Sociedad y Justicia

Anuncia Heineken medidas para proteger derechos de su personal

abril 06, 2020

Orizaba, Ver.- Los dos pilares de la economía local, la industria y el comercio, arrecian su parálisis y con ello tambalean la frágil estabilidad de las familias de la zona; el comercio redujo su actividad casi al mínimo, salvo el informal, que aún permanece activo; Cervecería Heineken, desde este lunes detiene el 70 por ciento de su producción; más hoteles pararon sus actividades. En Zongolica, el alcalde anuncia sanciones económicas contra aquellos que, injustificadamente, no acaten el confinamiento.

Primero, otro de los emblemas empresariales de la zona, la industria cervecera, ahora con la razón social, Cervecería Heineken México, anuncia que, a partir de este lunes, su actividad se reduce al 30 por ciento de su capacidad laboral, pues sus operaciones al interior de esa planta se mantendrán al mínimo "para mantener sin daños el equipo".

De hecho, los comités sindicales de las cuatro plantas que integran este complejo empresarial, Nogales, Ixtaczoquitlán y Orizaba, negociaron con los apoderados legales para definir la forma del paro de producción. El primer acuerdo al que se llegó fue que sólo el 30 por ciento de operadores al interior de la planta se queda para mantener en funciones maquinaria que no puede detenerse, y para dar mantenimiento a otras más.

En el segundo acuerdo, según se dijo, "los mil 500 trabajadores del complejo cervecero, basados en la cláusula 38 del Contrato Colectivo de Trabajo, recibirán su salario completo, la mayoría con vacaciones adelantadas y con ello protege también sus ingresos". El tercer acuerdo se centra en el hecho que para fin de mes, o bien, a principios de mayo, la empresa pague utilidades, con lo que las familias de cerveceros podrán hacer frente a la cuarentena por el Covid-19 y quedarse en sus casas".

El mismo documento señala que la planta de Orizaba, por su capacidad productora, "no puede suspender la producción porque habría un problema técnico y se dañarían los filtros de la elaboración de cerveza, y eso podría generar pérdidas incuantificables. No pueden apagarse todos de momento. En Sílices de Veracruz SIVESA Orizaba se aprovechará para darle mantenimiento al horno A y limpiar filtros".

El acuerdo indica que la mayoría de los obreros "se van con vacaciones pagadas todo el mes de abril, sin perder derechos ni prestaciones. No hay despido de trabajadores en ninguna de las cuatro fábricas". La misma empresa, el fin de semana pasado, difundió el listado de los operarios que descansarán durante todo este mes".

En el mismo documento se precisa que la empresa Heineken "ejecuta un plan para reducir al mínimo sus operaciones en plantas, salvaguardando el cuidado al medio ambiente y con el objeto de evitar efectos irreversibles que pudieran imposibilitar la reactivación de su actividad económica, plan que habrá de culminarse a más tardar el día 5 de este mes de abril. Heineken México reafirma su cumplimiento con el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), ante el cual hemos emprendido oportunamente el proceso de implementación de las medidas dispuestas por la autoridad, para hacer frente a la pandemia que aqueja al país. Asimismo, estamos ejecutando un plan para reducir nuestras operaciones en plantas al mínimo, salvaguardando el cuidado al medio ambiente y con el único objeto de evitar efectos irreversibles que pudieran imposibilitar la reactivación de nuestra actividad económica".

Se garantiza el abasto

En el mismo dato se da a conocer que no habrá desabasto del producto: "a nuestros consumidores les informamos que podrán seguir adquiriendo nuestros productos en existencia, en puntos de venta y en apego a las disposiciones que dicten las autoridades correspondientes. Los tiempos demandan la suma de esfuerzos para enfrentar la situación. En momentos como estos nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, la salud, la vida y el bienestar de todos".

El sindicato sin postura oficia

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Obreros y Artesanos de la Industria Cervecera y Conexas, Ignacio Rodríguez Téllez, no ofreció información alguna, sin embargo, trabajadores de la misma planta revelaron las determinaciones, así como la información en documento pegado en su tablón de avisos, en que se especifica los términos del paro, en tanto se espera el cese de la pandemia.

