Política

Salud, labor de zapa

enero 19, 2020

Luego de varios sexenios de desmantelamiento y abandono, el sistema de salud del país está en el límite de un funcionamiento apenas tolerable. El impacto sobre la tranquilidad de miles de personas que atraviesan por un problema médico es abrumador. Especialmente en los de enfermedades graves y muy costosas por la completa dependencia de la industria farmacéutica.

Es el caso padres de familia que se manifestaron frente a palacio de gobierno del estado para exigir que se abastezca suficientemente de medicamentos para los menores con cáncer. Todavía está fresca la irritación de hace un par de años cuando el respetable se enteró de que durante el grotesco gobierno de Javier Duarte se sustituían los tratamientos de quimioterapia con agua destilada, que se aplicaba en niños enfermos. El gobierno sucesor de Miguel Ángel Yunes Linares escandalizó con el dato pero hizo nada. Absolutamente nada.

La crisis de escasez de medicinas y de operación en el sistema de salud se agrava además con el saqueo que se hace de ellas. Se ha modificado el código penal para castigar con severidad el robo de medicinas pero no parece ser un problema que vaya a solucionarse pronto, porque las condiciones en las que está la maquinaria y confiabilidad de la administración púbica son verdaderamente preocupantes.

El año pasado el gobierno recortó el presupuesto destinado a salud y algunos detractores lo han señalado como causante de la crisis. Es impreciso, la crisis tiene varios lustros y deriva del abandono al sistema para promover su decadencia y justificar el cambio de esquemas y políticas de salud semejantes a las norteamericanas. Mina de oro para farmacéuticas y compañías de seguros.

Se dice que el gobierno se abastece de medicinas hechas en la India, de menor costo pero de frágil confiabilidad. Es posible, Big Pharma tiene a la medicina occidental cogida por el cogote. Larga historia.

Los recortes hechos en esta administración en el presupuesto de salud obedecen a frenar el dinero disponible para el saqueo, que era mucho, y obligar a los servidores públicos a terminar con las tentaciones de desvío. El CCE, declarado en campaña de crítica, no deja de señalar los problemas como terminales. No lo son. Pero lo eran en manos del régimen pasado.

Las racionalizaciones sobre las decisiones de políticas públicas no resolverán la angustia de los padres a los que no les es ministrado el medicamento para su hijo enfermo. Para ellos no hay tiempo de tolerancia y eso es algo que debe ser resuelto ya. Es deseable que el Poder Judicial acelere las investigaciones al respecto, no sólo en cuanto robo de medicamentos, sino en las políticas intencionadas dirigidas a arruinar el sistema de salud del estado, para dar mayor espacio y mayor aceptación a la privatización.