Política

Medina Mora y su coto delincuencial en el poder Judicial

enero 02, 2020

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Medina Mora que se vio obligado a renunciar a su encargo, después de que se observaron movimientos sospechoso en sus recursos económicos y que fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda-, ha venido a acreditar que al llegar a ese cargo,- propuesto por el ex presidente Peña Nieto y aprobado por el Senado de la República que coordinaba Gamboa Patrón- formaba parte de un alianza con intereses oscuros, entre los que se encontraba García Luna, preso en Estados Unidos para responder por varios delitos, lo que le brindara el privilegio de que acompañe al Capo Guzmán Loera, y de seguir así, habría otros personajes de cuenta.

Es mucho el dinero que está en juego para perderlo fácilmente , de ahí que la alianza con el Poder Judicial, por parte de la delincuencia bien organizaba que existe en el país, -a partir de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto-, no podía quedarse maniatada, por lo mismo era necesario que jueces y magistrados federales, hicieran su trabajo en base a los intereses de los grupos delincuenciales que, con los recursos obtenidos y amasados mediante el narcotráfico, extorsión , trafico de personas y otros delitos ,debían protegerse de manera tal que ese cáncer no pudiera o pueda extirparse.

La jurisprudencia impulsada por Medina Mora, para evitar el congelamiento de las cuentas bancarias de la delincuencia, no es producto de la casualidad, sino resultado de una bien organizada trama y trampa jurídica que se inicia con los jueces de distrito, se prolongan a los magistrados y posteriormente a la Suprema Corte de Justicia, cuya segunda sala, en una contradicción de tesis, se inclinó por amparar de manera descomunal a los criminales del país, al determinar que la Unidad de Inteligencia financiera, no tenía personalidad para congelarlas, si no existía una petición de otro país, en síntesis, acatar solo lo procediera del extranjero.

La perversidad es clara de parte de esa segunda sala, integrada, entre otros por Pérez Dayan, el mismo que violando la constitución en el artículo 127 y el 64 de la que reglamenta las controversias y acciones de constitucionalidad concedió la suspensión contra la ley que reglamenta los salarios de los servidores públicos y lo que pudiera considerarse peor, que es la jurisprudencia del pleno -293/2011-, que precisa que la existencia en la constitución de alguna restricción , se tiene que respetar en razón de ser la ley de leyes, lo que no despertó la protesta de los grupos que supuestamente actúan en las redes sociales, porque el silencio fue sepulcral.

En ese orden de ideas, procedente sería que la fiscalía- ahora que tiene autonomía plena- actuara en consecuencia, en principio por los jueces de distrito que conocieron en primera instancia de esos amparos contra cuentas bancarias congeladas, luego sobre la resolución definitiva dictada por los colegiados y, analizados que sean los criterios sustentados , es decir, si están en la razonabilidad y ponderación que da la libertad jurisdiccional , como es su independencia, si cumplen con los estándares internos e internacionales , en cuanto a la hermenéutica jurídica, y de ahi , entre ambos criterios jurídicos, ver si la inclinación de la segunda sala y su ponente Medina Mora, estuvieron en lo correcto y, en caso contrario, que el pleno de la Corte resuelva en definitiva, pues a resulta de la investigación que llevó a renunciar al ministro ponente, esa misma sala cambio el criterio que se había establecido, para decir " usted disculpe".

Todo esto provocó que de las 980 millones de pesos de cuentas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera, se redujo a 468 millones , en razón de los amparos promovidos tanto por narcotráfico como por robo de hidrocarburos, ello a consecuencia de los amparos promovidos en apoyo a la jurisprudencia promovida por Medina Mora que libró mil cuatrocientos millones , que es el apoyo en que se sustentan los delincuentes.

En consecuencia, con esos antecedentes se tiene que ir al fondo para evitar que sean las autoridades norteamericanas – como siempre ha acontecido- que son los que nos dicen y detienen a los bandidos mexicanos, cuando aquí debería de imperar el estado de derecho y no el del contubernio o la complicidad, pues es notorio que por responsabilidad del poder judicial federal- jueces, magistrados y ministros- que la justicia que se ha aplicado el país ha provenido de las sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos., o bien de la Organización de las naciones Unidas, cuya fatalidad, con esta cuarta transformación, se espera que forme parte del anecdotario político y jurídico.

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