Política

En 8 años, van 6 alcaldes desaforados en Veracruz

enero 16, 2020

En los últimos ocho años, en Veracruz al menos seis alcaldes han sido desaforados por los diputados en el Congreso local por delitos que van desde la evasión de reos hasta el asesinato de ex colaboradores. En la lista figuran ediles de los ayuntamientos de Medellín, Coatepec, Fortín, Coxquihui, Chinameca y Alvarado, que estando en funciones fueron señalados o incluso previamente detenidos por autoridades ministeriales por la comisión de diversos delitos; algunos de ellos se evadieron de la justicia y algunos otros aunque detenidos obtuvieron su libertad.

Es así que la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Yazmín Palmeros Barradas, para revocarles el mandato no es algo nuevo, ya que el procedimiento está establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre y en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.

Reveriano, el líder de los pelones

El 13 de octubre de 2017 los diputados del Congreso de Veracruz aprobaron en sesión a puerta cerrada y con 34 votos a favor, el desafuero del alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, acusado por los delitos de evasión de reo, desobediencia y resistencia de particulares, así como abuso de autoridad y robo de vehículo.

La solicitud la hizo en su momento el entonces fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, y fue la Comisión Instructora la que determinó que existían los elementos para retirar del cargo al alcalde priísta, señalado por haber impedido la detención de un familiar suyo por parte de elementos de la hoy extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), ocurrido en 2014. El familiar del alcalde fue señalado de ser el responsable del asesinato de una persona; tras el desafuero del edil en junio de 2018 se libró una orden de aprehensión del líder de la banda de "Los Pelones"; sin embargo, a pesar de que la Fiscalía incluso ofreció un millón de pesos a cambio de información sobre él, en febrero de 2019 celebró una fiesta que luego presumió en redes sociales.


Fue hasta el 10 de mayo de 2019 que fue detenido en el municipio de Cuetzalan, en Puebla, como parte de la causa penal 1521/2017, aunque apenas siete días después logró salir de prisión, pero personal de la Policía Ministerial ya lo esperaba para llevarlo a rendir declaración por el delito de obstrucción de vías de comunicación y ultraje a la autoridad.

Apenas unas horas después, el priísta hizo el pago de una fianza de 100 mil pesos y salió del penal para continuar su proceso en libertad

Omar Cruz, alcalde de Medellín prófugo

El 26 marzo de 2015, el Congreso local aprobó el desafuero del alcalde panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, señalado por el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido el 2 de enero de ese año.

Pese a los13 votos en contra de los diputados panistas, 35 legisladores avalaron el trámite y se aprobó el juicio de procedencia contra el edil, que para entonces había solicitado 59 días de licencia y había permanecido oculto de las autoridades.

La solicitud la hizo el entonces fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, a fin de que se pudiera solicitar una orden de aprehensión en contra del edil por el delito de homicidio culposo.

Hay que recordar que el 2 de enero Moisés Sánchez Cereso, editor del semanario La Unión fue sacado de su casa por un comando armado y el 25 del mismo mes fue encontrado muerto.

Por este delito fue señalado el alcalde y fue detenido Clemente Noé Rodríguez Martínez, integrante de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río-Medellín.


El ex policía señaló a Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio de Moisés Sánchez, con quien tenía diferencias añejas y que asesinó al periodista "por encargo directo de Martín López Meneses", subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, a petición de este último.

Han pasado cinco años y jorge Sánchez, hijo del periodista, señaló que no hay justicia para este asesinato porque Omar Cruz sigue libre a pesar de que hay contra él una orden de aprehensión.

"Hay una orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Medellín que es cuñado de la actual síndica y se le ve en los cafés de Córdoba y Medellín; él se mueve plenamente en el estado aunque no vive aquí y no se le ha detenido, no sabemos qué complicidades hay para que tanto desde el gobierno de Duarte, con los Yunes y ahora la Cuarta Transformación, siga gozando de total impunidad", dijo recientemente.

Armel libra la justicia

Otro caso de desafuero exitoso es el que se realizó en contra del entonces alcalde priista de Fortín, Armel Cid de León Díaz, cuya solicitud de juicio de procedencia se hizo el 7 de febrero de 2017, también hecha por el entonces fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

La Fiscalía lo acusaba por el delito de violencia familiar equiparada, ya que fue señalado como el responsable de agredir a su esposa, que lo denunció en la carpeta de investigación 243/2015, de la Unidad Integral de la Fiscalía, con sede en Córdoba.

