Política

Nueva caravana de migrantes, sus razones

enero 18, 2020

En un nuevo contexto nacional, en el que México pasó de ser de un país de tránsito a uno expulsador o contenedor de la migración masiva de centroamericanos, Veracruz ocupa un sitio preponderante, pues junto con los estados fronterizos, la entidad es el paso obligado de las rutas hacía los Estados Unidos, y por ello, absorbe una parte sustancial de los problemas que la imprevista llegada de cientos de personas en estado de pobreza y necesidades extremas traen aparejadas. Más allá de los problemas de carácter local que se generan, esta pronta llegada de los más de 600 migrantes pondrá nuevamente a prueba los protocolos diseñados que deberán no sólo atenuar el evidente sufrimiento de quienes decidieron dejar todo atrás, sino lograr también que colisionen sus ingentes necesidades con las de los veracruzanos que habitan en las comunidades por las que invariablemente transitarán.

Sin dudas, hay elementos oscuros detrás de las caravanas migratorias, pues además de la desinformación que existe entre quienes están dispuestos a arriesgar su vida para emprender una durísima e incierta jornada que los aleje de la miseria y la violencia que viven en sus países de origen, particularmente en Honduras, pudiera encontrarse la manipulación de la que son objeto comunidades enteras por actores transnacionales interesados en atizar los conflictos regionales.

Además que la inmensa mayoría rechaza de entrada la oferta de la Secretaria de Gobernación, en el sentido que las autoridades mexicanas atenderán con muchísimo gusto a quienes soliciten asilo o refugio, busquen incorporarse a algún programa migratorio, obtengan becas de estudio o deseen ser incluidos en algún programa social; en caso contrario, advierte el gobierno mexicano que no otorgarán salvoconductos o visas de tránsito que permitan el avance hacia la frontera norte.

La nueva situación reaviva el debate acerca del inédito papel que desde el año pasado nuestro país juega en la política migratoria regional. Durante décadas, expulsor a gran escala de personas, en los lustros recientes el territorio mexicano se había convertido en testigo del tránsito de centenares de miles de centroamericanos –principalmente del Triángulo Norte, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador– que huían de la violencia y la casi absoluta falta de oportunidades en sus países de origen. Aunque desde el arranque de este fenómeno existió algún nivel de presión de Washington para que México frenara el flujo de extranjeros sin documentación, en los hechos, las autoridades volteaban hacia otra parte y los dejaban en un limbo que los exponía a la doble extorsión del crimen organizado y los agentes migratorios.

Ese nuevo rol mexicano fue producto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando el comercio bilateral se convirtió en rehén de los caprichos electoreros del magnate, y el gobierno nacional se vio forzado a aceptar el incómodo rol de inspector del estatus migratorio de quienes intentan llegar a Estados Unidos por vía terrestre. Como sostiene La Jornada en su editorial de ayer, "dicho papel de frontera desplazada ha introducido en México una inocultable tensión entre legalidad y humanitarismo, pues si bien es cierto que ningún Estado permite el ingreso a su territorio de quienes no cuenten con la documentación requerida, también lo es que resulta insensible solicitar trámites costosos y difíciles de adquirir (como lo es la visa mexicana para residentes de Centroamérica), a quienes atraviesan severas penurias e incluso enfrentan amenazas contra su vida".

Más allá de poner en duda sus razones para migrar de sus países, lo cierto es que las enormes desigualdades sociales y la exagerada acumulación de la riqueza en unos cuantos han generado una condición extremadamente delicada que sin dudas, tiene efectos regionales.