Política

Arroja irregularidades la auditoría del Orfis en rescate de propiedades

octubre 16, 2019

La recuperación de la mayor parte de los bienes llevada a cabo por la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se hizo a través de convenios de donación entre julio y noviembre de 2016, es decir, cuando era apenas gobernador electo, pero no tomaba protesta como gobernador constitucional, por lo que se desconocen los términos de negociación. El 1 de diciembre, cuando fue nombrado gobernador, anunciaba la recuperación de mil 250 millones de pesos en bienes. La cifra al final de su gobierno llegaría a mil 522 millones de pesos de bienes recuperados a funcionarios duartistas y prestanombres.

Sin embargo, la auditoría de legalidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) realizada en 2018 a los llamados Fondos Originados por Bienes Recuperados (Fobire), revela que hay serias irregularidades en la recuperación de 15 propiedades con valor de 250 millones de pesos así como de 40 millones de pesos en efectivo, pues se desconoce el origen de los recursos. Así, aunque los bienes se recuperaron en 2016, no fue sino hasta junio y julio de 2018 cuando se hicieron acuerdos de donación y se inscribieron al Registro Público de la propiedad el estado.

Posteriormente, al instalar el Comité Ciudadano de Entrega-Recepción de la administración yunista, se informó que se recuperaron 25 bienes inmuebles con un valor de 617.5 millones de pesos, sin embargo, más de la mitad no ha podido acreditar su origen legal, y otros no forman parte del patrimonio del gobierno del estado.

El gobierno de Cuitláhuac García ha informado que desconoce la situación actual, o el destino, de un helicóptero y un avión con valor de 39.8 millones de pesos y que 16 obras de arte aseguradas con valor de 28.8 millones de pesos no pueden considerarse como recuperación, pues fueron abandonadas en una bodega. También se desconoce el estado legal de la confiscación de cuatro departamentos de lujo en la Torre Pelícano del puerto de Veracruz.

En su momento, el ex gobernador Yunes Linares informó que se recuperaron 798 millones de pesos de dinero en efectivo que fue entregado a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan): 39.8 millones de pesos en bienes muebles, 28.8 millones de pesos en obras de artes recuperadas y 37.8 millones de pesos en bienes en el extranjero. La auditoría revela, sin embargo, que el gobierno de Yunes incumplió el decreto emitido el 11 de enero del 2017 para la entrega de bienes recuperados. En éste se señala que los recursos excedentes de la recuperación de bienes deberían ingresarse a través de Sefiplan, y que se destinarían "a los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales que se consideren necesarios, preferentemente, a los relacionados con la reactivación del sector salud, mediante la adquisición de medicamentos, equipamiento e infraestructura". Un segundo punto de acuerdo era que deberían registrarse los recursos excedentes y publicar en la Gaceta Oficial del Estado los bienes. Un tercer punto de acuerdo era que se constituiría un Comité de Vigilancia para informar sobre la recuperación de bienes. Pero la administración yunista argumentó que como los bienes inmuebles no representan excedentes ( pues no son dinero líquido), no estaban obligados a cumplir con la reglamentación que ellos mismos impusieron. En marzo del 2019 se solicitó a la Contraloría General proporcionar los informes de aplicación de recursos , y la dependencia informó que no encontró documentación al respecto.

En total se determinaron 5 observaciones, de las cuales, 4 no fueron solventadas. La auditoría concluyó que no se proporcionaron datos suficientes para acreditar la legalidad de 40 millones de pesos en efectivo que se entregaron a cuentas del gobierno del estado en tres depósitos el 29 de diciembre del 2017. Al menos 17 de los 25 bienes muebles e inmuebles fueron obtenidos a través de donaciones, lo que no se ajusta a la normatividad aplicable para que puedan ser recursos excedentes.

Departamentos de la
Torre Pelícano

En cuanto a los cuatro departamentos de la Torre Pelícano que recuperó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en abril y en junio de 2018, el actual director general de Patrimonio del gobierno del estado, Belisario Reyes Herrera, informó a los auditores que están considerados en una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), y que tendrían un valor aproximado de 40 millones de pesos. Los tres departamentos recuperados inicialmente (en abril de 2018) estaban escriturados a nombre de Mónica Ghilhan Macías, prima de Karime Macías de Duarte. El cuarto departamento fue recuperado por la Fiscalía General del Estado en junio de ese año, y estaba a nombre de José Armando Rodríguez, concuño de Javier Duarte.

En este entonces, se dijo que los departamentos de lujo tenían un costo aproximado de 10 millones de pesos cada uno. Durante la tercera sesión del Comité Ciudadano de Entrega-Recepción que conformó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en sesión del 10 de octubre del 2018, se explicó que los departamentos estaban bajo la custodia del gobierno del estado. Sin embargo, actualmente se desconoce la custodia de esos bienes.