El edil tenía una denuncia previa e incluso el 3 de marzo de 2015, el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, solicitó al Congreso local la solicitud para su desafuero, a fin de que enfrentara a la justicia sin la protección legal.

En esa Legislatura, todavía presidida por la priista Octavia Ortega Arteaga, los diputados se negaron a retirar el fuero al alcalde; posteriormente ya en 2015 los diputados, ahora presididos por la panista María Elisa Manterola Sáinz, se negaron a quitarle el fuero.

Lo hicieron bajo el argumento de que el presidente municipal había tramitado una demanda de amparo contra el desafuero, pese a que la misma fue calificada como improcedente por un juez y que había peritajes que confirmaban la agresión que cometió.

El dictamen de la Comisión Instructora, presidida por el diputado Fernando Kuri Kuri, impidió que pudiera girarse contra él una orden de aprehensión, o siquiera una orden de presentación para declarar por este caso.

Juanelo y su huída

En 2015, la Comisión Instructora del Congreso local declaró procedente el juicio de procedencia del entonces alcalde de Coatepec, Roberto Pérez Moreno alias Juanelo, investigado por el presunto asesinato de Guillermo Pozos Rivera, ex tesorero municipal, ocurrido en agosto de 2014.

El alcalde evadió la orden de aprehensión en su contra y estuvo prófugo viviendo en Ciudad de México y Nueva York, hasta que el Poder Judicial de la Federación suspendió la orden de aprehensión en contra del e alcalde.

El priísta, quien vivió por más de tres años en México y Nueva York en su intento de evadir la justicia, reapareció este martes 18 de diciembre y ofreció conferencia de prensa en pleno centro en la Capital del Estado, para reprochar a la Fiscalía General, que le "robaron" más de tres años de su vida por una persecución política.

Cabe destacar que previo a su desafuero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Arturo Bermúdez, informó que agentes municipales de Coatepec eran investigados por sus nexos con el crimen organizado.

Así, la SSP asumió el Mando Único de la seguridad; en el evento estuvo presente el gobernador Javier Duarte de Ochoa, posterior a ello "Juanelo" presentó una licencia por 59 días para enfrentar acusaciones que lo involucraban en el asesinato de su Tesorero.

Sara Luz, sentenciada a 30 años de prisión

En 2014, la entonces alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, fue detenida por el presunto asesinato de su ex secretario particular Michel Martínez Corro, ocurrido en julio de 2013.

Las autoridades la señalaron por pagar 70 mil pesos a dos personas para asesinar a su ex colaborador, cuyo cuerpo fue encontrado enterado en un predio de la colonia Lomas del Rosario en Alvarado.

El 26 octubre 2013 el Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de la alcaldesa priista de acuerdo al dictamen elaborado por las Comisiones Permanentes Unidad de Gobernación, y Justicia y Puntos Constitucionales.

Según la causa penal 19/2014, la ex alcaldesa fue sentenciada el 28 de enero de 2018 a purgar una condena de 30 años de prisión en el penal de Amatlán de los Reyes y el pago de 306 mil 900 pesos para reparar el daño.

El desafuero del narcoalcalde

En abril de 2012, el entonces alcalde panista de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, fue detenido en Minatitlán junto con el jefe de operaciones del cártel de Los Zetas, José Carmen Fragoso Martínez, alias El Concha.

Tras su detención, el alcalde fue trasladado a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) en la Ciudad de México, luego de que participara en un enfrentamiento en calles del municipio de Minatitlán, muy cerca de Chinameca, en el que les fueron encontradas armas de diversos calibres, droga y varios vehículos decomisados.

La respuesta de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, fue que que no encubriría a servidor público que haya incurrido en delitos o que tenga vínculos con el crimen organizado, y aseguró que el alcalde aunque llegó por siglas panistas al cargo, no era militante.

En el Congreso local, presidido por el priísta Eduardo Andrade Sánchez, aprobaron su desafuero y revocación de mandado, por lo que quedó en el cargo la síndica Eduarda Montiel Santiago; dos años después, el alcalde fue declarado inocente del delito de portación de armas de alto poder para uso exclusivo del ejército.

Padua Zúñiga incluso solicitó el indulto del Congreso y castigo para quiénes avalaron su revocación de mandato, luego de que el 31 de enero del 2013 abandonó el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", de Nayarit, después de que magistrados del Poder Judicial Federal resolvieran que no había elementos suficientes para procesarlo por delincuencia organizada.

Ahora, los diputados locales recibieron la solicitud para iniciar juicio de procedencia y revocación de mandato en contra del alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez y su síndica Lucero Yazmín Palmeros Barradas, por irregularidades en el cargo.