Política

Sinaloa

octubre 19, 2019

Más allá de que en efecto, hubiesen habido monumentales errores estratégicos en el operativo montado en Culiacán para dar cumplimiento a una orden de detención de Ovidio, hijo de El Chapo Guzmán, los hechos en los que un grupo paramilitar fuertemente armado le plantó cara a un reducido grupo de miembros de las fuerzas armadas representa una inflexión que a futuro deberá servir como punto de referencia para el Estado, en esta parte de su estrategia de contención y combate al crimen organizado.

Porque fue evidente la disparidad de elementos y capacidad de fuego entre el masivo grupo criminal y el pequeño de las fuerzas armadas que, de no darse esa negociación para liberar al vástago de Guzmán Loera, habría sido aniquilado, además que las bajas en la población civil se habrían elevado exponencialmente dada la manera en que suelen operar estas bandas criminales.

Otro fallo se dio también en la apreciación de la capacidad de fuego del grupo paramilitar que, además, peleó una batalla ventajosa pues estaban en su territorio, y notoriamente las fuerzas armadas al parecer no contaron con apoyo aéreo ni se bloquearon las comunicaciones en la zona del conflicto –algo que se evidenció con las transmisiones en vivo que hacían tanto ciudadanos como los propios sicarios–, situación que evidenció la falta de preparación del operativo.

También quedó como evidencia que el Cartel de Sinaloa sigue prácticamente intacto pese a la detención de El Chapo, pues como diversos investigadores sobre estos temas han dicho, en tanto no se le afecten sus estructuras financieras seguirán teniendo una gran capacidad para comprar armas y contratar sicarios, lo que lo convierte en un poderoso ejército privado. Pero también otro aspecto soterrado, perceptible si se le mira con cuidado, es el de la reacción desde diversos sectores sociales y políticos que ven en el gobierno de López Obrador a un enemigo ideológico, antagonista irreconciliable porque les está afectando sus ingentes beneficios económicos, y que se han encargado de echarle leña al fuego a la de por sí crítica situación de inseguridad del país.

Tampoco hay que perder de vista que este incidente se da en el contexto de un planteamiento distinto hecho por el actual gobierno. Es cierto que 10 meses no son suficientes para obtener logros inmediatos con todo y que la aplicación masiva de programas de bienestar, combinada con la lucha contra la corrupción y con el inicio del despliegue de la Guardia Nacional, no han dado los resultados perceptibles, ni al corto plazo que muchos esperaban.

En un contexto nacional también es de llamar la atención que en un mismo día haya tenido lugar una masacre de policías estatales que cayeron en una emboscada de grupos delictivos en el municipio de Aguililla, Michoacán, que un día después ocurriera un enfrentamiento en Iguala, Guerrero, en el que murieron 13 presuntos sicarios y un efectivo castrense, y que antier se hayan desatado en Culiacán, Sinaloa, fuertes combates entre grupos de hombres armados y efectivos policiales y militares.

La intensidad de los tres enfrentamientos y lo abultado del número de muertos de los dos primeros resultan muy inusuales como para tratarse de una mera coincidencia. En los tres casos los hechos parecen insólitamente favorables, para dar la razón a quienes se empeñan en sostener que el viraje de la Cuarta Transformación en materia de paz y seguridad pública está condenado al fracaso, y que la única solución es volver a las soluciones bélicas aplicadas por Felipe Calderón, en forma desembozada y continuadas con cierta hipocresía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para muchos, hay razones suficientes para volver a emplear el uso indiscriminado de la fuerza del Ejército. Para otros, las causas se encuentran en los coletazos del viejo régimen que se niega a desaparecer.