Ilegalidad en la donación
de bienes inmuebles

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) girara orden de aprehensión en contra de cuatro ex funcionarios de Sefiplan por recibir recursos en efectivo sin justificar su origen, el ex gobernador Yunes advirtió que habrá más denuncias en contra de ex funcionarios, ahora por extorsión, en el tema de la recuperación de bienes. Lo cierto es que la auditoría de legalidad al Fobire revela que los recursos recuperados no pueden justificar un origen legal. En su mayor parte fueron "donaciones" de personas físicas o morales a un donatario del gobierno del estado, sin especificar el motivo de la donación. En la auditoría se revela que cuatro lotes del fraccionamiento Residencial del Lago, con valor de 18 millones de pesos, fueron donados por una persona moral el 30 de noviembre del 2016 a un "gestor oficioso del gobierno del estado", sin especificar motivo. Cuatro lotes en el fraccionamiento Monte Magno en Xalapa, con valor de 2.1 millones de pesos, fueron donados el 30 de noviembre del 2016, bajo los mismos términos. De igual forma, cuatro lotes en el fraccionamiento Punta Tiburón en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, con valor de 16.7 millones de pesos, fueron donados el 30 de noviembre del 2016, bajo la misma figura, sin estar apegados al decreto del 11 de enero del 2017.

Estas ocho propiedades fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Veracruz entre junio y julio del 2018, apenas unos días antes de la elección a gobernador del 2018. El lote de terreno ubicado en la avenida Valentín Gómez Farías de la Colonia Flores Magón en Veracruz, compuesto por un edificio de tres niveles llamada Torre Alfa, con valor de 14.4 millones de pesos, fue donado por tres personas físicas y una persona moral. La donación se hizo a favor de Bernardo Segura Molina, entonces subsecretario de Finanzas y Administración, y hoy preso por ejercicio indebido de la función pública. El contrato de donación se hizo el 1 de junio del 2018 y el registro ante patrimonio estatal el 20 de junio del 2018. También se señala al inmueble conocido como Rancho La Cartuja, valuado en 125 millones de pesos, el cual era propiedad de familiares cercanos del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

El contrato de donación fue realizado el 27 de abril del 2018. Se menciona un lote de terreno en avenida Araucarias en Xalapa con valor estimado en 2 millones de pesos, el cual fue registrado a nombre del gobierno del estado el 19 de junio del 2018.

El contrato formal de donación se hizo el 1 de junio, es decir, 18 días después. En estas propiedades, los auditores no encontraron elementos que permitan conocer los motivos por los cuales las personas físicas y morales decidieron otorgar en donación los aludidos bienes inmuebles al gobierno del estado; tampoco se pudo identificar que los bienes inmuebles fueran obtenidos en carácter de "recuperación de bienes".

Se desconoce paradero de avión y helicóptero devueltos por Spinoso

En agosto del 2017, en conferencia de prensa, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que el ex diputado federal del PRI- PVEM, y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso Carrera, devolvió bienes al gobierno de Veracruz: en sí, se trataba de un helicóptero y un avión. También dijo que se comprometió a regresar otros recursos más, pero incumplió, por lo que la FGE elaboraba una carpeta de investigación en su contra. En conferencia de prensa celebrada en el área de Comunicación Social del palacio de gobierno, refirió que se entrevistó con Spinoso Carrera y grabó esta conversación con el propósito de entregarla a la PGR como evidencia.

"Entre los videos entregados se encuentra también una conversación con el diputado Edgar Spinoso, quien reconoce haber participado en este proceso y se comprometió en esa conversación a devolver los recursos que indebidamente se llevó de las arcas públicas de los veracruzanos. Cumplió parcialmente con este compromiso", dijo entonces.

Se supo que se trataba de un helicóptero Robinson 66 con valor comercial de 27.8 millones de pesos y un avión Lear Jet 45XR con valor de 11.6 millones de pesos, que fueron donados a través de Transportes Ejecutivos Piza, S de RL de CV. Yunes dijo en su momento que ambos estaban en el hangar del gobierno del estado.

Obras de arte "recuperadas" fueron halladas en bodega abandonada

Las obras de arte por 28.8 mdp no son bienes recuperados La auditoria del Orfis reveló que solicitó a la directora del Instituto Veracruzano de Cultura información con fecha 14 de junio del 2019, sobre el estatus de 14 obras de arte aseguradas. La investigación de los auditores señala que las obras están bajo resguardo de la Pinacoteca Diego Rivera y aunque fueron incautadas y están bajo la carpeta de investigación 61/2016 , no se demuestra que son parte de la recuperación de bienes, pues fueron abandonadas en una bodega, como señala una resolución judicial del 13 de abril del 2018.

Además, se determinó que a la fecha la FGE no ha determinado nada en concreto respecto a la custodia de los bienes a favor de ninguna dependencia del estado. Aunque la recuperación de obras de arte de artistas como Botero, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo o Leonora Carrington fueron anunciadas en julio del 2018, ex funcionarios de Sefiplan revelaron que no tuvieron conocimiento de ellas hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, el último día de gobierno de Yunes Linares. Durante la tercera sesión del comité ciudadano, dos meses antes de terminar su gobierno, Yunes reconoció: "Ha sido difícil llegar a un concesión del valor, hay algunas que no tienen certificado de autenticidad; es un tema complejo".

