Política

Narcoterrorismo

noviembre 11, 2019

El verano del año pasado se estrenó la película Sicario: Día del soldado, cuya trama surge de un atentado terrorista perpetrado por islamistas radicales que llegan a territorio estadounidense gracias a coyotes mexicanos. El hecho motiva al gobierno estadounidense a incluir a los carteles de la droga dentro de su lista de organizaciones terroristas, reclasificación con la cual se pretende expandir las capacidades legales de diversas instituciones de ese país para combatirlos. A partir de esa decisión se planea una operación militar encubierta en territorio mexicano con el objetivo de crear una guerra entre organizaciones criminales rivales. En última instancia, el operativo se descarrila cuando las fuerzas especiales gringas terminan en una refriega contra policías mexicanos coludidos con el crimen, creando una crisis diplomática entre ambos países.

El filme es criticable en tanto juega con dos de los miedos perennes en la doctrina militarista estadounidense de principios de este siglo –el terrorismo y el narcotráfico–, y los coloca como aliados, creando así a un monstruo aún más temeroso y que, por tanto, demanda capacidades expandidas del Estado para hacerles frente; es decir, el estado de excepción permanente. Con todo, para México es ilustrativo puesto nos da una idea de cómo amplios sectores en el vecino país conciben al nuestro y a la región fronteriza que compartimos, a saber, como un teatro más de la guerra perpetua que Estados Unidos está librando, explícita o implícitamente, con el pretendido objetivo de garantizar su seguridad nacional. En esta operación discursiva, terroristas, inmigrantes no autorizados y narcotraficantes son términos intercambiables en tanto amenazas a la población estadounidense.

Lo traigo a cuento a propósito de la discusión que, en ambos lados de la frontera, se ha dado a partir de la masacre de mujeres y niños de la familia LeBarón en días pasados. Puesto que los asesinados cuentan también con la nacionalidad estadounidense, Donald Trump ofreció a su contraparte mexicana a las fuerzas armadas estadounidenses para "desaparecer a los cárteles de la faz de la tierra". En el mismo sentido, medios afines al Partido Republicano y legisladores de dicha fuerza política han pedido a su gobierno declarar formalmente a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas e incluso algunas voces han sugerido el despliegue unilateral de personal militar estadounidense para lidiar con la violencia al sur de la frontera.

Se trata, pues, de un nuevo empuje por reubicar la narrativa en cuestión como eje articulador de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Pensar, por un lado, en una amenaza de intervención militar estadounidense directa o, por otro, en una supuesta urgencia de refrendar mecanismos bilaterales de cooperación para la seguridad y el apuntalamiento del Estado de derecho en México (una Iniciativa Mérida 2.0 como sugiere, por ejemplo, Alejandro Hope) me parece igualmente ingenuo. En el primer caso, porque la guerra mexicana es un conflicto asimétrico en el que, de hecho, Estados Unidos participa activamente de diversas maneras –recuérdese la Operación Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF)– y por tanto resulta innecesario y hasta contraproducente pensar en una ofensiva directa. En el segundo, porque debería ser claro que el Estado de derecho en México es algo que tiene sin cuidado a nuestros vecinos, cuya seguridad estriba en un México contenido o contenible, pero no necesariamente de leyes.

Desde luego es políticamente inviable discutirlo abiertamente desde el gobierno mexicano, pero creo que este debe plantearse escenarios de acción a partir de la consideración de que Estados Unidos concibe a nuestro territorio como un espacio de batalla en una guerra permanente y omnipresente –la misma que están peleando en Afganistán, en Irák, en el norte de África y aún en sus propias calles–. Creo que todavía falta mucho para poder evaluar el impacto que la masacre de los LeBarón tendrá en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, pero no descarto pensar que será profundo. Las consecuencias de la última vez que se asesinó con tal saña a un ciudadano estadounidense en México –a Enrique Camarena en 1985– las seguimos padeciendo, no tanto por las acciones de Estados Unidos sino por haber internalizado la doctrina estadounidense para interpretar ese asesinato. No cometamos de nuevo el mismo error.