Política

A propósito de la obesidad

febrero 06, 2020

Hace varias décadas que el país acusa problemas graves de salud por obesidad mórbida. La obesidad es una enfermedad de causas múltiples, involucra aspectos genéticos, de estilo de vida y hasta ambientales. Ocurre cuando la ingestión de calorías excede al gasto energético, por lo que hay un aumento en los depósitos de grasa corporal y, en consecuencia ganancia de peso. Es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, cardiopatías, accidentes vasculares cerebrales, hipertensión arterial, colesterol maligno, enfermedades osteoarticulares y algunos tipos de cáncer como el de mama y próstata. En los niños, la probabilidad de muerte prematura así como obesidad y discapacidad en la edad adulta.

Es una pandemia mundial asociada indisolublemente al modelo económico capitalista neoliberal. Los corporativos de la industria alimentaria se han apoderado del mercado, distorsionándolo con una inmensa oferta de alimentos procesados de todo tipo. Es común topar con ellos en todos lados. Prácticamente, todos los productos procesados contienen cantidades significativas de azúcar, con el fin de hacerlos adictivos.

La adictividad ha sido comprobada científicamente. La industria alimentaria lo sabe desde hace décadas. Pese a ello, en el país ésta ha logrado maniobrar para que el etiquetado de los alimentos procesados permaneciera completamente críptico. Ello, por la corrupta y aceitada complacencia de los gobiernos y funcionarios neoliberales. Durante muchos lustros, la industria alimentaria en México ha evitado, boicoteado y presionado para que la ley de etiquetado que informaría al respetable de lo que se está metiendo al cuerpo sea completamente críptica para el consumidor.

Pero el martes pasado, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma –en la Ley General de Salud– para cambiar las etiquetas de productos procesados con alto contenido en azúcares y grasas saturadas.

No es poca cosa, porque, por fin, esta legislación impone el etiquetado frontal con mensajes de advertencia explícitos, con el objetivo de brindar información nutricional clara, por primera vez desde la ridiculez de formalidad críptica con la que funcionó desde su aprobación, y reducir los altos índices de sobrepeso que afronta el país.

La obesidad afecta al 32,4 % de la población nacional (Secretaría de Salud) y México es el segundo país con mayor sobrepeso después de Estados Unidos. Lo que tampoco es poca cosa. Por fin, México ingresa al grupo de países latinoamericanos que implementará advertencias en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas (Chile lo hizo en 2016, Uruguay 2018 y Perú habrá de discutirla este año).

Una vez revisada por el Senado, la reforma obligará a que todos los productos envasados que salgan a la venta incluyan etiquetas negras con una advertencia sobre sus contenidos: "Alto en calorías", "Alto en sodio", "Alto en grasas saturadas".

La mayoría de los mexicanos ignoran las cantidades recomendadas por los organismos de salud multilaterales; el etiquetado da el mensaje final con absoluta claridad, sin lugar a malas interpretaciones y diametralmente diferente a la simulación de etiquetado vigente de los últimos gobiernos. Falta por ver las medidas adicionales que se instrumenten, el etiquetado es un avance importante, pero nada más. De poco servirá si no va acompañado de políticas sanitarias, de campañas de reeducación alimentaria escolar y en medios de comunicación.

Bajar la obesidad en los niños es una prioridad nacional. Por muchas razones. Basta una, se trata del futuro nacional. Son tiempos oscuros éstos, ya se ha dicho. La industria alimentaria corporativa se molestará, presionará y probablemente hasta conspirará en contra los cambios que se instrumentan. Pero disminuir la obesidad y las distorsiones alimentarias, particularmente en la infancia, es de interés nacional. Requiere, sin embargo, de una batería de políticas públicas intencionadamente enfocadas incidir la corrección del problema. Políticas y decisiones que aún están por verse.

El caso veracruzano al respecto merece especial atención por el gobierno del estado, independientemente de lo que haga el gobierno federal. Se precisan decisiones locales en materia de la corrección del problema y éstas decisiones deben ser explícitas y públicas.