En Orizaba, disminuye aún más la actividad comercial

En tanto, este fin de semana más comercios decidieron para sus actividades. De hecho, otro de los baluartes del sector hotelero, el hotel L´orbe, igual anunció su cierre temporal. Lo mismo sucede en la mayoría de los comercios del centro de la ciudad, especialmente aquellos cuya actividad no es esencial, aunque hay algunas zapaterías, tiendas de ropa, bisutería y de otros giros que aún permanecen activos.

Pese a la restricción y los llamados de quedarse en casa, en el centro de la ciudad este domingo aún se vio una gran actividad de personas que de plano violaron la restricción en los parques y los usaron para descansar o bien para comer en plena contingencia.

Zongolica sancionará a quien no se queda en casa

El municipio de Zongolica es el único que endureció sus medidas de acceso a su territorialidad, ahora, su alcalde Juan Carlos Mezhua Campos anunció la aplicación de medias más restrictivas, pero al interior del mismo municipio, de hecho, hizo el exhorto "a los comerciantes, transportistas y público en general a que cumplan las indicaciones del personal que aplica las medidas preventivas y sanitarias en la declaratoria de emergencia, ante la pandemia del Coronavirus Covid-19".

La declaratoria señala que "cualquier persona física o moral que se oponga, resista o dificulte la implementación de las medidas previstas será sancionada en términos de lo previsto en los artículos 101, 102, 103, 104 y demás relativos y aplicables de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz". En ella se establecen sanciones desde la amonestación y multa que puede ir hasta los 5 mil días de salario mínimo; como en los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; o utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones; al respecto detalló que no se han aplicado sanciones económicas hasta el momento, sólo amonestaciones.

Este es el único municipio de la sierra de Zongolica que, hasta este momento, aplicó medidas restrictivas tanto para su ingreso como para el transitar de aquellos que están al interior. En el resto de los municipios, ningún alcalde se ha pronunciado por estos temas.

Exigen no discriminar a pacientes

La discriminación de pacientes por Covid-19 se enfila a ser otro de los problemas que se generan desde la crisis sanitaria. De hecho, la "Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH" exige a los tres niveles de gobierno la anulación de sanciones, punitivas y económicas, contra los enfermos que no revelen sus padecimientos, e igual, evitar la instauración de toques de queda; "son violatorias a la misma Constitución de la República".

De hecho, la coordinadora de esta agrupación, Patricia Ponce, pone como antecedente la postura que el pasado 29 de marzo asumiera el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, "quien en sus redes sociales manifestó que toda aquella persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con Coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar posibles nuevas infecciones, podrá hacerse acreedora a una pena de hasta tres años de cárcel y una multa de 86 mil 800 pesos".

Esa postura, dice, se aplica "con base en el artículo 189 de Código Penal de Yucatán, titulado el peligro de contagio, en cuyo contenido menciona que se considera que comete dicho delito quien, sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad grave, transmisible en período infectante, de manera dolosa tenga cópula o por cualquier otro medio directo ponga en peligro de contagio la salud de otras personas".

El 25 de marzo, se precisa, "el gobierno de Chihuahua publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Chihuahua el acuerdo 049/2020 para dar a conocer las medidas que tomará para prevenir nuevas infecciones de Covid-19 en la entidad federativa, entre el 25 de marzo y el 20 de abril. Entre estas, se determinó que aquellas personas que presenten sintomatología vinculada con el Coronavirus y no lo informen de inmediato a un médico o a las autoridades de Chihuahua, podrán ser investigadas por la posible comisión del delito de peligro de contagio previsto en el Código Penal del Estado".

Dicha medida se basa en el artículo 157 del Código Penal de Chihuahua, que considera que comete el delito de peligro de contagio "quien sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio a otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia".

