Política

Ofrece CGJ disculpa pública a pensionados agredidos en 2015

noviembre 14, 2019

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció una disculpa pública por las agresiones cometidas contra pensionados, jubilados y periodistas el 23 de diciembre de 2015, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, y siendo secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado. En su discurso dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) no abrió en su momento ninguna investigación sobre los hechos.

El mandatario de Veracruz reveló que de acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía, entonces a cargo de Luis Bravo Contreras, nunca abrió una carpeta de investigación en torno a los hechos de aquél día, en que pensionados y jubilados salieron a manifestarse para exigir el pago de sus pensiones y fueron golpeados y electrocutados salvajemente por policías.

La disculpa pública corresponde a la recomendación 32/2018, emitida por la CNDH, que establece que los hechos de aquel 23 de diciembre constituyen "violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia".

En su discurso, García Jiménez dijo: "En mi carácter de gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de manera pública y ante ustedes, reconozco la violación de derechos humanos y la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 23 de diciembre de 2015 por autoridades estatales y cuerpos policiales que, entre otras cosas lastimó, afectó y violó la dignidad personal de adultos mayores y pensionistas, y de periodistas, ocasionando indignación, sufrimiento y frustración no sólo en ellos, sino en toda la sociedad".

"Además de los hechos ocurridos ese día, la gravedad de las violaciones a su integridad personal fue la última manifestación de una larga serie de violaciones que sufrieron, como la impuesta a sus derechos económicos y sociales, a la seguridad social. El Estado debió garantizar que las personas que ya realizaron sus aportaciones y han cumplido los requisitos para su jubilación puedan tener acceso al pago de sus pensiones. En esa ocasión el Estado les falló, lo cual fue origen de otras violaciones que les causaron sufrimiento, angustia, incertidumbre, enojo, desesperación al haberse sentido indefensos, justamente porque lo que no hizo el Estado fue garantizar este pago puntual de pensiones. En un contexto de un gobierno señalado por corrupción e impunidad y por la legítima sospecha de que sus pensiones estaban siendo desviadas o malversadas, ustedes salieron a protestar legítima y públicamente para exigir los pagos que con justicia y legalmente les correspondían y nuevamente el Estado, las autoridades de gobierno y de seguridad pública volvieron a ponerlos en riesgo, en una amenaza a su integridad física y psicológica que resultó en agresiones a su persona; la policía era un riesgo para ustedes".

"El Estado les falló también por la respuesta nula que les dio ante dichas atrocidades, por la falta de una respuesta adecuada, pronta y diligente que los acercara a la justicia (...) Les ofrezco una disculpa por haberlos hecho sentir criminales en lugar de que recibieran el respeto, la admiración y la gratitud que les debemos como sociedad. El gobierno que represento reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, por ello este acto público busca ser ejemplo de nuestra convicción de que una verdadera transformación como la que busca el país, requiere poner los derechos humanos en el centro de nuestro actuar (...) nos comprometemos con que esto no vuelva a suceder, nos comprometemos con los derechos humanos, con la libertad de expresión, de garantizar los derechos de los periodistas, que no haya impunidad, que no vuelvan a suceder este tipo de cosas nunca más contra los pensionados y jubilados, nunca más contra los periodistas".

No había carpeta de investigación

En su mensaje a los pensionados y jubilados agraviados, el gobernador destacó que su búsqueda por la justicia "es una de sus demandas más grandes y pendientes, por ello en este acto solemne y ante la presencia de la encargada de la FGE, les decimos que somos conscientes de su exigencia por la justicia, que es su principal demanda y debe ser también nuestra principal preocupación. Hago el compromiso de dialogar con la encargada del despacho de la Fiscalía para dar con los responsables", dijo.

"Saliéndome del guion, quiero agregar, para que también los periodistas estén enterados, me acaban de informar, en un diálogo que tuve con la Comisionada de los Derechos Humanos aquí en el estado y con la encargada de la Fiscalía, que nunca se abrió una carpeta para investigar la represión, por lo tanto, le agradezco mucho a Verónica Hernández Giadáns, que desde ayer dio instrucciones claras de iniciar ese procedimiento, para que se inicie la carpeta de investigación".

El mandatario expresó que solicita, junto con los agraviados, que las investigaciones se realicen con la celeridad requerida para que el caso no quede impune.

Fiscalía hará citatorios

Al ser cuestionada en entrevista, la encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, puntualizó que no sólo no se abrió la carpeta de investigación por la agresión a pensionistas y periodistas, sino que hay un rezago en las carpetas de investigación, heredado por las pasadas administraciones.

"La Fiscalía ha tratado de atender las recomendaciones de Derechos Humanos, de esta recomendación 32 saben que fueron hechos del 2015 y todavía nosotros tratamos de atender lo que a Fiscalía corresponde, hay carpetas que no se iniciaron, efectivamente; ya di la indicación de iniciar el proceso legal para citar a los funcionarios que estuvieron involucrados en este tema, mi línea es cero compromiso con nadie, cero impunidad y voy a atender cualquier situación que no se haya atendido, con la diligencia, con la responsabilidad y con el compromiso que me obliga", manifestó, y acentuó que se llamará a los exfuncionarios que corresponda y que haya los elementos para hacerles un citatorio, incluyendo a funcionarios o exfuncionarios de la Fiscalía por posibles omisiones.