Política

Puntuales

diciembre 03, 2019

Consistente con su estilo personal de gobernar, la conclusión del primer año de gobierno del presidente López Obrador estuvo cargada de contenidos significativos. Fue –literalmente– un acto directo de rendición de cuentas al pueblo de México, más allá del enviado el primero de septiembre al Congreso de la Unión, y del leído al establecimiento del sistema, esto es, la clase política, actores económicos y cuerpo diplomático.

La celebración del primer año de gobierno fue un acto político de rendición directa de cuentas a los gobernados. Pletórica de símbolos, lo mismo que su primer año de gobierno. Dos de ellos: el haberlo dado de cara directa al pueblo gobernado en un zócalo ahíto de humanidad nacional; y la presencia discreta pero contundente del ex presidente Pepe Mujica, de la República Oriental del Uruguay, autoridad moral y referente singular y magnífico de buen gobernante.

Hay quienes ante la indiscutible empatía del Presidente con los gobernados, exacerban sus temores y paranoias para instalarse en la paranoia de que el Presidente se dirige hacia el ejercicio del partido hegemónico, como lo fue el PRI hasta principios de los años 80.

Hace tiempo que en este espacio editorial se sostiene la idea de que es necesario refundar el pacto legitimador con el que regulamos la convivencia nacional. Casi 40 años de reformas neoliberales la transformaron en lo opuesto extremo de su intención original. El domingo en el zócalo el Presidente aludió directamente a una nueva Constitución que garantice un reparto sensiblemente más justo del ingreso nacional.

Lo hecho en el primer año de ejercicio asienta sin espacio para dudas la intención gubernamental de dejar consolidado un modelo completamente distinto al promovido durante las últimas décadas. Un modelo de Estado en el que los gobiernos, sin importar su polaridad ideológica, tengan que asegurarse que el bienestar y el ingreso se repartan con justicia y dignidad en la medida de lo posible. Esto es: la cancelación de la mal llamada reforma educativa; la reforma constitucional que permite al Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional; la reforma para elevar a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, y a las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. En los hechos, revertir el orden neoliberal en una nueva Constitución que recoge la voluntad del pueblo que decidió emprender un cambio pacífico.

La intención de una nueva Constitución no sólo abocada a regular la práctica del nuevo modelo de Estado, sino a reconfigurar por completo el Estado neoliberal para volver al principio original del Estado de bienestar.

Mientras eso sucede, y para que suceda pronto, se cancela la reforma educativa, el que el Ejército y la Marina intervengan en tareas de seguridad pública, las pensiones a adultos mayores se elevan a derecho constitucional, lo mismo que las becas estudiantiles.