEV, dijo, tiene injerencia porque debe cuidar el salario de su personal y no le puede descontar toda su remuneración, sólo por ley está permitido el mínimo vital del salario que es el 30 por ciento, pero algunos maestros no reciben ni un peso como pago a su quincena.

La FGE recibió la documentación de los maestros, tendrán que ratificar su denuncia, entregaron cuatro cajas que contenía las pruebas de relaciones de funcionarios, de personas que fueron partícipes, dirigentes sindicales con la maestra Lupita, números de cuentas bancarias, pero que no se dieron a conocer públicamente para no dañar el proceso de investigación.

Pagaban $1600 pesos a personas para crear empresas fantasma

Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos.

Son los accionistas de empresas inexistentes que recibieron contratos del DIF estatal por más de 100 millones de pesos y que fueron detenidos el fin de semana pasado junto con ex funcionarios acusados de fraude específico.

Durante la audiencia de vinculación a proceso de este jueves contra diez ex funcionarios y "accionistas", la agencia de noticias AVC entrevistó a familiares de los implicacos quienes reconocieron que firmaron documentos, pero no son empresarios y tuvieron que conseguir dinero prestado para pagar un abogado y trasladarse a Xalapa.

Se documentó el caso de Luciano Sánchez Díaz, de 70 años de edad, quien es albañil, analbafeta y según el expediente ministerial accedió a firmar unos documentos porque un contador de nombre "Noé" (posiblemente ligado al referido despacho de López Gachuz) le pidió que "le echara la mano para constituir una empresa" a cambio de 5 mil pesos que, en realidad, nunca le pagó.

Luciano Sánchez, aparece como accionista de la empresa Ravsan Servicios Múltiples SA de CV, supuestamente constituida ante la fe del Notario Público número 2 del municipio de San Andrés Tuxtla, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel. Pero Sánchez sostiene que no ha ido a ese municipio, y que sólo firmó unos papeles que le mostró el referido contador "Noé" en Veracruz.

Entre las órdenes de aprehensión están las del exdiputado del PRI y ex tesorero Antonio Tarek Abdala, y del contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la operación de una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

La lista de los 25 imputados la componen nueve ex servidores públicos del DIF estatal y 16 accionistas y/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que le facturaron a dicho organismo. De esta lista 10 fueron detenidos.

De los detenidos, siete son socios o apoderados de las empresas Pefraco, Anzara, Rinoxa, RAVSAN Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Grupo Balcano y Centro de Negocios CERENE, que ya fueron calificadas de forma definitiva por el SAT como empresas que facturan operaciones simuladas.

La carpeta de investigación filtrada al portal Animal Político detalla las declaraciones de los socios accionistas y de funcionarios del DIF Estatal, y revela la complicidad de notarios de Veracruz.

De acuerdo con el portal, 12 personas que figuran como accionistas de las empresas fantasma rindieron declaración ante los fiscales. Todos confesaron que no son empresarios y que, en general, accedieron a firmar papeles cuyo contenido no conocían, o que en el mejor de los casos les dijeron que estaban relacionados con alguna empresa, pero sin saber que serían utilizadas para desviar recursos públicos.

Peritajes practicados a los contratos concedidos por el DIF de Veracruz a estas compañías fortalecen la versión de estos falsos empresarios, pues se confirmó que sus firmas fueron falsificadas en los documentos, que también se había evidenciado en el reportaje publicado por Animal Político en 2016.

Ocho de los 12 falsos empresarios laboraron como trabajadores o colaboradores eventuales del despacho de López Gachuz. Entre ellos hay una secretaria, una recepcionista, dos trabajadores de mantenimiento, una auxiliar de oficina, un mensajero, un velador, y una auxiliar de contabilidad.

Con engaños y promesas los llevan a firmar

El señor Pedro Francisco Corona Montes dijo que su jefe en el despacho le propuso que si firmaba unos papeles y daba una copia de su credencial de elector le ayudarían con 1 mil 600 pesos mensuales, pago que recibió por aproximadamente 5 meses. Añadió que a "varios compañeros de mantenimiento" los usaron de la misma forma.

