Política

Insabi, los nuevos retos

enero 12, 2020

Los programas oficiales de salud pública resultan un asunto sustantivo y de primer orden, para una sociedad depauperada y agraviada por gobiernos y funcionarios que hicieron con el dinero público pingües negocios privados, creadores de grandes fortunas.

Basta como ejemplo las multimillonarias compras de medicamentos que hacían los encargados de adquisiciones y los altos funcionarios del IMSS y el Issste, cuyos resultados se ven a la larga en distintas maneras: por un lado un anquilosado y mafioso sistema de compras y por otro, la creación de estructuras de complicidad entre burócratas y empresarios.

Ya van varias décadas en las que gracias a estas tramposas alianzas, la sociedad mexicana viene acumulando un rezago cualitativo y cuantitativo no sólo en las instituciones de atención a trabajadores que cuentan con esta prestación, sino en particular en los modelos de ayuda a la población abierta. Tal es el caso del Seguro Popular, que si bien funcionaba de manera relativamente eficiente, por otra parte se prestaba a la distracción y desviación de los recursos destinados para ese fin, que al final eran mayores de los que se utilizaban para ofrecer servicios de salud.

Como era de suponerse, la cancelación del Seguro Popular anunciada por la administración de López Obrador pronto fue objeto de críticas, dado que rompería con ese círculo vicioso, y aprovechando que en tanto no entrara en funciones su equivalente dentro del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) muchas de las funciones anteriores quedarían sin otorgarse.

De hecho, a 10 días de que se puso en marcha el Insabi por el gobierno federal, la mañana del viernes se dio a conocer que Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato y Quintana Roo no permitirán la operación del Instituto y mantendrán en funciones el esquema del Seguro Popular. Estos gobiernos estatales prefirieron mantener el modelo anterior dado que el Insabi creará por sí mismo nuevas necesidades que incluyen, entre otros aspectos, basificaciones de personal y otros esquemas de adquisición de medicamentos, además que su operación presenta nuevos retos.

Por lo pronto, corresponde a las autoridades generar las condiciones de confianza y credibilidad entre la población a fin de que se conozcan a fondo los beneficios potenciales que traería esta novedosa propuesta.