Política

Alentadoras

febrero 14, 2020

A un año del cambio de gobierno, el cambio del sistema parece ir por el camino correcto. Ha habido notables beneficiarios del régimen anterior que fueron aprehendidos y están en proceso. Juan Collado y Rosario Robles, entre ellos. No poca cosa si nos atenemos a lo que representan. Sobre todo, la detención de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, protagonista y operador de dos escándalos de corrupción referenciales de los años recientes, plenamente asociados a las gestiones administrativas de Enrique Peña Nieto, una como gobernador del Estado de México, y la otra como Presidente de la República. Esto es, las relaciones inconfesables son incestuosas entre corruptores y corruptibles.

En un país con un sistema legal constituido, es imposible la corrupción a menos que exista el beneplácito de algún tipo de autoridad. Dependiendo del tamaño y alcance del acto corruptor.

Hoy, simplemente no hay forma de explicar el desempeño en el país de las empresas OHL y Odebrecht sin la anuencia y colaboración con los gobiernos de Enrique Peña Nieto. Por eso, luego de la aprehensión de Lozoya Talman, es inevitable pensar en la posibilidad de que por fin en México haya consecuencias por lo resultante de la corrupción. Alentador si nos atenemos a que fue ése precisamente el mandato del voto en la elección federal.

Es de esperarse que en Veracruz se aclaren y haya consecuencias por las condiciones en las que está el estado. El ex gobernador en prisión, Javier Duarte de Ochoa, tiene aún cosas por aclarar en materia del desempeño en el estado de ambas empresas durante los años de su gestión de su inconcluso gobierno. Una por la construcción del libramiento de Xalapa (OHL), el más caro del país; y otro para la construcción (Odebrecht), suspendida por la movilización de los pobladores de Jalcomulco, de una represa en el río Pescados para la generación de energía eléctrica. Hasta el momento se ha logrado suspender la construcción de la represa, cosa que está muy bien. Pero los veracruzanos llevan varios años de pagar sobreprecios de peaje ofensivos por el uso del libramiento de Xalapa.

Se han hecho públicas ya las formas de aproximarse al funcionario potencialmente corruptible de esas empresas.

La aclaración del abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, de que su cliente no se mandaba solo apunta a que, ahora sí, se está armando un caso serio en contra de funcionarios paradigmáticos por su venalidad. Falta desde luego mucho por ver, pero habrá que estar especialmente atentos en las consecuencias potenciales que ambos casos tienen para quienes pusieron al país en la precaria situación en la que se encuentra ahora.