Política

Seguro Popular fue un mar de corrupción

febrero 09, 2020

El centro de la polémica por la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi se encuentra básicamente en que buena parte de los miles de millones de pesos durante su operación fueron objeto de la depredación corruptora de autoridades estatales y federales. Como ejemplo, un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el año fiscal del 2013 detectó una serie de irregularidades en el manejo, uso, destino y transparencia de los recursos públicos orientados a la ejecución del programa Seguro Popular.

En esa ocasión, Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, hizo llegar a la LXII Legislatura el informe de la Cuenta Pública de 2013, donde se manifiestan observaciones a casi el 50 por ciento de los estados de la República Mexicana, destacando la opacidad en la rendición de cuentas como práctica habitual, pues tan sólo en ese periodo desaparecieron 4 mil millones de pesos.

La deshonestidad en el manejo del dinero destinado a la salud en los gobiernos estatales sentó las bases para que se replanteara el modelo de atención, y si bien el Insabi se encuentra en un complicado proceso de construcción con temporales circunstancias de desabasto de medicamentos y desatención médica a miles de familias, el daño fue irreversible. E.n aquel informe aparecen varios estados que no lograron transparentar ni justificar el uso del dinero público para ese propósito. Por ejemplo, Michoacán esfumó mil 272 millones de pesos, 45 por ciento de su presupuesto destinado al programa del Seguro Popular. En Veracruz, las irregularidades ascendieron a mil 597 millones de pesos, 35 por ciento del presupuesto del programa de la entidad.

Otras irregularidades por cientos de millones de pesos se presentan en Jalisco, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo. Curiosamente existía otra coincidencia. Esos estados donde se extraviaron miles de millones de pesos estaban gobernados por el PRI y por el Partido Verde.

Como se sabe, los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación no causaron ningún efecto penal o resarcitorio, pese a que era sabido quiénes eran los responsables del manejo desaseado de ese dinero público, y el Seguro Popular siguió siendo utilizado como la caja chica de gobiernos corruptos.

Nada se sabe de dónde fueron a parar esas enormes cantidades de recursos, desviados de su propósito original de atender a la población vulnerable que se cuenta por millones de mexicanos, quienes ahora están a la espera de que el Insabi comience a operar de manera eficiente y transparente, pues la atención médica y la salud pública son un derecho que garantiza la Constitución.