Política

Ex fiscal de Duarte retira acusaciones en contra del presidente del Poder Judicial

noviembre 16, 2019

Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general del estado, reculó de ejercer acción penal en contra de Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Poder Judicial de Veracruz (PJEV), a quién denunció por abuso de autoridad.

En entrevista con Arturo Nicolás Baltazar, abogado defensor de Luis Ángel Bravo, explicó que dentro del Cuadernillo Medio de Impugnación 81/2019 está involucrada la jueza de control del reclusorio de Pacho Viejo, Coatepec, Alma Aleida Sosa Jiménez, quien admitió haber actuado con total autonomía y la decisión de mantener en prisión al fiscal de Duarte era bajo su propio criterio, pese a que contaba con el beneficio de la protección federal.

En audiencia celebrada de carácter privado este viernes, en la sala de juicios orales del Poder Judicial ubicadas a un costado del reclusorio de Pacho Viejo, Coatepec, la jueza Ihalí Patricia Armas Márquez resolvió que "no tiene materia" debido a una "cuestión técnica", es decir, que no se puede ejercer acción penal en contra de Alma Aleida Sosa Jiménez.

"La jueza resolvió que Alma Aleida Sosa Jiménez queda sin materia por una cuestión técnica, que vamos a combatir en el amparo y será nuevamente por la justicia federal que esta situación se enderece", soslayó Arturo Baltazar.

Sin embargo, el litigante dijo que la jueza Armas Márquez ordenó que la Fiscalía debe abrir una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por los posibles hechos constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en agravio de Luis Ángel Bravo Contreras.

"No es lo mismo cuando tenemos ya un gobierno que interviene y tenemos jueces imparciales; al día de hoy estuvieron en el banquillo de los acusados y muchos de ellos tendrán que responder por las conductas delictivas que cometieron".

Explicó que en la denuncia están involucrados funcionarios a quienes acusaron de abuso de autoridad, asociación delictuosa, usurpación de funciones, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y tortura.

"Están señalados diversos servidores públicos debido a que Luis Ángel Bravo Contreras cuando inicialmente fue detenido, lo obligaban a permanecer en su celda durante 23 horas incomunicado".

En ese sentido, el abogado afirmó que durante los 11 meses que Luis Ángel Bravo estuvo internado en el reclusorio de Pacho Viejo, del 17 de junio de 2018 al 22 mayo de 2019, se violaron sus derechos humanos.

"Estaba vigilado por una cámara 23 horas al día, consumía sus alimentos en su celda de 1.5 por 3 metros y eso puede ser constitutivo por los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes según diversos tratados internacionales".

Explicó que la denuncia por la presunción de estos delitos la presentó el 12 de noviembre de 2018, "acaba de cumplirse un año y no se ha llevado un solo acto de investigación en relación a los hechos".

Agregó que también hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que tampoco ha surtido efecto.