Política

Marcos Even protegió a yunistas de la justicia

diciembre 28, 2019

El ex fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio "blindó" a ex funcionarios yunistas para que evadieran el ejercicio de la acción penal. Alfredo Corona Lizárraga, fiscal especializado en Combate a la Corrupción en Veracruz, advirtió que 20 por ciento de las denuncias que tienen ‘aperturadas’ corresponden a ex funcionarios de las pasadas administraciones, la del priista Javier Duarte de Ochoa y la del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares. "Lo que sí advertimos es que había aspectos raros, algunas que avanzaban demasiado rápido y otras más lentas, sobre todo con algunos servidores de la administración pasada".

Destacó que había un manejo discrecional en los avances de investigación, "pero no para determinar acción penal, sino para el no ejercicio de la acción penal, lo que blindaba a los servidores públicos de tener responsabilidad".

Esto se dio durante la administración de Marcos Even Torres Zamudio al frente de la Fiscalía Anticorrupción, quien actualmente tiene procesos legales, "y que tendrá que resolver ante las instancias correspondientes, es algo que ya está determinado, pero que él tendrá que resolverlo en la instancia superior", sostuvo Alfredo Corona.

Además, dijo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene abiertas investigaciones en contra de peritos, policías y de servidores públicos del actual gabinete gubernamental. Explicó que entre los funcionarios se encuentra Zenyazen Escobar García, titular de la Secretaría de Educación, "tiene denuncias por cambios de adscripción, el de Salud (Roberto Ramos Alor) no lo tengo claro, pero habrá otros que son meros señalamientos, cuando nosotros revisamos cuáles son los elementos que están aportando para la denuncia, muchas veces tienen que ver para amedrentar al servidor público".

Detalló que estas denuncias tienen como trasfondo generar ruido mediático, "el análisis que traemos de las denuncias que han presentado en la fiscalía tienen que ver con tres aspectos elementales, unas más enfocadas a ejercer presión a servidores públicos por temas poco trascendentes, es decir, algunas denuncias que tienen que ver con cambios de adscripción en la SEV, con otras dependencias por el pago de aguinaldos o quincenas y eso hemos determinado que siempre hay una vía antes, laboral y administrativa que ellos tendrán que desahogar".

Alfredo Corona destacó que existen denuncias en contra de policías de la actual administración, "al final del día quiero dejar en claro qué hay de diferentes esquemas". Adelantó que existen procesos en contra algunos policías ministeriales y peritos, "les puedo hablar lo que está pasando al interior, estamos tratando de garantizar que tenemos una Fiscalía General libre de actos de corrupción".

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a que quien tenga algún elemento contra algún servidor público, contra la Fiscalía General, denuncie los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, "haremos valer el estado de derecho y garantizar que el ciudadano vaya a cualquier fiscalía y tenga la certeza que no se va a permitir y tolerar cualquier acto de corrupción".

Sin embargo, destacó que algunos de los procesos que enfrentan los ex funcionarios no ameritan prisión preventiva, "en el catálogo de delitos en ninguno amerita medida preventiva de la libertad, nosotros hacemos vinculaciones donde sí vemos elementos y ya el juez dictará la medida. Es muy raro que tengamos la posibilidad de pedir una detención, sólo que haya un concurso de delitos que configuren otro tipo que no esté en nuestro catálogo y pudiéramos llegar a tener servidores públicos que si tengan una pena privativa de la libertad".

Precisó que también tienen denuncias que tienen que ver con los ayuntamientos por la malversación del erario, "pero son solo señalamientos y estos tienen que ser analizados por peritos contables que tendrán que determinar si hay afectación al presupuesto público y sobre eso hacer las determinaciones".

En este tema, enfatizó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) está revisando la Cuenta Pública 2018, por lo que tendrán que esperar termine su proceso y que ellos den los elementos si hay o no agravio a las arcas públicas.

Corona Lizárraga destacó que tienen un total de mil 701 denuncias interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales, 948 corresponden al 2019. Explicó que estas 948 carpetas se sumaron a las 753 en rezago de años anteriores, aunque el 60% de ellas son señalamientos menores sin pruebas que pueda trascender más allá.

Reconoció que en pasadas administración se dio un manejo discrecional de las carpetas en contra de funcionarios y en algunos casos se presume que había protección.

En entrevista, dijo que el 30% de las denuncias son en contra de funcionarios estatales y municipales, y el 20% denuncias que tienen algun carácter de tipo político. Comentó que hay muchas denuncia que solo se sustentan en acusaciones sin suntento, y otras que son por acciones que no tienen que ver con corrupción sino con procesos administrativos y burocráticos.

El fiscal dijo que en lo que va del año se han judicializado 35 carpetas de investigación y se espera que en enero se judicialicen otras más en contra de diversos funcionarios. Confirmó que hay carpetas de investigación abiertas en contra del ex fiscal anticorrupción Marcos Even, en contra del fiscal Jorge Winckler y funcionarios como policias ministeriales y peritos.

Sistema anticorrupción tiene para pagar salarios hasta mayo

El sistema estatal anticorrupción solo contará con recursos para el pago de los honorarios de enero a mayo de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), advirtió el presidente del Comité, Emilio Cárdenas Escobosa. Esto debido a que para el presupuesto de 2020 en el Congreso local solo se asignaron 1.5 millones de pesos para todo el capítulo 3000, lo cual dijo no será suficiente para terminar el año. "Podemos pensar que a partir de mayo se agotó la partida y no tendremos para pagar los honorarios de los integrantes del Comité y eso que este año nos lo resumimos a la mitad el honorario".

Recordó que los honorarios de los integrantes del Comité ciudadano equivalen al de un jefe de departamento en el Gobierno del estado, que es de 30 mil pesos mensuales. "Yo no sé qué están pensando, si querían bajar aún más el sueldo porque es una cuestión que es por ley y se debe cubrir. Al final, tanto el Ejecutivo, Sefiplan y el Congreso no repararon en ello a pesar de que hicimos algunos llamados".

Hay que recordar que solicitaron un presupuesto de 32 millones de pesos, pero la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) redujo la cantidad a 18.5 millones de pesos, y que fue aprobada por los diputados. "Esto evidentemente nos pone en una circunstancia muy compleja porque a finales del año pasado nos vimos en la necesidad de ajustar programas y despedir personal, y dejar para mejor ocasión temas fundamentales".

Y adelantó que a pesar de este recorte no dejarán de trabajar durante el 2020 aunque lamentó que no hay voluntad política de parte de las autoridades. "No nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando por lo menos en lo que resta en mi gestión (...) Para que los sistemas funcionen es necesario voluntad política de los gobernantes, me parece que la cifra del SEA nos deja operando en mínimo y no hay concordancia con el discurso del combate a la Corrupción".