Política

Feminicidios, sociedad y autoridades culposas

diciembre 27, 2019

El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad coloca a Veracruz en el liderazgo nacional en materia de feminicidios. De hecho hay casi cuatro feminicidios por cada 100 mil habitantes. Tres de las cuatro principales ciudades del estado encabezan la lista de los 20 municipios más violentos del país.

De enero a noviembre del 2019, hubo mil 409 mujeres víctimas de lesiones dolosas y 551 de lesiones culposas. Un par de centenares de mujeres víctimas de extorsión y las estadísticas de violencia abusos, acoso y hostigamiento son altas y en aumento.

En 2019, informa la encargada del despacho de la fiscalía, Verónica Hernández, hubo 137 homicidios en contra de mujeres. 95 fueron considerados feminicidios.

No es la primera vez que este espacio editorial llama la atención sobre la evidente sociopatología que presenta la sociedad veracruzana. El sólo hecho que la fiscal encargada encontrara 30 mil carpetas de investigación rezagadas apunta decididamente en ése sentido. Al régimen anterior, patriarcal y corrupto, simplemente no le importaba. Se informa que se ha reducido significativamente el rezago pero aún quedan más de 100 mil casos donde no hay avances en las investigaciones porque prácticamente estuvieron paralizadas durante años.

Si esto es así, se debe a que la sociedad ha sido indiferente y permisiva. Es un problema claramente veracruzano, aunque es compartido con el Estado de México.

El problema exige la denuncia, "no quedarnos callados" y evidenciarlo para que la sociedad no se convierta en cómplice al no interesarse y concientizarse, y sólo culpar a las autoridades, cuando la solución radica en todos. Los veracruzanos adultos todos deben hacerse responsables de este problema. Y para que eso hagan es imperativo mostrarles que lo son.

La causa de esto es simple. Lo hacen porque pueden y porque no hay castigo o probabilidad de ser castigados es ridículamente baja. Ahí el ejemplo de castrati que arrojó ácido al rostro de una joven saxofonista marcándola de por vida, y que aún está libre.

Esto es así porque la sociedad es indiferente y con ello se hace cómplice, casi coautora, de la violencia contra las mujeres. Es imperativo que el gobierno articule las medidas para impedir y corregir esta patología social que tiene raíces y explicación en las distorsiones de la formación social mexicana: una cultura patriarcal que diluye su responsabilidad porque se ampara en una fe que hace precisamente eso, diluir la responsabilidad individual.

La responsabilidad es social en este problema inocultable. Los feminicidios son porque pasa nada, porque no hay castigo y porque las conductas violentas que se ensañan con las mujeres son socialmente avaladas, incluso por las propias mujeres. No es la primera vez que este espacio editorial llama la atención sobre este problema.

Cuando se ha detenido a presuntos culpables por indagatorias hechas los familiares de las víctimas, no de las autoridades, prevalece la negligencia y colusión activa con el crimen organizado. Estos delitos no surgen por generación espontánea sino por la impunidad y una diversidad de factores sociológicos, económicos y antropológicos que requieren atenderse.

Esto implica reeducación. La Secretaría de Educación del estado ya debería tener un programa concreto al respecto. Igual las áreas de comunicación.

Pero la mentalidad patriarcal no excluye ideologías ni sexo. El problema es estructural y como tal debe ser abordado por las autoridades. Esto es imperativo y no parece que se tenga mucha idea, ni preocupación al respecto.