La misma medida impone una condena de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 300 días de multa, y señala, "a la par, el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, estableció que como parte de la respuesta al Covid-19, aquellas personas que lo hayan contraído y no cumplan con las medidas de sanidad y aislamiento correspondientes o lo distribuyan a propósito (sic), podrían ser sancionadas con hasta dos años de prisión y multas económicas de entre mil 737 y 86 mil 880 pesos".

La disposición se basa en el capítulo sexto del Código Penal de Puebla, que considera que comete el delito de peligro de contagio "quien sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona".

Sin embargo, señala que todas estas medidas "se contraponen al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho a la no discriminación por condición de salud, así como a las recomendaciones internacionales en materia de respuesta al Covid-19".

Estas disposiciones, explica, "además de no ser aplicables debido a que las personas, al salir de casa, desconocen si se han infectado o no del nuevo Coronavirus, cabe resaltar, que la mayoría de instituciones de salud no cuentan con pruebas de diagnóstico de Covid-19, pues en este momento, en México, las pruebas se aplican sólo a los casos graves y severos que están en hospitalización y a una muestra de 10 por ciento de casos leves que están siendo atendidos en casa".

Asimismo, "las medidas propuestas contradicen el comunicado emitido, el pasado 16 de marzo, por integrantes de las áreas de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del cual hacen un llamado a los Estados a que cualquier respuesta de emergencia al Coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria, así como a las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, quién ha hecho un exhorto a los gobiernos a brindar soluciones para la pandemia desde un enfoque holístico, para proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos".

Igual, se explica, "se debe recomendar que los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del Covid-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se incurrir".

Por esas razones, la Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH, subraya, "hacemos un llamado a los gobiernos de Chihuahua, Puebla y Yucatán, en particular, y a todas las autoridades federales, estatales y municipales encargadas de dar respuesta a la pandemia de Covid-19 a, primero, anular las medidas propuestas de sancionar bajo el delito de peligro de contagio a quienes, por diversas circunstancias, no revelen a las autoridades su condición de salud o la sintomatología asociada al Covid-19. Igual, evitar la instauración de toques de queda y medidas coercitivas similares para obligar a la población a mantenerse en sus domicilios; diseñar medidas para evitar e inhibir aglomeraciones evitando vulnerar los derechos humanos de las personas; establecer las medidas necesarias de detección, monitoreo y seguimiento de casos de Covid-19 con base en evidencia científica".

Además, se pide, "proponer medidas de prevención de nuevas infecciones basadas en evidencia científica y con la proporción de insumos suficientes, como alcohol en gel, agua y jabón en los lugares públicos, para que la población siga las recomendaciones de higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS); garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en cada una de las estrategias implementadas para hacer frente a la epidemia; diseñar una estrategia económica a favor de las familias mexicanas, sobre todo, para aquellas cuyos ingresos dependen de sus actividades diarias o aquellas cuyos integrantes han sido despedidos o enviados a casa sin goce de sueldo".

Mantener informada a la población, prosigue, "de manera clara y precisa, sobre la situación del Covid-19, desde un enfoque de derechos humanos y libre de estigma y discriminación; revisar los 30 Códigos Penales estatales y el federal, donde se considera el delito de peligro de contagio, ya que es una recomendación internacional basada en evidencia científica, evitar este tipo de medidas punitivas para dar respuesta a las epidemias. La criminalización no es una respuesta basada en evidencia científica a los problemas de salud pública, debido a que estigmatiza a las personas más afectadas y genera menos posibilidad de atención y prevención en esa población. El uso de la ley penal impacta en la salud pública al crear barreras para la prevención, las pruebas, la atención y el tratamiento, pues las personas sienten miedo de revelar su estado o acceder al tratamiento por temor a ser sancionadas penalmente. En estos momentos, la respuesta al Colvid-19 exige la utilización de los mejores recursos disponibles en aras del mayor beneficio posible para la población, por lo que su implementación con una perspectiva de derechos humanos es fundamental en esta y todas las epidemias", concluye.