Política

Ceteris Paribus

octubre 17, 2019

*Reflexión sobre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

La pobreza es una realidad inaceptable para cualquier sociedad, pues vulnera las bases constitutivas de la vida humana y representa la pérdida del potencial de existir y actuar de las personas. En esta ocasión me permitiré dar algunos datos y una reflexión sucinta en torno a este tema en el marco del "Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza".

Veamos algunos datos. Según el Banco Mundial el número de personas que viven con menos de 2 dólares al día, en el 2015, totalizó 736 millones de personas. Si se analiza por regiones, África al sur del Sahara es en donde se concentra la mayor cantidad de personas en el mundo en situación de pobreza extrema con 413.3 millones. Le siguen la región de Asia Meridional (216.4), Asia Oriental y el Pacífico (47.2 millones), América Latina y el Caribe (25.9), Oriente Medio y Norte de África (18.6), y Europa y Asia Central (7.1).

Ahora que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que prevé un crecimiento económico mundial más débil para 2020, que será de 3.4% –la expansión más débil desde la crisis financiera de 2008– se complicará lograr el objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza en todas sus formas para el año 2030.

El Informe "Pobreza y la prosperidad compartida 2018" del Banco Mundial indica que alrededor del 10% de la población mundial vive con menos de 1.90 dólares al día; más de un 25% con menos de 3.2 dólares; y casi la mitad del mundo, el 46%, con menos de 5.50 dólares al día.

En el caso de México, el Coneval señala que en México se registraron 52.4 millones de personas (42% de la población total), de las cuales 9.3 millones estaban en condición de pobreza extrema. El mismo instituto señala que 20.4% de la población mexicana presenta carencia por acceso a la alimentación, lo que representa 25.5 millones de mexicanos.

Las entidades federativas con el mayor porcentaje de su población con pobreza extrema para 2018 fueron: Chiapas (29.7%), Guerrero (26.8%), Oaxaca (23.3%) y Veracruz (17.7%). Por su parte, los estados con el mayor porcentaje de su población con carencia por acceso a la alimentación fueron: Tabasco (46.8%), Guerrero (35.6%), Oaxaca (27.9%), Campeche (27.4%) y Veracruz (27%).

Más allá de estos números fríos, la realidad que se vive en nuestro país nos invita a repensar la política social, pues la pobreza no es una cuestión exclusivamente moral, sino económica; es, en sí, un freno al crecimiento económico. Ya en otro artículo señalé que no sólo el crecimiento económico posibilita reducir la pobreza, sino que también el combate a la pobreza y la desigualdad, estimula el crecimiento; es, pues, una relación bidireccional.

El Estado, con sus acciones y/o omisiones, puede promover una mayor equidad entre la sociedad, una equidad que no es igualdad, sino brindar las mismas oportunidades para todos.

Esto me lleva a reflexionar sobre los miles de millones de pesos que anualmente el país paga por el rescate bancario de 1994, así como la deuda interna y externa, deudas que muy poco favorecieron a las mayorías. Su resultado, sin embargo, se deja sentir, al tener un porcentaje del presupuesto comprometido en estos rubros, recursos que pudieron aplicarse en infraestructura y bienestar social.

Mientras que el rescate con fondos públicos a los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como las condonaciones fiscales –eufemísticamente llamada "fomento económico" –, privatizaciones amañadas, entre otros, crearon nuevos super ricos en el país, hoy México tiene más de 50 millones de pobres. Y sin embargo, las políticas de apoyo social que brinda el gobierno federal son duramente criticadas, llamadas asistencialistas, cuando debieran ser vistas como derechos.

En esto hay una gran miopía por parte de ciertos grupos que no ven (o no quieren hacerlo porque así les conviene) que las políticas de condonación de miles de millones de pesos que otorgaron los pasados gobiernos fue una transferencia del presupuesto público hacia la clase alta. Realmente hay que ser demasiado ingenuo o hay que estar mal de la cabeza para no darse cuenta que ello representó una confiscación de presupuesto para repartir entre la clase adinerada. Si eso no es un robo, entonces no sé cómo llamarle. El resultado: más desigualdad económica, más pobreza en el país.

Debo confesar que no sólo estoy de acuerdo con la medida de colocar a la corrupción como delito grave, de considerar como delincuencia organizada al delito de la defraudación fiscal, y de eliminar las condonaciones fiscales, sino que los considero elementos necesarios para fortalecer el Estado de Derecho. Para que un sistema fiscal se considere "justo", todos tenemos que contribuir, de acuerdo a nuestras posibilidades, al erario público. Favorecer a ciertos grupos y cargarle los impuestos sólo a un sector es crear más desigualdad. Un dato: hoy México, junto con Brasil, es el país latinoamericano con la mayor desigualdad. Las brechas entre ricos y pobres no sólo se han mantenido, sino que se han profundizado. En un informe de la Cepal titulado "Panorama Social de América Latina 2016", se revela que el 1% de las familias mexicanas acaparan más del 75% de la riqueza en este país.

Lo que más me sorprende es que estos grupos, que hoy se escandalizan de la recién aprobada "ley contra facturas falsas", quieran vendernos la idea de que dinero entregado a los ricos es "multiplicar" ese dinero, mientras que el dinero entregado a los pobres es "dilapidar", como si las extravagancias de la clase pudiente no fuera en sí un despilfarro de recursos, ello sin mencionar que es inmoral.

No sólo razones de índole moral justifican la intervención estatal a favor de los menos favorecidos, sino también económicas. Una limitante al crecimiento económico en nuestro país son los desequilibrios sociales. La pobreza puede llevar a estallidos sociales o incluso violencia sostenida que puede afectar el crecimiento económico (como sucede ahora). Asimismo, la frustración asociada a la pobreza puede llevar a comportamiento disfuncionales (crimen, alcoholismo, drogadicción, violencia) que además de entrampar a la población pobre también tienen altos costos económicos.

A la luz de los fracasos emanados de la política neoliberal, es urgente repensar las funciones del Estado y de las finanzas públicas, desde una perspectiva innovadora y de planeación de largo aliento, que reconstruya las capacidades públicas y de gobierno para responder a los grandes retos que está imponiendo la falta de crecimiento y que requiere de un nuevo andamiaje institucional que contribuya al logro de un equilibrio económico y social en el que los atributos y las funciones del Estado, el mercado y la sociedad, permitan el rescate de la economía en beneficio de todos los mexicanos y no sólo de unas cuantas familias.