Política

Hacia el límite de lo tolerable

noviembre 25, 2019

Durante el fin de semana fue agredida sexualmente otra mujer en Boca del Río. El relato de su denuncia es irritante porque exhibe que los gobiernos en los últimos años han hecho absolutamente nada. Todo sugiere que han abordado el asunto de la agresión a mujeres desde la total estulticia. Como un asunto meramente policiaco o forense, lo que explica que la misoginia letal que caracteriza al estado continúe impertérrita cebándose sobre las mujeres. En esta materia y por los resultados no parece haber mayor diferencia. Las agresiones continúan y la impunidad también.

Al margen del contexto y las circunstancias generales que medio explican la demencial oleada de agresiones y asesinatos de mujeres en el estado en los últimos tres lustros, parece que lo hecho en este gobierno no logra mayor avance.

El asunto parece obedecer a que no hay una aproximación conceptual a la definición del problema.

¿Cuál es el problema? Porque los asesinatos y violaciones de mujeres son sólo el resultado del problema.

Entonces, ¿cuál es el problema? Para empezar, hay una base de misoginia sistémica que paraliza lo que ya debía haberse manifestado en las calles, y en la presión y marcaje personal sobre los representantes de los partidos en el Congreso, que no de los ciudadanos, es claro.

La misoginia criminal debe topar ya con la decidida acción gubernamental en la instrumentación coordinada de decisiones y políticas públicas integradas y comprehensivas, dirigidas tanto a detener las agresiones a mujeres como a llevar justicia a las víctimas y sus familiares. Pero sobre todo, a entender e integrar el fenómeno en decisiones ejecutivas y políticas de largo aliento que eduquen a los potenciales agresores desde la edad preescolar.

Si hay algo que ilustra la patología patriarcal sistémica que padecemos es precisamente la acumulación de las agresiones misóginas impunes acumuladas por años.

Esto debe ser uno de los ejes torales de la política de seguridad del actual gobierno. No hay opción para el regateo y el diferimiento. La inteligencia completa del gobierno debe abocarse a definir el problema más allá de lo que es evidente. No hay forma de pretextar un carajo.

Estamos muy cerca de los límites de la tolerancia. Ser el tercer lugar nacional en muertes maternas y acoso a mujeres exhibe de forma cruda la sociedad que somos. Degradados por las violencias criminales y del propio Estado, en cuyas instituciones la misoginia se protege.

El gobierno del nuevo régimen, de la República restaurada, está obligado a abordar públicamente el problema, diagnosticarlo y actuar en consecuencia con eficacia. Es un desastre, es cierto, las instituciones están despedorradas, pero es sustantivo que se vea la decisión del Estado para proteger a las mujeres. De eso depende la reconstrucción misma del desgarrado tejido social. Por lo pronto ha habido tres denuncias por acoso sexual desde oficinas gubernamentales, lo que faltaba.