Sociedad y Justicia

Frena Senado anulación de arraigo penal al pedir tiempo para analizar el tema: activista

noviembre 13, 2019

Orizaba, Ver.- Aun cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno de México se anule la figura jurídica del arraigo penal "por violar los derechos humanos", el Senado ha puesto una serie de trabas para retrasar este proceso. El arraigo, dice Jorge Tzompaxtle Tecpile, promotor de la demanda internacional, "le permite al Estado mexicano, torturar, golpear y violar los derechos humanos antes de ser presentados ante un juez, como fue en nuestro caso".

Detenido, en el año 2006, junto con su hermano Gerardo y con Gustavo Robles, amigo personal, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, acusados de presunto terrorismo y de integrar las filas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) cuenta la serie de obstáculos que desde el Senado de la República se ponen para evitar que esta figura penal se anule de la propia Constitución de la República.

De hecho, explica que la figura del arraigo, "es un hecho arbitrario y de alguna manera nuestra demanda de suprimirla como acción jurídica, ya le ha ganado al Estado mexicano. El presidente López Obrador expresó que solicitará que anule esa figura jurídica, pero en el Senado de la República, de alguna forma lo frena y además el Estado ya pidió una prórroga de tres meses para analizar el tema".

El gobierno de México, revela, "no quiere que nuestra demanda llegue a la CIDH, actualmente nuestra queja está en la Comisión y ya se ordenó que el caso sea trasladado a la corte e incluso ya se le pidió que nos arreglemos, pero nosotros no confiamos en el gobierno mexicano, es muy claro que el arraigo no puede ser anulado por nosotros o una comisión de senadores, sino debe ser un proceso legislativo que debe pasar primero por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores, que es en donde está detenido".

El arraigo en México, se confunde, pues, explica, "una persona puede ser detenida, golpeada, torturada, sin que sea presentada ante un juez. Lo que queremos es que se anule de la Constitución mexicana, no queremos que ningún ciudadano mexicano sufra esas condiciones, como la sufrimos nosotros cuando fuimos detenidos. El arraigo le permite al gobierno mexicano, investigarte, golpearte incluso torturarte sin presentarte ante un juez, que es lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos detenidos. Eso es lo que estamos pasando".

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, en un documento disponible en http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-amicus-curie-arraigo-2016.pdf, en uno de sus apartados narra las irregularidades a las que fueron sometidos los tres detenidos por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En una de sus partes, el texto señala: "mientras los detenidos estuvieron sometidos a arraigo, los agentes de la Procuraduría General de la República obstaculizaron en diversas formas la actividad de la defensa, impidiendo su acceso al expediente en el que constaban las actuaciones de la Averiguación Previa y oponiéndose a las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa, tales como una prueba pericial en materia de grafoscopia que no pudo ser actuada".

Por ello, en fecha de 15 de marzo de 2006 su defensa interpuso el recurso de Amparo 279/2006, "por obstaculizar el acceso a la defensa de los arraigados, el cual fue sobreseído por el juez, ya que los acusados ya habían sido presentados ante un juez. Se interpuso también el 5 de abril de 2006 el Amparo 350/2006, que fue turnado al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en contra de la orden de detención por parte de las autoridades de la PGR, fuera de procedimiento judicial y su posible traslado a un centro de máxima seguridad".

No obstante, se lee, "el amparo fue desechado bajo el argumento de que los detenidos estaban privados de la libertad con motivo de la medida de arraigo decretada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por lo que la restricción de libertad se debía a esa medida y no se trataba de una detención ilegal".

Pero igual se hace la siguiente aclaración: "como se observa en el presente caso uno de los temas a decidir por parte de la Comisión tiene que ver con el análisis de fondo de la figura del arraigo penal al cual fueron sometidas las víctimas. El caso de los indígenas nahuas Jorge Marcial Zompaxtle Tecpile, Gerardo Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, se observa la manera en la que el Estado mexicano utiliza la figura del arraigo como mecanismo que afectó gravemente sus derechos humanos.

"Si se considera que los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle y Gustavo Robles López fueron detenidos el 12 de enero de 2006 y hasta el 18 de enero del mismo año se acordó su arraigo, se excedieron las 96 horas establecidas como plazo máximo por el artículo 16 Constitucional, por lo que se hace evidente su detención arbitraria".

El Estado mexicano violó la presunción de inocencia y las garantías de libertad, integridad y seguridad jurídica en contra de los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y de Gustavo Robles López, ya que su detención se enmarcó en un cuadro de abuso de poder donde los arraigaron para contar con tiempo suficiente para fincarles el delito de "Delincuencia Organizada en la Modalidad de Cometer Actos de Terrorismo", estuvieron arraigados por 90 días y el arraigo resulta per se contrario a los principios en los que se funda un Estado democrático de Derecho y violatorio del principio de legalidad (artículo 9 de la Convención), de los derechos de libertad personal y de tránsito (art. 7 Convención); del derecho a la presunción de inocencia y de los derechos relacionados al debido proceso (art. 8 Convención); del derecho al honor y la reputación (art. 11.1 y 11.2 Convención), a un recurso legal efectivo (art. 25 Convención); y a la integridad física y mental de las personas (art. 5 Convención)".