Política

La salud como negocio: el caso del Seguro Popular

enero 25, 2020

No es asunto nuevo conocer del uso indiscriminado que se hizo anteriormente de los cuantiosos recursos asignados al Seguro Popular. Además de desviarse para propósitos ajenos a darle cobertura a la población abierta, detrás de su creación existía la intención privatizadora que tanto le gustaba a los gobiernos anteriores.

Según la gestión lopezobradorista, el esquema del Seguro Popular, implementado en pasadas administraciones, se relegó a las instituciones públicas en el abasto y control de medicamentos, otorgando el control de los hospitales públicos a la iniciativa privada, que tenía a su antojo la programación y administración de los productos.

Es decir, por razones fáciles de suponer en virtud del gigantesco tamaño de los negocios que se hicieron con la salud de los más necesitados, los gobiernos panistas y priístas comenzaron a desmontar la estructura administrativa y de gestión de las instituciones públicas de salud, entre ellas el Issste, al cual Miguel Ángel Yunes Linares depredó notablemente durante la gestión calderonista, por lo que tiene pendiente una averiguación en la PGR, en una indecente maniobra que les representó pingües beneficios tanto para sus operadores gubernamentales como para los empresarios con quienes compartían las ganancias.

Por ello se entiende también, y le daría razón a las actuales autoridades en su argumento de culpar a los proveedores médicos de crear una falsa escasez de medicamentos, en particular, aquellos más sensibles socialmente, como son los utilizados en el tratamiento del cáncer infantil. Para los empresarios, la posibilidad de cancelar dichos contratos representa pérdidas enormes, y más por el hecho de que algunos serán boletinados por la ASF, inhabilitándolos como proveedores; para los ex funcionarios que gestionaban sus servicios, el riesgo es aún mayor porque bien pudieran enderezarse responsabilidades por el tráfico de influencias.

Otra faz del uso corrupto que se le dio al Seguro Popular es el cometido por los gobiernos estatales, de los cuales el de Javier Duarte es el mejor ejemplo de ello. De acuerdo con la anterior Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), se abrió una investigación por el presunto desvío y desaparición de más de mil 700 millones de pesos que se transfirieron en 2014 al gobierno de Duarte, y que estaban detenidos para acciones de salud, fundamentalmente a través del Seguro Popular.

La averiguación reveló que en ese año se auditaron poco más de 4 mil 500 millones de pesos que debieron destinarse en acciones de salud y programas del Seguro Popular. Sin embargo, lo que los auditores encontraron es que, en promedio, uno de cada tres pesos de esta partida fueron mal manejados, acción en la que participó junto con el ex gobernador, su secretario de Finanzas, Tarek Abdala, inexplicablemente absuelto de ésta y otras responsabilidades que se le atribuyen en el saqueo duartista.

Así pues, de una u otra manera, el Estado mexicano había eludido su responsabilidad social de atender la demanda ciudadana por servicios de salud, al ceder su control a particulares que sólo veían este derecho como un negocio.