Las casas de Xóchitl Tress Rodríguez

El ex gobernador Yunes dijo que de los 25 bienes recuperados, sólo dos casas que pertenecían a la ex directora de Espacios Educativos, Xóchitl Tress Rodríguez , fueron recuperadas bajo un mandato judicial. Se trata de dos casas en el Fraccionamiento Costa de Oro, con valor comercial de cinco millones de pesos.

Cabe recordar que un juez autorizó canjear la pena de tres años de prisión que le había impuesto a la excolaboradora de Javier Duarte por una multa de aproximadamente 40 mil pesos, y le suspendió sus derechos políticos por los siguientes tres años.

Ademas, Tress Rodríguez aceptó entregar definitivamente sus bienes como reparación del daño, y colaborar con las autoridades de Veracruz y las federales en el caso por desvío de recursos y lavado de dinero en contra del exgobernador Javier Duarte.

Ex funcionarios se defienden: "No tenemos facultades para investigar origen de bienes"

Ante las observaciones de la auditoria, el ex secretario de finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, informó en diversos oficios que la Sefiplan no estaba facultada para investigar el origen de los bienes inmuebles que se ponen a disposición por los diferentes órganos gubernamentales, pues la obligación es ingresarlos al patrimonio del estado.

"Lo que realmente importa es que el erario del estado tuvo ingresos líquidos y materiales con los que no contaba dentro del presupuesto original del ejercicio fiscal", señaló.

Bienes recuperados en efectivo

El ex gobernador informó que con fecha 29 de noviembre del 2016 se habían recuperado 250 millones de pesos a través de un cheque entregado por por la PGR, que fueron depositados a cuentas del gobierno del estado. El 9 de enero de 2017 se hicieron dos depósitos más de cheques del banco Inbursa por 172 millones de pesos. El 16 de febrero del 2017, el gobierno del estado recibió dos transferencias más por 300 millones de pesos en efectivo.

Estos depósitos, que suman más de 722 millones de pesos, no fueron observados en la Auditoría de Legalidad del Orfis. Sin embargo, tres depósitos realizados el 29 de diciembre del 2017 desde banco Santander, por 40 millones de pesos, sí fueron observados al no acreditarse su origen.

De acuerdo a lo informado por el gobierno de Yunes Linares, de los 762.4 millones de pesos en efectivo recuperados, se destinaron 307 millones de pesos para la Secretaría de Salud (SS) y 489 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Habría quedado entonces un remanente de 390 mil pesos. La auditoría ha arrojado, sin embargo, que no se destinaron 307, sino 281 millones de pesos a la SS, es decir, 26 millones de pesos menos que los informados, y de los que no existe registro.

Rancho Las Mesas en Valle de Bravo no puede ser utilizado

El rancho de 92 hectáreas ubicado en Valle de Bravo fue confiscado por la entonces PGR en octubre de 2016. De acuerdo con la Procuraduría, el rancho fue adquirido y construido con recursos públicos desviados de las secretarías de Educación y de Salud mediante operaciones bancarias realizadas a través de empresas fantasma.

El rancho sería propiedad de Moisés Mansur en copropiedad con José Juan Jainero Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, identificados como prestanombres del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

En abril de este año, un tribunal federal frenó la posibilidad de que Moisés Mansur recuperara el rancho a través de un amparo federal. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó la suspensión definitiva a favor de Mansur, pero únicamente para que la FGR no disponga del inmueble, no lo enajene a un tercero o no lo remate. La resolución del colegiado, emitida el pasado 12 de abril, derivó del juicio de amparo en el que Mansur Cysneiros impugnó la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2018 dictada contra Javier Duarte de Ochoa, en la que se ordenó el decomiso de 33% del rancho Las Mesas. Se desconoce si la FGR ha recurrido esta decisión. Yunes informó que el gobierno del estado era dueño solo de 86 hectáreas del rancho valuadas en 139 millones de pesos.

Nadie sabe de los bienes en Woodlands

En junio del 2018, en una transmisión en vivo, el ex gobernador anunció la recuperación de una casa en el fraccionamiento Woodlands en Texas, propiedad del ex secretario de seguridad, Arturo Bermúdez. Más tarde explicaría que se los bienes confiscados eran un local comercial en Kuykendahl en Houston, Texas, con valor de 19.9 millones de pesos, y una casa habitación resort en Woodlands, con valor de 17.9 millones de pesos, lo que sumaría 37.8 millones de pesos.

En esa ocasión explicó que estaban escriturados a favor del gobierno y sólo faltaba levantar una inscripción del abogado Tony Buzbee, quien previamente había demandado judicialmente: "Le dimos la instrucción de que retirara la demanda para proceder con la inscripción de los bienes y escriturar a favor del gobierno, aunque los dos está en posesión nuestra". En ese entonces prometió que vendería las casas y que lo recaudado se destinaría a continuar la construcción del hospital de Nautla y de Perote, abandonados hacía años. Sin embargo, a la fecha se desconoce la ubicación o el estado de estas propiedades.