Política

La Fiscalía de la República y la Suprema Corte, botín de corrupción e impunidad

marzo 27, 2020

No hay duda, es plan con maña, es decir, creamos el conflicto y en su solución está la ganancia descomunal en detrimento de la nación, o como dicen los contratistas, "en el bacheo está el ganeo", o como ya se vio con el Fobaproa, en que las deudas privadas se convirtieron por Zedillo en deudas de la nación y ahí estamos hundidos.

Lo anterior viene en relación al responsable manejo de la crisis reciente, con motivo del Covid-19, en que el presidente López Obrador no infundió miedo, por el contrario, animó a la nación a mantener la calma, en tanto, sus adversarios, dueños de los medios de comunicación, hablaban de un manejo irresponsable porque ya querían que se declarara el estado de sitio, cuando lo recomendable era la prudencia, y no cambiar la jugada, hasta que se demostrara la necesidad de la medida ruda, esto es, observar las determinaciones científicas necesarias, como es lo que ocurre ahora, con medidas drásticas para que no se propague el contagio.

Si el presidente López Obrador es responsable, constitucional , social y políticamente de lo que sufra el país, ya se verá que no se llegará al extremo de endeudar más el país, con un crédito para hacerle frente a la contingencia y , en todo caso, de ser necesario, puede decretar que el salario de los servidores públicos del país, se reduzca a la mitad, habida cuenta que es descomunal en razón de lo que está establecido en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual prevé, en términos del artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que el Presidente, y como se ha visto, la resistencia de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos, se niegan a su observancia, con apoyo en la concesión de suspensión concedida por el ministro Pérez Dayan, en contravención al artículo 64 de la ley que reglamenta las acciones de inconstitucional de una ley.

Cuando se dice, y no sin razón, que la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan un botín en materia de corrupción e impunidad –son los que persiguen a los delincuentes e imparten justicia– es porque una forma de justificar mayor presupuesto para sus funciones , es porque se acumulan los juicios y el rezago se alimenta en la irresponsabilidad de quienes sirven a esas instituciones, y así lo ha reconocido el actual fiscal Gertz Manero y el ministro presidente de la Corte, ante la serie de intereses mezquinos que medran en las mismas instituciones .

Los resultados en impartición de justicia son desastrosos, podría decirse criminales. Si se audita el manejo irresponsable de los recursos que la nación les ha destinado, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía y la Suprema Corte, sin duda que tendrían que estar en la cárcel los responsables, sin embargo, ante la complicidad o el silencio, es la vista gorda lo que sobresale, y para decirlo en palabras del fiscal de la nación: "se compraron a precios exorbitantes, mediante sospechosas o ilegales adjudicaciones directas cámaras, drones, equipos aéreos, patrullas, vehículos denominados rinocerontes blindados, y todo tipo de equipamiento sofisticado para espionaje que sirvió para organizar montajes sensacionalistas y grotescos, así como para espiarse entre poderosos, exhibiendo mediáticamente sus luchas intestinas por el botín político".

Sin el menor recato, el fiscal abunda: "Es así como se ha venido construyendo la gran estructura de complicidad y encubrimiento de esta desgracia social que el país tiene que soportar día con día". En síntesis, la magnitud del fracaso y sus daños abrumadores obligan a un cambio legal y administrativo que produzca resultados tangibles y control a la deshonestidad.

De lo anterior se colige que las detenciones de Lozoya, Ancira, Robles, García Luna, Collado, no son chivos expiatorios, por el contrario, existen elementos para juzgarlos y aún está pendiente Medina Mora, ex ministro que renunció a la Corte, magistrados y jueces, ex gobernadores y demás familia priísta y panista que viven en el anonimato hoy, pero que han traicionado al país, siendo hoy poseedores de riquezas indebidas.

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