Otros cuatro accionistas de las compañías fantasma que rindieron declaración no eran empleados del despacho pero sí personas de bajos recursos que, afirman, por casualidad conocieron a alguna persona que les propuso firmar documentos a cambio de algún apoyo. Entre ellos hay un chofer de mudanzas, una estilista, y un monitorista.

Los accionistas revlearon que fueron "fueron llevados" ante oficinas que podrían haber sido las notarías y que ahí les indicaron el papel a firmar directamente pero sin que les explicaran nada más. Pero el resto afirma algo peor: que ni siquiera fueron a las notarías a realizar el trámite y que sólo firmaron papeles que la persona que los convenció les entregó.

Es el caso de Moisés Jiménez García, accionista de la empresa Anzara SA de CV, que fue constituida, según su acta constitutiva, ante el Notario Público numero 19 del municipio de Fortín de las Flores, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto. Pero en su declaración, Jiménez señala que él nunca ha ido a ese municipio, y que el papel que firmó se lo dio un licenciado en Boca del Río.

Otros notarios que constituyeron empresas fantasma en actos simulados según las declaraciones asentadas en la investigación fueron el notario 29 de Veracruz, Julio Alejandro Hernández Gallardo; el Notario Público número 10 de Córdoba, Francisco Montes de Oca López; y el notario número 11 en Boca del Río, Alberto Javier Robles MIjares.

Ex funcionaria del DIF confiesa que ella queria denunciar

En el expediente también se encuentran asentadas las declaraciones de al menos cinco ex funcionarios del DIF estatal en el periodo en que Karime Macías lo presidió. La mayor parte de ellos coinciden en que se registraron irregularidades en los procesos de contratación de bienes, y dos de ellos sostienen haberse negado a participar en peticiones que consideraban ilegales.

El testimonio clave es el de Laura Elena Vega Martínez, quien laboraba como jefa del Departamento de Licitaciones del referido organismo gubernamental. Lo que la exfuncionaria confirma es que a las licitaciones se invitaba directamente a empresas que le ordenaban sus superiores, que los oficios de invitación no se entregaban a las empresas sino a personas sin identificar, que se elegía luego a la "propuesta" que resultara más barata y que los fallos tampoco se entregaban a representantes de las compañías sino a sus jefes.

Vega Martínez sostiene que le llamaba la atención que siempre le pedían invitar a las mismas empresas y que incluso le llegaron a pedir (y así lo hizo) que firmara los contratos en el apartado que correspondía al apoderado de la empresa ganadora de la licitación.

Reconoce que hizo todo esto porque se lo ordenaba su jefe inmediato, Víctor Manuel Carrizo Yobal, subdirector de recursos materiales, quien a su vez le decía que eran instrucciones directas de "la señora", como se referían a Karime Macías. Incluso se justificaba el simular las firmas en los contratos bajo el argumento de que el DIF necesitaba ciertos bienes y de que los proveedores ya estaban de acuerdo.

La ex funcionaria añade que luego de que se enteró por un "reportaje de Animal Político" que las empresas a las que se habían adjudicado los contratos eran fantasma, y de que en 2017 la citaron por primera vez a declarar, ella quiso confesar todo pero se desistió por una advertencia que le hizo Carrizo.

"Me dijo que no fuera a decir nada porque me iba a meter en problemas y a él también, porque eran personas peligrosas las que estaban involucradas en estos temas", añadió Vega Martínez.

Finalmente, la ex funcionaria dijo que decidió confesar todo ahora porque no quiere problemas con la justicia y de ser posible busca que le den una salida alterna que evite que termine en prisión. Además, hizo responsable de lo que le llegue a pasar a ella o a su familia a todos sus superiores, pues consideró que lo que le dijo Carrizo Yobal era una "advertencia".

En el expediente también se encuentran testimonios de ex funcionarios del DIF que estaban a cargo de inventarios y de la bodega central del organismo, quienes señalan que nunca ingresaron, al menos a ese sitio, los bienes que supuestamente se habían adquirido en los contratos.

Una de esas ex funcionarias, Gladys Elizabeth Hernández Marín, analista contable del área de almacén, dijo que incluso su entonces jefa, María del Socorro Pérez Castillo, le llegó a pedir que ingresara al sistema la recepción de bienes de los que no había prueba documental creíble de que se hubieran entregado, a lo que se negó y por ello fue relegada de su puesto.