Política

Presenta ciudadanía al Congreso federal iniciativa para una Ley General de Aguas

febrero 05, 2020

Veracruz se sumó a la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que ayer se entregó al Congreso Federal. Uno de los puntos significativos para el estado es que en esta iniciativa se prohíben la minería tóxica y la técnica de fractura hidráulica (fracking) que amenazan regiones veracruzanas. También contempla que pueblos originarios de cada asentamiento decidan sobre la utilización del agua; en el estado hay por lo menos ocho comunidades indígenas que han luchado en contra del uso indiscriminado y de la contaminación de ríos y manantiales. Como se sabe, el agua se está convirtiendo en un gran negocio y hay muchas empresas que quieren lucrar con el vital líquido, sostuvo Gerardo Alatorre Frenk, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

El investigador de la Universidad Veracruzana, acompañado por integrantes de Lavida, señaló que las comunidades indígenas tienen el derecho a decidir sobre el agua en sus territorios y ese es un punto muy importante para Veracruz y todas las regiones y las sierras habitadas por los pueblos indígenas, porque eso les va a ayudar a impedir cualquier obra que se quiera llevar a cabo.

Otro punto importante, apunta Alatorre Frenk, es la democratización de los consejos de cuenca, porque hoy hay una estructura muy poco democrática, pues personas de las colonias y rancherías no tienen voz ni voto que se autorice en sus territorios, en sus terrenos y si se logra que pase la iniciativa ciudadana de la Ley de Agua, lograremos que esas decisiones se tomen más democráticas y equitativas.

Ayer fue entregada la iniciativa ciudadana, respaldada por 198 mil firmas y con la participación de 400 organizaciones, pueblos, universidades e instituciones de investigación en el proceso de discusión y elaboración de la iniciativa, que propone:

"Establecer procesos consensuados de planeación para enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país, restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y establecer esquemas de apoyo para sus labores de restauración y defensa de las fuentes del agua del país.

"Establecer criterios objetivos de sustentabilidad medibles como condición para el otorgamiento de concesiones, para así restaurar las cuencas y acuíferos y poner fin al ejercicio arbitrario de la autoridad que ha autorizado el uso de aguas nacionales para proyectos demandantes de agua en zonas de alto estrés hídrico, como Constellation Brands en Mexicali, Goldcorp en Zacatecas y Modelo en el Acuífero Apan, Hidalgo.

"Democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales, haciendo obligatoria la distribución equitativa del agua a todos los hogares y cerrar la puerta a la privatización de sistemas municipales y de obras hidráulicas.

"Permitir la aplicación de recursos públicos solo en obras aprobadas a través de una Evaluación de Costo-Beneficio Social, Económico y Ambiental, para poner fin al despilfarro a favor de megaproyectos hidráulicos con costos excesivos y de cuestionable valor de cada sexenio (como el Emisor Oriente, la Planta Atotonilco, las obras hidráulicas de NAICM, Presa y acueducto Zapotillo, entre otros).

Crear un Dictamen de Impacto Sociohídrico, que bloquearía la autorización de cualquier obra o actividad que vulnere el derecho humano al agua de las comunidades y establecer políticas fiscales y tarifarias que reemplacen el esquema de subsidios indirectos para grandes usuarios, con el cual quienes tienen mayores beneficios económicos del aprovechamiento de aguas pagarían derechos para cubrir el costo de manejo y renovación de las aguas que utilizan y cubrir el costo de las obras requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para toda la población, no permitir el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking.